Unos 3.000 vehículos y alrededor de 12.000 personas han participado este domingo, 20 de diciembre por la mañana en la caravana para mostrar su oposición a la Ley Celaá, un nuevo marco legal para la educación que, según los manifestantes, provocará “una drástica reducción del pluralismo y del derecho a elegir de las familias”. Al contrario que en la anterior convocatoria del 22 de noviembre, en la que se concentraron unos 5.000 coches y 20.000 personas, esta vez los accesos al centro comercial de La Morea, designado punto de reunión para iniciar la marcha, no se han colapsado. En parte también por la mejor organización que, tras la experiencia anterior, ha facilitado el tránsito de vehículos y ha utilizado varios aparcamientos diferentes para evitar el embotellamiento.

El frío y la niebla tampoco han invitado a salir de casa para sumarse a la causa, pese a lo que el aparcamiento frente al híper Leclerc ha ido llenándose poco a poco con un lento y continuo goteo de coches que seguían las instrucciones de los voluntarios colocados en las rotondas cercanas. Algunos de ellos, con la mejor intención, iban entragando a los recién llegados a través de las ventanillas los globos, banderolas y carteles con los que decorar los vehículos, lo que ha provocado breves atascos justo antes de la explanada principal para desesperación de quienes tenían la responsabilidad de regular el tráfico y les ha obligado a dejarse la garganta para censurar estos comportamientos.

La mayoría de los participantes, familias con hijos en edad escolar principalmente, han aparcado primero sus coches para acercarse después a pie hasta las mesas en las se podía recoger el material reivindicativo de color naranja butano, que se ha convertido en símbolo de esta protesta. Estos preparativos, amenizados por la música que atronaba desde los altavoces dispuestos por la organización, se han prolongado más de una hora hasta que, hacia las 11,15 horas, Teresa Mòdol Betriu, presidenta de Concapa, y José Manuel López Ballero han hecho lectura al manifiesto antes de comenzar la ruta que ha conducido a la caravana por el centro de Pamplona.

SUBORDINACIÓN A LA PÚBLICA

Según los portavoces de la protesta, la Ley Celaá colocará a la enseñanza concertada en un “papel absolutamente subsidiario” respecto a la pública, al tiempo que la programación de la red de centros y la oferta de plazas escolares “se hará sin tener en cuenta lo que las familias solicitan y se escolarizará en función de las decisiones e intereses de las administraciones”. Los críticos contra la nueva regulación consideran además que la nueva regulación causará la “desaparición” tanto de los propios centros concertados como de la asignatura de la religión, la educación diferenciada por sexos o la especializada para alumnos con algún tipo de discapacidad.

Por todo ello, las familias han reclamado que los poderes públicos continúen facilitando la existencia de una red de centros con “proyectos educativos y pedagógicos propios” que se pueden elegir “libremente” dentro de una “sociedad española es diversa, democrática, tolerante y participativa”. Asimismo, han defendido que el modelo concertado “posibilita un modelo plural, heterogéneo e inclusivo” que no tiene que oponerse a una “educación pública plural y de calidad”, que también han reivindicado. En ese sentido, han abogado por una “pacífica y armónica convivencia” de todos los modelos en el que la Administración no imponga “la distribución del alumnado basada en la planificación arbitraria”.

También han recordado la obligación del Estado y las distintas administraciones de “financiar adecuadamente los centros educativos públicos y concertados para garantizar la gratuidad real de ambos” y cubrir “sus necesidades materiales y de recursos humanos en igualdad de condiciones”, en referencia a los trabajadores y profesionales de la concertada y de educación especial. “Se equivocan si creen que vamos a estar callados ante este atropello”, han defendido antes e asegurar que las familias recurrirán a “todos los foros y ámbitos internacionales, nacionales, autonómicos, políticos y jurídicos, para minimizar las consecuencias negativas” de la Ley Celaá.

1 Libertad de enseñanza. Familias, docentes y patronales de las redes pública y concertada denuncian los recortes contra la libertad de elección de centro. “Son nuestros hijos. Es nuestra democracia. Es el futuro de nuestro trabajo”, reivindicaban.

2 No más centros concertados. La nueva normativa no contempla la creación de más centros concertados ni la ampliación de unidades en los que ya están incorporados a la red de enseñanza.

3 Desaparecen los centros de educación especial. La ley Celaá apuesta por que, en la próxima década, los alumnos que asisten a centros de educación especial se integren en centros ordinarios, lo que critican las familias por no haber recursos.

4 Sin concierto para colegios que separan por sexo. Los colegios que separan a los alumnos por sexo (Irabia-Izaga y Miravalles-El Redín, en el caso de Navarra) dejarán de recibir ayuda del Gobierno y perderán el concierto. Serán centros privados.

5 La Religión, sin alternativa. La materia de Religión que, hasta ahora, es obligatoria en los centros de titularidad religiosa y otros concertados y optativa, en el caso de los públicos, dejará de tener una alternativa (ahora se llama Valores). Los profesores de Religión, las familias y los centros critican que, si la alternativa se sustituye por una hora de estudio, se le restará valor a la materia. Actualmente, el 60% de los alumnos cursan Religión.