La inminente asunción de las competencias de sanidad penitenciaria es un asunto "positivo tanto para la población reclusa como para el conjunto de la sociedad" navarra, que además ahonda en su autogobierno y le permite avanzar en un modelo más integrador para los presos.

Así lo ha asegurado el consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos, en una comparecencia en el Parlamento en la que ha dado cuenta de la situación en la que se encuentra el trámite de esta transferencia, que debería ser efectiva el próximo 24 de mayo, según el acuerdo entre el Estado y Navarra.

"Es cierto que se ha dilatado más de lo que a mí personalmente me hubiera gustado, pero ha sido por causas ajenas a la voluntad del Gobierno de Navarra", ha señalado un consejero que ha considerado que con este paso "hay que felicitarse porque podemos demostrar nuestra capacidad de autogobierno, garantizar los derechos de la población reclusa y actuar de forma positiva para el conjunto de la sociedad".

"Las cosas se han hecho razonablemente bien", ha concedido para apuntar que el Gobierno tiene "clarísimas las prioridades", al tiempo que ha apuntado que la principal es "asumir una ejecución penal mucho más enfocada hacia una reinserción y un modelo más justo y humano".

Así, ha explicado que con esta nueva transferencia -que Navarra asume 20 años después de la última- se avanzará en un modelo en el que la población reclusa mantiene todos sus derechos básicos salvo aquellos de los que se ve expresamente limitada por la condena judicial, "y ninguna condena limita el derecho a la salud, aunque es obvio que la entrada en la cárcel supone una merma de ese derecho".

Por ello, se va a paliar integrando a la población reclusa en el mismo sistema que el resto de la población, el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

En cuanto a los trámites que restan, Santos ha avanzado que el 12 de mayo se reunirá la parte navarra de la Junta de Transferencias y que el traspaso se concretará en un Acuerdo de la Comisión Mixta de transferencias que adscribe funciones y medios personales y materiales a la Comunidad Foral de Navarra, acuerdo para el que existe el compromiso de que se produzca el 24 de mayo.

A día de hoy, a través del convenio económico, Navarra aporta al Estado el 1,6 % del gasto total de la sanidad penitenciaria en todo el Estado, pese a que su población reclusa no llega al 0,6 %, de forma que de las 55.180 personas presas en el Estado en diciembre de 2020, la cárcel de Pamplona acogía 282, por lo que queda "claro" que Navarra sale ganando económicamente asumiendo esta competencia.

Sin embargo, el consejero ha insistido en que "la negociación de las transferencias no es una negociación económica, es intentar dar un mejor servicio dedicando el mismo presupuesto", con programas y planes específicos que tengan en cuenta las necesidades específicas de la población reclusa.

Al respecto, Santos ha apuntado a las necesidades en salud mental, drogodependencias y atención especializada ambulatoria y hospitalaria, "aquello que hacíamos ya, incluso sin competencias transferidas".

También ha abogado por desarrollar una atención sanitaria con perspectiva de género que garantice la atención ginecológica regular y especializada con programas de promoción de la salud de las mujeres, atención a la salud sexual y reproductiva, prevención de cánceres específicos y otras enfermedades prevalentes.

Los medios para la higiene personal femenina, la promoción de la salud y salud comunitaria, la equiparación de la atención psicológica y psiquiátrica que recibe la población reclusa a la que recibe la población general, y la prevención de las drogodependencias, son algunos de los puntos por los que ha apostado y en los que ha asegurado que se trabajaba ya antes de tener las competencias.

"Nos queda un trabajo ingente", ya que este "no es el final de nada sino el principio de algo que queremos abordar con voluntad y con los medios y equipos" posibles, ha zanjado Santos, quien ha recibido la crítica de NA+ por "injusto" al atribuir a este gobierno la consecución de unos trámites que se iniciaron con UPN, argumento que PSN ha rechazado porque "ustedes no hicieron efectiva" la competencia.