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Tribunales históricos navarros

De los tribunales del reino a la Audiencia Territorial

Ante el surgimiento del nuevo modelo constitucional, en los primeros años del siglo XIX trató de defenderse en Navarra la adecuación de las instituciones tradicionales al nuevo constitucionalismo

De los tribunales del reino a la Audiencia Territorial
Antigua sede del Consejo Real en la Plaza del Consejo.
Archivo
  • Mercedes Galán
Actualizada 08/01/2021 a las 12:00

Mientras Navarra mantuvo la condición de reino, contó con sus propios tribunales de justicia. A la cabeza, el Consejo Real, máximo tribunal de reino, que conocía de los principales procesos y de las apelaciones de las sentencias de la Corte Mayor, además de intervenir en cuestiones de gobierno; la Corte Mayor, que quedó como tribunal subordinado al Consejo y que conocía en primera instancia de asuntos civiles o penales, así como, en apelación, de sentencias de los alcaldes locales; y la Cámara de Comptos, encargada de los asuntos financieros del rey y del reino desde 1365, también con competencias judiciales en relación con esta materia, apelándose sus sentencias ante el Consejo Real.

Estos tres tribunales del reino vieron peligrar su subsistencia con motivo del nuevo modelo constitucional del siglo XIX.

La Constitución navarra

 

 

Navarra había entrado en el siglo XIX conservando la condición de reino, si bien a lo largo del siglo XVIII había tenido que defender esa condición en distintos momentos, destacando el de mayor riesgo en 1796, cuando bajo el gobierno de Godoy se dictó la Real Orden de supresión de fueros que, finalmente, no fue llevada a la práctica.

La primera Constitución española, la Constitución de Cádiz de 1812, reconocía en su Discurso preliminar la existencia del régimen navarro y describía las instituciones de una constitución navarra que seguía “viva y en ejercicio”. Sin embargo, de su articulado podía deducirse el fin de la condición de reino que mantenía Navarra, ya que se preveía la división de todo el territorio nacional en provincias, al frente de cada una de las cuales habría una Diputación provincial presidida por un jefe político.

Ante el surgimiento del nuevo modelo constitucional, en los primeros años del siglo XIX trató de defenderse en Navarra la adecuación de las instituciones tradicionales al nuevo constitucionalismo. De hecho, se conserva al menos un texto de 1808 que describe la peculiar constitución de Navarra, calificando la forma de gobierno en Navarra como una “monarquía modificada”, al encontrarse la soberanía del rey limitada en los tres ámbitos legislativo, ejecutivo y judicial, expresando que las condiciones o pactos limitadores de la soberanía regia “forman su constitución fundamental”.

A pesar de la invasión francesa, en la Consulta que se hizo al país en virtud del Decreto de 22 de mayo de 1809, que llevaría a la convocatoria de Cortes, se había criticado el sistema judicial del Antiguo Régimen por la arbitrariedad y falta de control de los jueces.

Entre las sugerencias que se hicieron, estaba superar la pluralidad de jurisdicciones con una administración de justicia uniforme. Sin duda, no contribuía a esta unidad la existencia de un reino con su propia administración de justicia, lo que iba a plantear claramente su modificación o adaptación en el momento en que se elaborase un nuevo texto constitucional.

Esquema judicial en la Constitución de Cádiz

 

 

La Constitución de 1812 introdujo una reforma radical en el sistema judicial. Determinaba el establecimiento de un Tribunal Supremo, de unas Audiencias cuyo número y territorio se determinaría al hacerse la correspondiente división del territorio español, y de unos Juzgados en partidos proporcionalmente iguales.

