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El 43% de solicitudes de alquiler de vivienda pública en 2020 corresponden a personas solas, muchas viven en habitaciones de pisos pateras, bajeras y coches, como Javier y Juan, pamploneses de  65 y 60 años

Abandonados en Pamplona: vivir en un coche durante la pandemia

El 43% de solicitudes de alquiler de vivienda pública en 2020 corresponden a personas solas, muchas viven en habitaciones de pisos pateras, bajeras y coches, como Javier y Juan, pamploneses de 65 y 60 años

07/03/2021 a las 06:00

"Lo más duro de vivir en un coche no es despertar por la mañana, en invierno, entumecido por la lluvia, el frío y la postura. Tampoco la dificultad de respirar en verano por el calor asfixiante. Ni siquiera comer un bocadillo cada noche frente al volante, disimulando para no ser reconocido. No es la falta de aseo, o no poder aislarse del mundo cuando a uno le apetece. Lo más duro de vivir en un coche, es comprobar que no importas, que te has convertido en un número más, en alguien invisible ante la sociedad, abandonado por los servicios sociales”.

Javier y Juan, de 65 y 60 años, sobreviven a la pandemia en sus coches, aparcados en algún lugar aislado de la comarca de Pamplona, la ciudad en la que nacieron. No se conocen, pero compartieron estas reflexiones a finales de febrero a las diez de la mañana, sentados a la mesa de uno de los locales de la Asociación Apoyo Mutuo (AM) en el barrio pamplonés de la Rochapea. Una despensa solidaria donde 290 familias afectadas por la hipoteca, unas 900 personas sin recursos, la mayoría niños y niñas, pueden acceder a unos pocos alimentos, algo de ropa y muchas conversaciones.

Cada semana, Javier y Juan acuden hasta este “hogar” y se abastecen de leche y latas de sardinas. Los dos viven un momento delicado, caminan por el alambre de la jubilación intentando avanzar. O así debería ser, porque hasta el día de la entrevista no han cobrado siquiera una ayuda vital. Y eso que Juan lleva más de un año en la calle. “Y cuesta mucho aguantar...”, susurran, con voz cansada. “Sobre todo, al caer la noche”. Aunque han llegado a esta situación por diferentes circunstancias personales y profesionales, hay un motivo, solo uno, que les ha empujado a buscar refugio dentro de un coche: “La brecha administrativa”, asienten, con timidez, a veces con vergüenza. Es curioso, ninguno muestra enfado, ni eleva el tono al expresarse.

Sus palabras, a veces conformistas, quedan arropadas este día de febrero por la presencia de la portavoz de Apoyo Mutuo, Tere González, quien aclara el contexto actual. “En plena pandemia, la brecha que se ha abierto entre las unidades de barrio y las personas sin recursos es cada vez mayor. Y este distanciamiento provoca que las personas más vulnerables queden abandonadas a su suerte. Las están arrojando a los márgenes”, manifiesta González. “Y estos márgenes somos nosotros, asociaciones como Apoyo Mutuo, donde mucha gente que llega lo hace desatendida por los servicios sociales de base”, denuncia. “No es normal lo que estamos viendo en la calle. ¿Por qué no tienen recursos los servicios sociales?, ¿por qué no se amplia el personal para atender a la gente?, ¿por qué se tarda tanto tiempo en dar cita o se les dice que se les va a llamar y se tarda una semana en llamarles?... Estas personas, gente sola y familias, están viviendo una situación de penuria aún mayor que antes de la covid”.

Javier y Juan ponen voz a esta realidad. “Pero hay otras muchas personas como ellos, seguramente sin un proyecto de futuro, abandonadas en estos márgenes de los que no saben salir por sí solos. Y el albergue no es la solución”, observa. “Es muy importante que el Gobierno de Navarra trabaje en este tema urgentemente, que valore la posibilidad de convertir las bajeras en viviendas individuales con recursos comunitarios, de manera que puedan acceder a ellas mayores de 40 años, que por su perfil lo tienen más complicado a la hora de conseguir puntos”.

