El consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza, avanzó este miércoles la intención del Gobierno foral de instaurar los peajes para vehículos pesados en cinco vías de alta capacidad -A-1, A-10, A-15 A-68 y N-121-A- de “forma progresiva”. Las previsiones manejadas apuntan a implantar este modelo de pago a finales de año con el primer peaje. Ciriza no concretó su localización en una comparecencia parlamentaria, solicitada por Navarra Suma, para conocer el estado de tramitación de la composición de la sociedad pública, Nafarbide, que se encargará de la gestión de las cinco carreteras con peaje. La empresa se ubicará en un complejo de nueva construcción en Etxeberri, de Arakil, que albergará el Centro de Conservación de Carreteras de Irurtzun.

La exigencia de peajes para camiones, -rechazados por las asociaciones de transportistas de Anet y Tradisna y que pretenden reportar a las arcas forsales un ingreso de 45 millones de euros anuales destinados a mantenimiento de carreteras-, deja de ser una promesa para convertirse en proyecto en ciernes con las gestiones emprendidas por el Gobierno para disponer de una ley foral reguladora del canon de uso de carreteras. La idea es que esté incorporada este año al plan anual normativo con el cuadro de tarifas a pagar por los transportistas.

Cohesión Territorial se propone además licitar “en breve” el contrato de servicios para la realización de un estudio de viabilidad de los peajes. La empresa que resulte adjudicataria en una convocatoria, presupuestada en 350.000 euros (IVA excluido), se ocupará también de “la preparación de la documentación necesaria para la valoración por el organismo de la Comisión Europea competente del sistema de peaje, que se plantea en Navarra”.

El Gobierno foral precisa de su beneplácito al afectar a carreteras transeuropeas. Tal fue el proceso seguido por la Diputación de Guipúzcoa, obligada, por otro lado, a ajustar su modelo tras la anulación judicial por ser discriminatorio con transportistas de fuera de esta provincia.

La nueva sociedad

La nueva sociedad pública Nafarbide contará con un capital social será de 3.000 euros, dividido en tres participaciones sociales. Los miembros de su Consejo de Administración serán nombrados por la Junta General, la mitad de ellos previa propuesta del Gobierno de Navarra, y la otra mitad a instancias del Parlamento. Javier García (Navarra Suma) considera que se está planteando “un nuevo chiringuito”.