Además, establecía que ningún español sería privado de su derecho a acudir a jueces árbitros, y declaraba abolidos el tormento, el apremio, y la pena de confiscación de bienes. También preveía la elaboración de unos códigos unitarios para toda la nación. Aunque la justicia se administraría en nombre del rey, se trataba de asegurar la independencia del poder judicial al establecer que ni el rey ni las Cortes podían ejercer funciones judiciales, avocar causas pendientes, ni mandar abrir juicios concluidos. La reacción de las instituciones navarras en el primer tercio del siglo XIX fue la de adaptarse en todo momento a la legalidad vigente, ya fuese el nuevo sistema constitucional o el propio del Antiguo Régimen cuando éste se restauró. Por ejemplo, en 1809, Miguel Balanza y Carlos Amatria, miembros de la Diputación, formaron parte de la Junta Central de España y remitieron a la Diputación el oficio por el que se solicitaban navarros que pudieran ser diputados en las Cortes españolas que se proyectaba reunir. Otro miembro de la Diputación, Miguel Escudero, fue el primer jefe político en Navarra con el nuevo régimen.
Llama realmente la atención comprobar en la documentación la capacidad de adaptación de las instituciones navarras: en el caso de la Diputación, la tradicional Diputación del Reino se convertía en Diputación provincial en los periodos de establecimiento del nuevo régimen constitucional.

La primera Diputación provincial se constituyó el 1 de octubre de 1813, un mes antes de ser liberada Pamplona de la invasión francesa, y actuó hasta el 16 de mayo de 1814. A ella se dirigieron los diputados navarros en Cortes, en abril de 1814, expresando lo infructuoso de sus esfuerzos para que se socorriese a Navarra con objeto de evitar su ruina, convencidos que se debía a la falta de recursos, aunque consideraban también que con “la venida del Monarca (…) es natural que las cosas tomen otro aspecto más favorable”.

Por lo que se refiere a la administración de justicia, en ese mismo intervalo de tiempo cesó en sus funciones la Cámara de Comptos y se estableció provisionalmente la primera Audiencia Territorial de Pamplona. El jefe político, Miguel Escudero, ordenó su creación el 8 de noviembre de 1813. La compondrían tres magistrados y un fiscal. La Audiencia se estableció en Pamplona el 18 de noviembre de 1813. Fueron designados ministros de ella dos de los siete miembros que componían la primera Diputación provincial (Carasusan y Martínez de Morentin), lo que pone de manifiesto la vinculación entre las dos nuevas instituciones.

Sin embargo, al regresar Fernando VII y restablecerse el Antiguo Régimen en mayo de 1814, también se restablecieron las instituciones navarras tradicionales. En la última acta de la primera Diputación provincial, del 16 de mayo de 1814, los diputados manifiestan que sólo habían realizado “lo inevitable”, buscando siempre el servicio del rey y del pueblo.

El 28 de mayo de 1814 se restablecieron la Diputación del Reino y las demás instituciones navarras conforme estaban en 1808. Ello suponía, en el ámbito de la administración de justicia, el restablecimiento del Consejo Real, la Corte Mayor y la Cámara de Comptos, y la supresión de la Audiencia Territorial.

Sin embargo, de nuevo quedaron suspendidas las instituciones tradicionales durante el Trienio Liberal (1820-23), al proclamarse la Constitución de 1812, publicada y jurada por las instituciones navarras el 11 de marzo de 1820. Se considera que las instituciones navarras aceptaban el nuevo régimen de forma racional y para salvaguardar la paz.

Mediante auto de 17 de marzo de 1820, el Consejo Real y la Corte Mayor fueron sustituidos por la Audiencia Territorial, creándose poco después los partidos judiciales. La nueva Audiencia se estableció el 8 de abril de 1820, aunque tres años después, la Junta Provisional ordenó constituir de nuevo el Consejo de Navarra y el Tribunal de la Real Corte.

A pesar de esta serie de intervalos entre las instituciones del antiguo y del nuevo régimen, en los Libros de Administración y Gobierno de los Tribunales se advierte cierta continuidad, al sucederse en un mismo libro los informes, bien de la Audiencia, bien de los tribunales tradicionales, en función de la fecha de que se trate. Algo similar sucedió con la Diputación: el 29 de mayo de 1820 se constituyó una nueva Diputación provincial, nuevamente sustituida por la Diputación del Reino el 25 de abril de 1823. Finalmente, tras la muerte de Fernando VII en 1833, acabaría por establecerse definitivamente el nuevo régimen constitucional.