“TÉRMINOS NUMÉRICOS”

El 15 de octubre de 2020, el Gobierno de Navarra informaba en rueda de prensa que había descendido la pobreza severa en la Comunidad foral. Ese día, la consejera de Derechos Sociales, Mª Carmen Maeztu, presentaba el cuarto informe anual sobre la pobreza y desigualdad. En realidad, era un documento elaborado con datos del año previo a la crisis de la covid-19, tal y como reconocía Maeztu, quien también resaltaba que Navarra era la comunidad con la distribución de rentas más igualitaria. Sin embargo, al superar el minuto de la presentación del informe, la consejera dijo: “En términos numéricos, esta reducción de pobreza severa supone pasar de 48.866 a 36.911 personas”. Y su explosión continuó.

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Pues bien, cuando Javier y Juan leyeron y escucharon “términos numéricos”, confiesan que se revolvieron inquietos. A Javier le sorprendió en su casa de Pamplona, a cuatro meses de ser desahuciado. A Juan en el interior de su coche, donde llevaba más de un año viviendo. Oía la radio. Se revolvieron, porque se descubrieron sin rostro frente al espejo de la estadística del olvido.

Aunque el ejecutivo central había aprobado la suspensión de los desahucios de alquiler de familias sin alternativa habitacional y del corte de suministros (luz, agua y gas) a la población vulnerable, Javier sabía que a partir de septiembre estas ejecuciones, tachadas de ilegales en marzo de 2013 por el Tribunal de Justicia Europeo, recuperarían la vieja normalidad con toda su firmeza, aprovechando la negrura de la pandemia.

Hace más de un mes, la Red de lucha contra la pobreza y la exclusión reclamó en el Parlamento de Navarra “un plan de choque” para paliar las consecuencias de la covid. Pedían que se “intensificaran” las medidas para el acceso a una vivienda digna a las personas vulnerables y sin hogar. Y también que se garantice una atención presencial en la administración y adecuar los medios al aumento de demanda del ingreso mínimo vital y Renta Garantizada.

Al leer esta nueva información, Javier volvió a sentirse incómodo, olvidado. Por este motivo, cansado de tantos “términos numéricos”, el 22 de febrero, doce días después de abrir las puertas de su vehículo y cargarlo de mantas y sábanas, ha decidido revelarse y contar públicamente que él también existe, al igual que otros muchos hombres, mujeres, niños y niñas, que sobreviven en Navarra en coches, bajeras y habitaciones en pisos pateras: 36.911 personas antes de la covid-19.

50 AÑOS COTIZADOS

Las entrevistas con Juan y Javier se llevan a cabo en Apoyo Mutuo. Como todas las semanas han acudido hasta aquí para aprovisionarse de latas y cartones de leche. Aunque Javier consigue tomar una comida caliente al día en casa de un amigo, donde aprovecha para asearse, prefiere no abusar de su hospitalidad y las cenas las hace frente al volante, casi siempre bocadillo, sufriendo diabetes.

El día de las entrevistas diluvia, Javier y Jesús, como el resto de solicitantes de alimentos y ropa, han llegado ateridos a la nave. Antes de hablar, acercan las manos al cristal de la estufa de pellet y agradecen un café caliente. Luego se sientan a la mesa. Tere González les acompaña. Se miran antes de conversar. Javier cumplirá 66 años el 24 de marzo y 50 cotizados. “Empecé a los 14 de botones en un hotel”, dice.

Al recordar cómo era su vida antes de la pandemia, sonríe, limpiando el vaho de las lentes. “Tenía unos ingresos buenos, de unos 1.600 euros al mes, estaba bien, pero llegó esta situación y me quedé sin nada”, relata. “No quería darme de baja de autónomo porque quería acogerme a las ayudas que empezaban a salir esos meses. Pagué marzo, abril, mayo y junio, pero como no tenía ahorros para poder pagar las cuotas fui acumulando deuda”. Los cierres de las sociedades y de las peñas le impactaron de lleno. “Solicitaba la Renta Garantizada y se me denegaba por la deuda contraída. Y, claro, como no se podía gestionar nada presencialmente, todo se complicaba. Sencillamente, me respondían que no cumplía los requisitos”.

