Caso Davalor
Chivite se enroca y mantiene a Ayerdi pese a que el Supremo investigará al consejero
El instructor del caso abre diligencias por las ayudas que dio a Davalor
Actualizado el 22/01/2021 a las 14:47
La presidenta María Chivite se enroca y mantiene en su gabinete al consejero Manu Ayerdi, a pesar de que el Tribunal Supremo confirmó ayer que investigará el caso Davalor. El Supremo dio a conocer el auto del magistrado Andrés Palomo del Arco, en el que acuerda abrir diligencias previas para llevar a cabo la investigación en la causa abierta al consejero de Desarrollo Económico del Gobierno, por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por el caso Davalor.
Tras la querella presentada por UPN, la justicia investiga si Ayerdi concedió de modo irregular a la empresa Davalor Salud S.L. seis préstamos por un importe total de 2,6 millones de euros entre los años 2015 a 2017, cuando formaba parte del gabinete de Uxue Barkos y como consejero presidía la sociedad pública Sodena.
A pesar de este nuevo paso dado en la causa judicial abierta, la presidenta María Chivite mantiene en su gabinete a Ayerdi, decisión que dio a conocer en una breve nota hecha pública a las ocho menos cuarto de la tarde. El Ejecutivo sostiene que “todavía” no ha adquirido la condición de “investigado”, lo que llevaría irremediablemente a su dimisión o destitución según la ley que regula el Gobierno de Navarra. Coinciden los abogados de Manu Ayerdi, que consideran que en este momento no debe dimitir, porque el auto se refiere a él como querellado, no como investigado.
Por el contrario, el portavoz de Navarra Suma y presidente de UPN, Javier Esparza, afirmó ayer que Ayerdi debe dejar el cargo “de forma inmediata”.
La decisión judicial
Tras la querella presentada por UPN contra Manu Ayerdi y registrada en el Supremo el pasado mes de junio, la Sala Segunda del Tribunal decidió en diciembre abrir una causa penal para investigar al consejero por el caso Davalor y nombró instructor al magistrado Andrés Palomo del Arco, que es el que ha acordado ahora en este auto abrir diligencias previas para la investigación de los hechos.
El instructor fija una fianza de 10.000 euros a UPN, autor de la querella, para que pueda ejercer la acción popular y le pide que aporte el poder especial que la ley exige al presentar la querella.
Además, resuelve que se dé traslado de la querella de UPN a Manu Ayerdi, y que se le comuniquen sus derechos en la causa abierta, para que pueda ejercer su derecho de defensa (como por ejemplo a ser informado de los hechos que se le atribuyen, a actuar en el proceso para ejercer su derecho de defensa, etc.).
Tarde de reuniones
La presidenta conoció el auto judicial cuando asistía a una comida con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que viajó a Pamplona para participar en unas jornadas en torno a la Semana Europea de Mediación. Desde primera hora de la tarde, la presidenta lideró una reunión, a la que al menos en un inicio no asistió el consejero Ayerdi, para asesorarse y determinar qué pasos iba a dar.
Hay que recordar que la ley del Gobierno de Navarra determina en su artículo 68 que un cargo público debe dimitir o ser destituido cuando conozca “de forma fehaciente” que un juzgado o tribunal ha adoptado un auto en el que establece su situación procesal de investigado por delitos que incluyen los que se recogen en la querella de UPN. Ese artículo legal se añadió la legislatura pasada, precisamente a iniciativa del Gobierno de Barkos, y fue aprobado por unanimidad.
Reacción del Gobierno
El Ejecutivo sostiene que todavía no hay motivo para aplicar ese artículo 68. Tras la intensa tarde de reuniones, hizo público este comunicado: “El Gobierno de Navarra se ratifica en su posición de señalar que Manu Ayerdi dejará de ser consejero si el Tribunal Supremo lo considera como investigado, condición todavía no adquirida al día de hoy, una vez conocido el Auto del Tribunal Supremo de 21/01/2021. La situación actual del consejero Ayerdi como querellado no implica la aplicación de lo previsto en el artículo 68 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidenta o Presidente, al no haber adquirido todavía la condición de investigado por parte del Tribunal Supremo”.
Sigue la agonía política
Es significativo que el Gobierno señale en su nota que el Supremo no considera a Ayerdi investigado “todavía”, avanzando que casi da por sentando que ese momento llegará, alargando así la agonía política de una situación que parece irremediable.
Manu Ayerdi Olaizola, exlíder del PNV en Navarra, forma parte del actual Gobierno de coalición PSN-Geroa Bai-Podemos por el grupo de Uxue Barkos.
Al ser aforado, el competente para enjuiciar su caso es el Tribunal Supremo. Sin embargo, en el momento en el que deje de ser consejero, por la investigación abierta, ya no será aforado y el asunto pasará a algún juzgado de instrucción de Pamplona.
Su puesto lo ocuparía entonces otra persona propuesta por su partido, el PNV, avalada además por la coalición Geroa Bai, y en última instancia, aceptada por la presidenta Chivite, que es quien nombra a sus consejeros.
Rifirrafe en el pleno porque NA+ le llama “consejero investigado”
Horas antes de que se conociera el auto del Tribunal Supremo, se produjo un rifirrafe en el pleno que celebró el Parlamento entre Geroa Bai y Navarra Suma por la situación del consejero Ayerdi.
La parlamentaria de Navarra Suma Elena Llorente se refirió en más de una ocasión a Ayerdi como el consejero “investigado”, cuando criticaba su gestión en la inversión en I+D.
La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, pidió la palabra para afirmar que la situación legal de Ayerdi no es ésa y reclamó a Llorente que retirase sus palabras del diario de sesiones y que, de no hacerlo, fuese el presidente de la Cámara, Unai Hualde (de Geroa Bai y líder del PNV) el que lo hiciese.
Mientras Barkos realizaba esa reclamación, el líder de NA+, Javier Esparza, protestaba desde su escaño, afirmando que la petición de la portavoz de Geroa Bai estaba fuera de lugar.
A continuación, el presidente del Parlamento, Hualde, preguntó a la parlamentaria de Navarra Suma si retiraba sus palabras sobre el consejero. Elena Llorente contestó que no y que “la afirmación que ha hecho la señora Barkos está fuera de lugar”.