Audiencia Territorial

 

 

En Navarra, las instituciones tradicionales se suprimieron definitivamente en 1836: por Real Decreto de 6 de marzo se suprimió la Cámara de Comptos; el 27 de agosto se estableció la nueva Audiencia Territorial, que sustituía al Consejo Real y la Corte Mayor; y el 6 de septiembre cesó la Diputación del Reino, sustituida por la nueva Diputación provincial que se instaló el 6 de octubre.

Sin embargo, el proceso de cambio comenzó en 1833. Es destacable un auto del Consejo Real, de 8 de octubre de 1833 (el 29 de septiembre había muerto Fernando VII), en el que ordenaba a los ayuntamientos y justicias de los pueblos vigilar para que las autoridades fuesen respetadas y las leyes obedecidas, con el fin de mantener la tranquilidad pública.

En 1835, el Consejo Real asumía el establecimiento del nuevo esquema judicial. Ese año dirigió diversas consultas al ministro de Gracia y Justicia, en las que manifestaba ser consciente de la necesidad de uniformidad en la administración de justicia. También exponía que debía darse preferencia a los magistrados del Consejo y de la Corte en el momento en que se transformasen en Real Audiencia.

Sin embargo, en una de estas consultas aclaraba que la Real Corte y la Cámara de Comptos eran tribunales inferiores respecto al Consejo Real, ya que sus fallos se apelaban ante el Consejo, mientras que de los fallos de éste no cabía recurso ante ningún otro tribunal. Por esta razón, los magistrados del Consejo Real eran de rango superior a los de la Corte Mayor. En el discurso de apertura del Consejo Real, pronunciado por el regente el 2 de enero de 1836, se denunciaban defectos en la administración de justicia y se manifestaba su adhesión a la reforma judicial.

El 6 de marzo de 1836, un Real Decreto suprimió la Cámara de Comptos y el 22 de abril el Gobierno ordenó la instalación de una Audiencia en lugar del Consejo Real. La Audiencia se instaló el 28 de abril, impulsada por el regente del Consejo, Modesto de Cortázar, aunque la oposición de la Diputación hizo que el virrey suspendiera la medida el 30 de abril. Una Real Orden de 28 de mayo ratificó la suspensión de la Audiencia.

Finalmente, el Consejo Real y la Corte Mayor fueron sustituidos por la Audiencia Territorial el 27 de agosto de 1836. En pleno proceso de transformación, el 24 de agosto, el virrey Cabrera, que había dado la orden de reorganizar los tribunales transformándolos en Audiencia, se dirigió al Consejo Real manifestando que su edad y enfermedad le impedían continuar en el ejercicio del cargo, encargándose del mando desde ese día el conde de Sarsfield.

El 26 de agosto, el conde de Sarsfield se dirigió al Consejo Real para indicar que la reorganización debía llevarse a cabo y darle cuenta de lo ejecutado. Al día siguiente, 27 de agosto, el tribunal se reunió en pleno y el secretario dio lectura a la Real Orden del Ministerio de Gracia y Justicia por la que se ordenaba proceder a la reorganización del tribunal. Se reunieron conjuntamente los magistrados del Consejo y de la Corte con el fiscal real.

El tribunal declaró instalada la Audiencia de Navarra y que la resolución adoptada se hiciese pública para el conocimiento y cumplimiento de los subalternos, así como para que, en adelante, la sustanciación de los juicios y lo que correspondiese a sus oficios se ajustase a lo establecido en la Constitución de 1812 y en las disposiciones que la desarrollaban en materia de administración de justicia.

La continuidad de las personas

 

 

Los mismos magistrados que componían el Consejo y la Corte pasaron a integrar la Audiencia Territorial y declararon haber quedado instalada la Audiencia de Navarra. Eran Pedro García del Valle, regente; los magistrados Fulgencio Barrera, Eduardo Elío, José de Churruca, Antonio Burbano, Anselmo Urra y Cereceda, Domingo Antonio Vega de Seoane, y Antero Echarri; y el fiscal Perfecto Gandarias. Era secretario Patricio Sarasa.