Después del mes y medio confinado, Javier explica que se alimentaba gracias a los 250 euros que conseguía alquilando una de las habitaciones. Pero al estrés generado por la falta de ingresos se sumaba la diabetes que no lograba controlar sin medicación.

En junio volvió a demandar una ayuda vital, siempre por Internet, sin respuesta. “Al final me contestaron que si en septiembre no me decían nada, me hiciera la idea de que no iba a recibir nada”. Y, tal como presentía, el 1 de septiembre se la denegaron.

Así comenzaba su particular calvario por el desierto de la burocracia. “Todos estos meses me han tenido como un péndulo”. Javier llevaba desde marzo sin pagar el alquiler y “por emergencia”, señala, le solicitaron una ayuda de algo más de 570 euros, que recibió el 20 de agosto. “Pensaba que ya estaba todo solucionado, que podría pagar medicamentos, comer…”. Sin embargo, el 20 de septiembre no recibió el segundo ingreso. “Y me aconsejaron que fuese buscando una habitación. Esta era la solución, una habitación...”.

La fecha para su desahucio, prevista el 25 de noviembre, quedó pospuesta hasta el 10 de febrero. Los meses pasaban y veía que nadie evitaba el desahucio y su pensión se alejaba, nadie le citaba, y tampoco tenía derecho a una ayuda. Así que fue preparando el vehículo poco a poco. Un par de meses antes, sin embargo, le aconsejaron ir al SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal). Allí, Javier evidenció su situación. “Solo quería salvar mi jubilación”, le dijo a la mujer que le atendió. Automáticamente, la trabajadora descolgó el teléfono, hizo una llamada y, al colgar, le tranquilizó. “Me había gestionado una cita para el día siguiente a las nueve de la mañana”. Javier se emociona al recordar. Un 16 de diciembre, “había esperanza”, sonríe, pidiendo un descanso en la entrevista.

El jueves, 25 de febrero, meses después de tramitaciones “interminables”, de sentirse como un “péndulo”, Javier recibe la primera paga y con la que solo aspira a poder alquilar una habitación en un piso patera. O eso es lo que cree. Porque al sacar dinero, su cuenta estaba bloqueada.

“Hay un elemento que siempre influye en estas circunstancias”, continúa explicando la portavoz de Apoyo Mutuo. “A las personas vulnerables las hacen sentirse fracasadas, culpables de la situación que viven. Y Javier piensa que por tener una deuda no tiene unos derechos mínimos como un ingreso vital. Y lo peor de todo es que le están haciendo interiorizar que todo se debe a un fracaso personal, cuando lleva desde junio gestionándolo”.

SITUACIÓN DE LOS NIÑOS

De las 9.961 solicitudes que demandaron arrendamiento de vivienda protegida en 2020, el 43% correspondían a personas solas “que no tienen ninguna opción de solicitar un alquiler individual”, precisan desde la asociación. Según los datos de diciembre, 4.283 fueron de personas solas, 2.341 de familias monoparentales, 2.115 de parejas con hijos y 1.069 de parejas sin hijos.

“Si al contexto actual de pandemia, sumamos unos alquileres altísimos, la perdida de puestos de trabajos y que los fondos buitres y los bancos se han hecho con el control del mercado de las viviendas vacías, que continúan cerradas, las personas se están encontrando que para poder vivir en una habitación deben pagar hasta 400 euros al mes”.

Esta es la realidad, inmóvil, enquistada hasta hoy desde legislaturas pasadas.

-Pero, ¿cómo se puede ampliar el parque público de vivienda?

-Fabricando vivienda nueva, movilizando la vacía y comprando vivienda usada. Los propios bancos las han vendido por paquetes a precios económicos a los fondos de inversión. Y las gestoras solo esperan para poder obtener rentabilidad.

