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El Parlamento de Navarra modifica la ley que hizo dimitir a Manu Ayerdi

Juan Luis Sánchez de Muniáin (NA+) ha considerado el cambio "una indecencia" y ha afirmado que PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E "quieren cambiar la ley al servicio de un interés particular"

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El Parlamento de Navarra modifica la ley que hizo dimitir a Manu Ayerdi
  • EFE. PAMPLONA
Actualizado el 29/04/2021 a las 13:18
El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves con el único voto en contra de Navarra Suma una modificación del artículo 68 de la ley foral del Gobierno, el que llevó a dimitir al consejero Manu Ayerdi al abrirse una causa contra él por los presuntos delitos de prevaricación y malversación en el caso Davalor.

El artículo vigente establece que cuando un cargo de libre designación "conozca de forma fehaciente que es investigado o figura judicial equivalente" por presuntos delitos de corrupción se entenderá su permanencia "incompatible con la confianza que se debe trasladar a la ciudadanía sobre la vigencia de los principios éticos y con la obligación de preservar el prestigio de las instituciones".

Y añade en un segundo apartado que "así lo entenderá también, en el caso de los altos cargos sujetos a nombramiento de libre designación, quien tenga la potestad de relevarlo”.

Para su modificación, los proponentes sostienen que la figura de investigado "se introdujo en el código penal como una figura que otorga derechos, en concreto el derecho de defensa", por lo que "no es equiparable" con la de imputado, y añaden además que el texto en vigor puede dar lugar a distintas interpretaciones sobre la obligatoriedad o voluntariedad del cese.

PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E pretenden por ello con la proposición de ley presentada conjuntamente, dicen, en un momento en el que la confianza ciudadana en la política está "dañada" y ello exige conductas éticas y ejemplares, una revisión de este artículo "para dotarlo de una mayor seguridad jurídica".

Se trata, indican, de "diferir sus efectos a un momento del proceso penal donde ya haya más indicios de un posible ilícito", dejando claro ese momento, los delitos y la obligatoriedad del cese.

Con este objetivo el nuevo texto precisa que la incompatibilidad con el cargo por presuntos delitos de corrupción se producirá "en el momento en el que se le notifique la apertura de juicio oral o la adopción de medida cautelar de prisión provisional" y en estos supuestos "la renuncia deberá presentarse ante quien le nombró de forma inmediata" o, de no ser así, quien le nombró "deberá cesarle en un plazo de tres días naturales”.

En defensa de la proposición de ley, la socialista Inmaculada Jurío ha pedido que no se centre la reforma en una persona y asegurado que "no se quiere eliminar la exigencia de transparencia y ética en la acción política de un Gobierno", sino que persigue "determinar con certeza y seguridad jurídica" el momento en el que un cargo debe dimitir o ser cesado por un delito de corrupción (contra la administración pública).

"Si no -ha advertido- se corre el riesgo de tener una legislación muy restrictiva que limite la capacidad de acción" de los altos cargos, lo que llevaría a "un gobierno de tecnócratas" o a "un gobierno supeditado al capricho político de la oposición" al "instrumentalizar la justicia" como, en su opinión, ha hecho UPN, algo "ruin y torticero".

Y ha puntualizado que lo hizo en el pasado con el Partido Socialista y ahora con Ayerdi, donde "han utilizado el sistema legal para una finalidad política", algo "totalmente contrario a la ética y al buen hacer que se exige a todo cargo" y que ha atribuido al hecho de que no asumen la pérdida del poder.

A favor de la modificación, Blanca Regúlez, de Geroa Bai, ha indicado que su coalición hubiera preferido esperar a la resolución del caso Davalor para abordar este asunto a fin de que no se les pudiera achacar un "interés partidista", aunque ha considerado la modificación de la ley es "muy necesaria" por la "incertidumbre" que ha generado y el "uso espurio" que de la misma ha hecho NA+.

Para EH Bildu, ha comentado Arantxa Izurdiaga, esta modificación "no obedece a ningún grupo de presión, ni obedece a ningún interés particular ni partidario", sino que, "manteniendo el espíritu original, el absoluto rechazo a las prácticas de corrupción", se quiere dar "una mayor seguridad jurídica para evitar diferentes interpretaciones".

Mikel Buil, de Podemos, ha recordado que las acusaciones de UPN contra Ayerdi no se han demostrado todavía y que en 16 ocasiones miembros de su partido hubieran tenido que dimitir con este artículo, por lo que ha defendido que se intente "evitar extender la mancha de la corrupción" de un lado y de otro que se quiera "banalizar la corrupción".

Aunque a favor de la reforma, con el nuevo artículo "se sigue vulnerando el principio de presunción de inocencia y por lo tanto puede seguir siendo utilizado por intereses espurios, por intereses políticos", ha advertido Marisa de Simón, portavoz de I-E.

Para Navarra Suma la verdadera razón del cambio normativo "es la dimisión" de Ayerdi porque "le han abierto causa penal" y por eso "quieren cambiar la ley al servicio de un interés particular", el de Ayerdi y el de otros altos cargos que han podido "colaborar" en la caso Davalor y podrían terminar como investigados.

Y esto, ha subrayado Juan Luis Sánchez de Muniáin, es "una indecencia", punto en el que ha rechazado la seguridad jurídica esgrimida para el cambio ya que el término investigado se introduce en el código penal en 2015 y la ley foral que ahora se reforma es de 2017, por lo que ha reprochado expresamente el apoyo del PSN y de María Chivite.
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