A finales de marzo, en plena conmoción por la irrupción de un virus que había paralizado el mundo, el magistrado Carlos González González, decidió aprovechar el confinamiento obligado de la justicia para empezar a escribir su tercer libro. Lo que nació como una especie de guía de aplicación práctica sobre los nuevos ERTE-Covid, terminó convirtiéndose tras meses de estudio en una obra mucho más ambiciosa que se ha incluido en la colección de grandes tratados de la editorial Aranzadi. Una obra -ERTES y la transición a los despidos por necesidades empresariales. Consecuencias ante la crisis de la COVID-19- con la que este juez con más de 30 años de experiencia en la jurisdiccional social, ha querido poner su granito de arena en esta crisis y que le ha llevado a sufrir en carne propia el horror vivido en cientos y cientos de asesorías en aquellas semanas de marzo y abril para tratar de desentrañar la compleja y cambiante regulación. Bajo una dedicatoria para no olvidar, ‘A nuestros mayores que nos forjaron y alentaron, víctimas silenciosas de la primera gran pandemia del siglo XXI’, arroja luz sobre la compleja legislación que rodea a esa palabra de moda en el diccionario de la covid con “muchas bondades, pero también muchos problemas de aplicación”.

¿Han sido los ERTE una buena decisión?

Como escudo para evitar la destrucción de empleo, sin duda. La legislación tiene muchos bondades, pero también muchos problemas de aplicación.

Se legisló contra reloj.

El problema es que si en el primer real decreto ley podrían tener cierta justificación las deficiencias que luego se han visto, en los otros es más complicado aceptarlas. Es una legislación que es fragmentaria, que no dice cómo se debe actuar, ni cuáles son las consecuencias jurídicas de muchas de las medidas que se adoptan y eso ha creado mucha inseguridad jurídica.

¿Qué hubiera cambiado usted en la regulación de los ERTE Covid? ¿Mayor concreción, quizá, sobre el tema de los despidos?

Más bien sobre alguno de los clausulados que fijan unas determinadas exigencias pero no concretan las consecuencias jurídicas que se derivan de ello.

¿Por ejemplo?

La famosa ‘prohibición de despedir’, que no es exactamente así. Lo que dice el artículo es que esas causas covid-19 no pueden justificar extinciones o despidos, no que estén prohibidos y eso puede dar lugar a problemas de interpretación. En nuestro ordenamiento, si declaramos que no hay causa para el despido durante el periodo de pandemia, sería improcedente, no nulo, pero la norma no lo determina. Tampoco se fijaron en un primer momento las consecuencias de incumplir la cláusula de salvaguarda del empleo.

¿La obligación de mantener el empleo seis meses tras la reincorporación de un ERTE?

Efectivamente. Ahora se ha aclarado que hay que devolver las cuotas declaradas exentas, pero no se ha dicho cuáles, si las del trabajador que fuera despedido o la de todos lo que estaban en ERTE. Se ha dejado en manos de los jueces lo que debería ser una decisión legislativa.

¿Y qué están diciendo los jueces?

Depende de juzgados y tribunales. Algunos, como es mi caso, que el incumplimiento de la prohibición de despedir da lugar a la improcedencia, no a la nulidad. En otros territorios esos despidos sí son nulos y se han llegado a declarar como procedentes otros en los que había dudas de que se hubieran producido por causas covid. Eso crea inseguridad jurídica. No habrá doctrina antes de un año, cuando los asuntos lleguen al Tribunal Supremo.

Tras los ERTE, ¿se simplifican los despidos por causas económicas?

No. Con la norma en la mano, despedir se complica más. La idea es blindar el empleo.

Los juzgados son un termómetro para medir la crisis en función del número de despidos. ¿Cómo han arrancado el año?

A partir de enero está habiendo alguno más, aún nada significativo pero es un indicador teniendo en cuenta que estamos en periodo de blindaje. No deberían hacerse si son por causa covid o se admite que serán improcedentes. Nuestra sospecha es que no es el despido que vamos a ver cuando se levanten los ERTE. Si no se prorrogan, esos despidos nos deberían llegar en la segunda parte del año, pero ese escenario está condicionado a lo que pase con la legislación excepcional. También vemos la crisis por las nóminas impagadas y esos procedimientos sí se están incrementando y en mayor medida que los despidos. A parte del éxito de la legislación por el blindaje del empleo, en Navarra, el buen funcionamiento de la automoción y del sector agroalimentario han podido influir en que se hayan presentado menos despidos que en otras comunidades más dependientes del turismo.

Tampoco hubo muchas de impugnaciones de ERTE. ¿Por qué?

Gran parte fueron autorizados por la autoridad laboral y los trabajadores tampoco han impugnado. Hay que tener en cuenta que toda la legislación ha sido negociada.

¿Cómo debería hacerse esa transición de la que habla en su libro hacia los despidos por necesidades empresariales?

Es complicado. Desde el punto de vista jurídico se necesita seguridad y que la norma que se elabore sea clara en su redacción. Lo que ya está no se puede aclarar. Imagínese que se dice ahora que el despido sin causa justificada por que es causa covid es nulo. Se podría interpretar que antes no lo era.

¿Podrían las empresas esquivar con bajas voluntarias la prohibición de despedir?

La norma habla de extinciones o despidos decididos por la empresa. Entiendo que la baja voluntaria no entraría dentro de su aplicación.