Entre las medidas adoptadas, se acordó comunicar la instalación de la Audiencia al Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia; al virrey-jefe político; a los ayuntamientos de Pamplona, Tudela, Tafalla, Lumbier, y Puente la Reina, con objeto de que, mientras no tomasen posesión los jueces de primera instancia, ejerciesen sus funciones los que pusieron interinamente; y a los Colegios de Abogados y de Escribanos.

No cabe duda de que el protagonista de la reorganización fue el Consejo Real de Navarra. Sin embargo, si sus magistrados siguieron siendo magistrados en la nueva Audiencia, lo tuvieron peor los subalternos. En el mejor de los casos, quedaron electos como personal de la nueva Audiencia, pero algunos quedaron como interinos o excedentes.

Los escribanos excedentes de la Corte Mayor (Lorente, Ochoa, Saralegui y Echarte) pasaron a ser, interinamente, escribanos del Juzgado de primera instancia de Pamplona. El secretario, Patricio Sarasa, actuó como secretario de la nueva Audiencia desde el 27 de agosto hasta el 2 de septiembre inclusive y quedó como escribano de Cámara, al designarse como secretario titular de la nueva Audiencia a Esteban Antonio García Herreros. Sin embargo, Sarasa actuó como suplente de éste.

Se determinó la renovación de los sellos, en los que figurarían las armas de España, y que la denominación sería “Audiencia territorial de Pamplona”. El regente García del Valle, denominado “Decano” desde el 29 de agosto, formó provisionalmente dos salas. También el 29 de agosto se eligió un nuevo “Agente Fiscal” que debía ser letrado. El cargo recayó en Pablo Ilarregui, abogado del Colegio de Pamplona, quedando Gandarias como “Fiscal de sello”.

El 30 de agosto, la Audiencia dispuso que hubiese dos o más “abogados de pobres”, que fueron elegidos por el Colegio de Abogados de Pamplona (Esteban Ozcariz y Vicente Lusarreta). Hubo algunas dificultades en la toma de posesión de los jueces de primera instancia, en particular en las merindades de Estella y Olite, por la guerra carlista.

Los jueces, como también los magistrados de la Audiencia, debían ser adeptos a la causa constitucional y se cuidaba especialmente este aspecto. Evidentemente, debían jurar la Constitución para poder tomar posesión del cargo. A la vista de la documentación, no cabe duda de que las instituciones navarras fueron contemporizantes con el orden legal establecido, ya fuese el Antiguo Régimen, o el nuevo régimen constitucional.

No cabe duda de que la mayoría de los titulares de cargos públicos fueron partidarios del régimen liberal o se avinieron a las nuevas circunstancias. Además, siempre velaron por la paz y el orden público, lo que también preocupó, particularmente en 1836, al Gobierno de la Nación.

Sin embargo, no deja de ser curioso advertir que quienes antes del establecimiento del régimen constitucional ocupaban los cargos más altos de gobierno en Navarra, con la llegada del nuevo régimen siguieron asumiendo las principales funciones político-administrativas. A la vista de los hechos, cabe plantearse varias posibilidades: su clara adhesión a la causa liberal, su interés por ejercer el poder o por al menos conservar un puesto, o el tratar de dar la mayor continuidad posible a las instituciones velando por la paz pública.

Queda clara la plena implicación de las instituciones navarras, particularmente del Consejo Real y, en menor medida, de la Diputación, en la aceptación y establecimiento del régimen constitucional, aunque es natural que hubiese voces discordantes. La Diputación trató de salvar en lo posible las instituciones del antiguo reino, si bien tuvo que rendirse ante la evidencia del establecimiento del sistema constitucional.

Aunque las instituciones tomasen mayoritariamente partido por el sistema liberal, no hay que olvidar que Pamplona estaba dominada por los liberales, que estas decisiones se tomaron en plena guerra carlista, y que también la causa carlista contó con un gran apoyo.

En todo caso, el año 1836 fue decisivo en la historia político-administrativa de las instituciones navarras, ya que se establecieron definitivamente la Diputación Provincial y la Audiencia Territorial, quedando extinguidas la Diputación del Reino, el Consejo Real, la Corte Mayor, y la Cámara de Comptos.

Mercedes Galán Lorda es catedrática de Historia del Derecho en la Universidad de Navarra

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