La mayoría de los portavoces parlamentarios se han mostrado este lunes de acuerdo con la iniciativa adoptada por el Gobierno de Navarra para ayudar al sector de las "tragaperras" por el tiempo que por el cierre de locales de hostelería y de juego han estado sin operar.

Para compensar esta pérdida de ingresos el Ejecutivo plantea descontar de la tasa de 3.000 euros anuales que se abona por máquina la cantidad proporcional al tiempo de cierre.

En este sentido, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha subrayado que se trata de "mitigar de alguna forma el sufrimiento de algunos sectores" por lo que "creo que no es mala noticia, tiene su sentido", y ha añadido que son "cuestiones distintas" estas ayudas de la regulación del juego por los "problemas" que genera.

Por el PSN, Ramón Alzórriz, ha señalado que "hay que diferenciar la lucha contra el juego y la concienciación de que no es beneficioso, de las ayuda a los sectores que en la crisis han perdido dinero" y en ese caso han sido dos o tres meses sin funcionar y por eso se plantean unas "ayudas, no beneficios fiscales a un sector".

María Solana, de Geroa Bai, también ha apoyado la iniciativa del Gobierno porque "viene a aliviar una circunstancia padecida por distintos sectores" como consecuencia de la pandemia y se trata de "atender a unas pérdidas", "otra cosa es si debe haber o no" máquinas "tragaperras", aunque quienes quieren su prohibición "han tenido tiempo y todavía podrían tenerlo".

En EH Bildu es un tema que están estudiando, ha dicho Adolfo Araiz, que en todo caso ha considerado que "no dejar de ser llamativo" que una ponencia en el Parlamento sobre el juego intente limitar este tipo de instalaciones y "a la vez se pretenda condonar un impuesto".

Ainhoa Aznárez, de Podemos, ha dejado pendiente el punto de vista de su partido para cuando analice el decreto del Gobierno que ahora debe convalidar el Parlamento, aunque ha reconocido que las "tragaperras" han estado un tiempo sin operar y por lo tanto sin recaudar.

Para Marisa de Simón, de I-E, lo preocupante es la pérdida de ingresos sin medidas que lo palíen y sin que las ayudas se hayan vinculado al mantenimiento o generación de empleo cuando la Cámara de Comptos ya alertó de la necesidad de revisar los beneficios fiscales.