Diario de Navarra

El Gobierno de Pedro Sánchez ha manifestado sus discrepancias en torno a uno de los acuerdos del pacto presupuestario entre el gabinete de María Chivite y EH Bildu. Ambos Ejecutivos han acordado iniciar negociaciones para resolver sus discrepancias, paso previo a un posible recurso ante el Tribunal Constitucional en caso de que no logren solventarlas. El Estado no está conforme con la disposición adicional 17ª de la ley foral de Presupuestos de Navarra para 2021, que recogía uno de los acuerdos entre el Gobierno foral y Bildu. Es el que recoge el compromiso del Ejecutivo navarro de realizar antes de final de junio un estudio sobre la cuantía de las pensiones navarras y su situación real, teniendo en cuenta los complementos que por la vía fiscal da la Comunidad foral a las que son más bajas. El gabinete de Chivite se compromete en este punto también a hacer una estimación de cuánto costaría equiparar con un complemento las pensiones más bajas al SMI, primero, y en una segunda fase, a 1.080 euros al mes. Todo lo relativo a las pensiones es una competencia del Estado. Pese a que esa disposición de la ley foral matiza en su redacción que ese estudio se realizará “sin perjuicio de la normativa estatal aplicable”, para el Gobierno central no ha sido suficiente y ha trasladado su desacuerdo. El 31 de marzo se reunió la Junta de Cooperación entre el Estado y Navarra, en la que están ambos ejecutivos, y acordó iniciar negociaciones para resolver esas discrepancias. Designarán a un grupo de trabajo que será el que proponga a la Junta de Cooperación “la solución que proceda”. La Junta trasladará este acuerdo al Tribunal Constitucional, ya que intentar esa negociación es un requisito legal en caso de que al final el Estado decida recurrir ante el Alto Tribunal esa disposición de la ley navarra. El Estado cuestiona varios cambios de la ley de Haciendas Locales Otra ley foral está siendo cuestionada por el Estado. Los gobiernos central y navarro han acordado iniciar negociaciones para solventar discrepancias en torno a 9 cambios introducidos en la Ley de Haciendas Locales de Navarra que han entrado en vigor en 2021. Si no hay acuerdo, el Estado puede recurrirlos ante el Tribunal Constitucional. El Parlamento, con la abstención de NA+, aprobó en diciembre modificaciones que, entre otros aspectos, afectaban al ámbito presupuestario y al control interno de las entidades locales, coincidiendo con la suspensión de las reglas fiscales. El fin era agilizar su gestión presupuestaria o regular que pudieran disponer con mayor facilidad de sus remanentes de tesorería, defendió el Gobierno foral. El Estado cuestiona la nueva regulación de las operaciones de crédito que pueden concertar las entidades locales y que esta norma pretendía actualizar. Discrepa de 6 de los 7 artículos que lo regulan ahora en la ley de Haciendas Locales de Navarra (son los artículos 125 al 131, y el único que no ha cuestionado es el 129). No está conforme con el punto (242 bis) que entre otros aspectos aborda la aplicación de la regla de gasto. No comparte la regulación planteada cuando una entidad local incumple al cierre del ejercicio el objetivo de estabilidad presupuestaria (art. 242 ter) y que regula que si ese incumplimiento se debe a que se han financiado gastos con remanente de tesorería, bastará una comunicación al pleno, en lugar de tener que hacer un plan económico-financiero. El Estado también discrepa de la regulación de las operaciones de crédito que de modo excepcional podrán concertar este año las entidades locales para afrontar deudas por sentencias judiciales o resoluciones del Tribunal Administrativo de Navarra. LA DISCREPANCIA Ley de Presupuestos de Navarra 2021 Qué cuestiona el Estado. La disposición adicional 17 de la Ley de Presupuestos de Navarra 2021. Era una de las exigencias de EH Bildu para apoyar los presupuestos, y se recogía en el acuerdo que esta coalición alcanzó con el Gobierno de María Chivite. Qué dice la disposición adicional 17: Lleva por título Estudio sobre la situación real de las cuantías de las pensiones en Navarra. Y señala: “El Gobierno de Navarra, sin perjuicio de la normativa estatal aplicable, en el plazo de seis meses realizará un estudio sobre la situación real de las cuantías de las pensiones en Navarra y los flujos de ingresos y gastos, teniendo en cuenta las vías de complementación fiscal ya habilitadas desde Navarra. Así mismo, se le encomienda realizar una estimación de la afección presupuestaria que tendría la complementación de las pensiones más bajas al SMI actual, en primera instancia, y a 1.080 euros en una segunda fase. En dicho estudio se valorarán las tendencias del actual sistema público de pensiones”.

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El Gobierno de Sánchez discrepa de un acuerdo entre Chivite y Bildu

Se incluyó en la ley de presupuestos de este año y exige un estudio sobre las pensiones más bajas y el coste de aumentarlas

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