Diario de Navarra

Una residencia de estudiantes universitarios de Pamplona ha sido condenada a devolver 16.476 euros a trece internos por los meses del confinamiento por la covid-19 que les cobró en 2020. Según la sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Pamplona, se produjo un desequilibro en el hecho de “tener que pagar un precio por no recibir nada a cambio”, ya que los alumnos regresaron a sus domicilios tras el estado de alarma y la residencia “no iba a poder prestar sus servicios” aunque ellos se hubieran quedado. Además, el magistrado afirma que si la finalidad de vivir en una residencia “depende de manera esencial de la existencia del curso presencial” en la universidad, la desaparición de esta causa hace que el contrato firmado sea “ineficaz”. La sentencia es recurrible y ofrece un criterio contrario al de otro juzgado pamplonés, que hace unas semanas dio la razón a una residencia en u caso similar. En el pleito de la última sentencia, los alumnos habían demandado a una residencia que aloja a estudiantes de la UPNA y la Universidad de Navarra. Cuando se decretó el estado de alarma inicial, ellos se encontraban en sus domicilios y ya no regresaron a la residencia, a la que pagaban 775 euros al mes tras una fianza de 900. La siguiente vez que volvieron fue para recoger sus cosas. Por el camino, la residencia redujo la cuota mensual al 30% para el mes de abril, al 50% para mayo y un 100% para junio. El grupo de alumnos demandantes no renovó al curso siguiente y la residencia no les devolvió las fianzas. La sentencia expone que el primer estado de alarma permitía a la residencia seguir abierta y atender a las personas hospedadas. De hecho, la residencia no cerró y prestó servicio continuo y pleno a 26 estudiantes (cuenta con 305 plazas). Sin embargo, matiza el juez, si pudo prestar los servicios de alojamiento a estos 26 estudiantes “fue sencillamente porque todos los demás se fueron”. “De haber querido todos los residentes quedarse, la residencia no habría podido prestar la totalidad de los servicios ofertados ni todos ellos habrían podido usar sus instalaciones comunes, porque con tal abundancia de residentes no se habrían podido cumplir las exigencias sanitarias para evitar la propagación de la enfermedad”. Por otro lado, la sentencia destaca que los servicios que prestan las residencias universitarias “están ligados al devenir del curso académico”, de manera que si se cancelan las clases presenciales la presencia de los estudiantes en los respectivos campus no solo resulta innecesaria, sino inadmisible”. Y si los estudiantes no pueden asistir en persona a las actividades académicas, su presencia en la ciudad y en la residencia de estudiantes se vuelve “igualmente innecesaria”. Además, el fallo recoge que con la rebaja de las cuotas durante el confinamiento, la residencia “vino a reconocer que no le era posible cumplir las prestaciones”. NO PUDIERON USAR LA RESIDENCIA El magistrado cree que en este caso hay que aplicar la cláusula rebus sic stantibus (una cláusula que equilibra contratos para situaciones muy extraordinarias) porque algo tan impredecible y de la magnitud de la pandemia generó un desequilibrio entre las partes: se exigía una cuota por unos servicios que no se prestaban. Incluso con las cuotas rebajadas, argumenta el juez, se mantuvo ese desequilibrio. Y así como sería “absurdo” que los estudiantes demandaran a la residencia por los servicios no prestados, “tampoco puede esta exigir a los contratantes el pago de las cuotas mensuales del periodo en que no pudieron hacer uso de las instalaciones”, por lo que da la razón a los estudiantes, defendidos por el abogado Luis Miguel Arribas. Otra sentencia reciente falló al revés en Navarra El mismo conflicto, el de unos estudiantes universitarios y una residencia acerca del dinero que se cobró durante el confinamiento ha generado sentencias opuestas en Navarra. Si la semana pasada un juzgado dio la razón a trece estudiantes, hace poco otra consideró que una residencia no tenía que reembolsar cantidad alguna a un universitario que regresó a su domicilio el 11 de marzo tras pagar el último trimestre de curso. Según el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Pamplona, el estudiante tenía la opción de quedarse allí y no lo hizo, por lo que no puede hablarse de servicios “no prestados” sino que “no fue necesario prestar esos servicios dado que no los demandó al no encontrarse en Pamplona”. En su demanda, los padres del alumno argumentaban que la residencia les ofreció un bono para canjear al siguiente curso debido a la pandemia, lo que, a su juicio, implicaba un reconocimiento de deuda. La sentencia respondió que de ese bono no se puede deducir “de forma unívoca” un reconocimiento de deuda. “Puede deberse a propias políticas de empresa en el contexto de la crisis sanitaria provocada por la propagación de la covid-19, consiguiendo mantener la fidelidad de los clientes afectados, asumiendo parte de las consecuencias negativas”, argumentó la juez. En la sentencia de la semana pasada, por el contrario, el juez sí aprecia que el descuento ofrecido es una prueba de que no podía ofrecer todos los servicios. La sentencia que dio la razón a la residencia no vio probado un incumplimiento contractual. “El estudiante se marchó del alojamiento el 11 de marzo y ya no regresó al mismo por su propia voluntad”, escribía la jueza, que destacó que el alumno tuvo sus pertenencias en su habitación hasta el 25 de junio. Por lo tanto, si el estudiante no hizo uso de los servicios de la residencia “fue por su propia decisión”. Nuevamente, en este punto hay discrepancias con la sentencia que ha dado la razón a los estudiantes. En este caso, el juez entiende que debido a las limitaciones de la pandemia, si todos los estudiantes se hubieran quedado la residencia no habría podido darles servicios.

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Una residencia universitaria tendrá que devolver dinero por la covid-19

Ha sido condenada a reintegrar 16.476 euros a 13 estudiantes por los meses del confinamiento

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