-¿Y la administración ?

-La administración pública no tiene suficiente conciencia del problema. Hemos pasado de denunciar hace dos años que las familias debían alquilar habitaciones en pisos patera para poder vivir, a tener que vivir en un coche. Y así es complicado frenar la pandemia. No sé cómo se va a entender en el futuro que las familias hayan tenido que sobrevivir a una pandemia hacinadas en habitaciones o en coches, existiendo viviendas vacías y cerradas. No hay que olvidar que en estos pisos pateras, la situación se complica aún más por las limitaciones de luz, gas y agua caliente.

-¿Cómo se encuentran estos niños en la situación actual?

-Para una familia con dos o tres hijos, vivir en habitación no es sencillo. Una balda de frigorífico, una cama para compartir entre todos sin importar las edades, una habitación que almacena todas las pertenencias familiares, turnos para la ducha, no hay intimidad, no hay sitio para jugar, hacer los deberes… En la habitación se desayuna, se come, se cena. El salón se ha convertido en otra habitación. Pagan sin contratos ni recibos entre 300 y 400 euros al mes. A veces no les dejan empadronarse y sufren porque ponen en riesgo su Renta Garantizada. Les obligan a abonar un suplemento para empadronarse en el domicilio. No tienen ninguna relación familiar, ni de cercanía. Y si la persona adulta sale a trabajar, las niñas y niños se quedan solos, expuestos a peligros. En un elevado número la familia es monoparental y muy probablemente la cabeza de familia sea mujer.

La tensión psicológica que se padece afecta a niños y adultos. “Vivir hacinados en una habitación con su madre o sus padres, donde tienen que descansar, jugar, comer, estudiar…, compartiendo piso con personas que no conocen, incrementa la dificultad que esos niños tienen para seguir el curso, y es además una amenaza para seguridad. La falta de vivienda en alquiler y la difícil acogida que tienen estos sectores de población, donde se les está discriminando por pobreza y racismo, nos encara a una difícil perspectiva para encontrar viviendas a estas familias”.

Tere González, portavoz de la asociación apoyo mutuo de pamplona: “En una situación de pandemia, ¿cómo se puede tardar tres meses en revisar una renta garantizada ?”

Miércoles de recogida de alimentos en Apoyo Mutuo. Se espera a unas 290 familias en distintos momentos del día para evitar largas filas

“En una situación de pandemia , ¿cómo se pude tardar tres meses en revisar una renta garantizada?”, se pregunta una y otra vez Tere González, al escuchar a las familias que acuden a por alimentos a la nave de Apoyo Mutuo . “Estas familias llevan tres meses sin cobrar y la mayoría tienen hijos. Se alimentan de lo que obtienen aquí o en otras asociaciones. Somos su último recurso”. En cualquier caso, la portavoz de Apoyo Mutuo es consciente de que son un recurso limitado. “Sabemos que lo que les entregamos es insuficiente. La leche, por ejemplo, seis litros al mes para una familia con tres niños... Nuestra ayuda es poca, pero saben que no se van a quedar abandonados. Saben que podrán venir aquí y llevarse algo de comida”. Alrededor de la conversación, los voluntarios de la asociación organizan la recogida de alimentos de esta semana en el parking exterior. Esperan a más de 200 familias, que acudirán a horas diferentes para evitar la concentración. En las cajas de cartón, ya preparadas, hay patatas, frutas y verduras frescas. “Muchas de estas personas han accedido a la Renta Garantizada, que es una ayuda que está muy bien, pero no deja de ser muy precaria. Porque cualquier gasto extra las desestabiliza. Una factura de luz o gas de diciembre desestabiliza. O una compra de cuadernos y libros para el colegio en septiembre”. Por cierto, añade, “que no se piense que la gente que acude a las asociaciones a por comida es la de fuera. La de aquí también lo hace”, aclara. “La situación es muy seria. Hay mucha gente que lleva tres meses sin cobrar nada de nada”.

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