Diario de Navarra

Hay un grupo de aproximadamente 1.000 familias en Navarra perceptoras de Renta Garantizada (RG) que adeudan dinero al Gobierno foral desde que se les reconoció el derecho a recibir el Ingreso Mínimo Vital (IMV), la renta mínima aprobada por el Ejecutivo central en mayo. Su situación es muestra de la complejidad que entraña hacer compatibles dos rentas, que son complementarias (la Renta Garantizada es la subsidiaria, la que complementa los ingresos hasta el mínimo establecido), pero gestionadas por dos administraciones distintas hasta que se complete el traspaso de la competencia a Navarra. Aunque todavía no hay una fecha clara, el Gobierno foral espera que eso pueda producirse a principios del año que viene. Pongamos un ejemplo ficticio para entender de qué modo estas familias han podido generar una deuda con la Administración navarra tomando como referencia una unidad familiar de tres miembros que vienen recibiendo 700 euros mensuales de RG, lejos del límite que les corresponde porque también tienen algún ingreso por trabajo. Desde el departamento de Derechos Sociales, que en mayo solicitó la autorización de todas las personas receptoras para hacer de oficio la solicitud del Ingreso Mínimo Vital de los que cumplieran los requisitos, se tramita la petición y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la acepta y la valora en 450 euros al mes. Pero lo hace, como está sucediendo, con meses de retraso. Esa familia, en el momento en el que se le concede el IMV, pongamos que es octubre, recibe de golpe todo el dinero atrasado, porque se le reconoce el derecho desde junio (450 euros x 5 meses). Si se le hubiera concedido el IMV en junio, desde ese mes lo que Derechos Sociales le hubiera abonado a esa familia serían los 250 euros complementarios para llegar a los 700 que tiene establecidos. Sin embargo, debido al retraso que acumula la tramitación del IMV, ya le ha pagado 700 euros cada uno de esos cinco meses. La diferencia es la cantidad que ahora el departamento tiene que recuperar. “No es que lo tengan que devolver, lo que hacemos es compensarlo con las cuantías siguientes, les dejamos de ingresar lo que corresponda hasta que saldan esa deuda, si es que se le puede llamar así”, explican desde Derechos Sociales, que también lamentan que esta cuestión no se haya podido solucionar entre administraciones, sin que afecte al beneficiario de las ayudas. “Planteamos hacer una compensación entre administraciones, pero no era viable. Habría que haber modificado la ley general de la Seguridad Social y también la de Renta Garantizada, así que esa vía la hemos descartado”, detallan. Las 1.000 familias que se han visto afectadas por esta situación, además de Renta Garantizada, eran todas perceptoras de otra ayuda, la prestación familiar por hijo a cargo, que depende de la Seguridad Social. “La prestación por hijo a cargo se reconvierte de oficio al IMV siempre que se cumplan los requisitos, así está previsto en la norma”. De hecho, si en Navarra se han reconocido hasta ahora 1.356 expedientes de IMV, 1.299 eran reconversiones de esta prestación por hijo a cargo. La Red de Lucha contra la Pobreza entiende que “estas disfunciones que está provocando la aplicación del IMV” están causando un perjuicio que no es baladí en personas con una economía muy precaria”. “Esto provocará que en su declaración de la Renta del próximo año aparezcan unos ingresos que no son reales, puesto que los tienen que devolver, pudiendo afectar a ayudas a vivienda que estén percibiendo disminuyéndolas en un porcentaje importante”, apuntan. Derechos Sociales también asume el perjuicio causado, pero lanza un mensaje de tranquilidad: lo que ha sucedido con estas 1.000 familias no va a volver a repetirse. “Hemos considerado que es mejor que el Ministerio no haga el reconocimiento del IMV a las familias perceptoras de RG para evitar que esto suceda, y así se lo hemos trasladado. Cuando nosotros asumamos la competencia, no tendremos que pagar esos atrasos, porque ya habrán estado incluidos en la nómina de Renta Garantizada que han venido recibiendo”. De este modo, las solicitudes de las 4.500 familias con RG que en mayo se vio que cumplían los requisitos del IMV están paralizadas, y las de las familias que se van incorporando al programa no se están gestionando. “La cobertura de las necesidades está dada a través de la Renta Garantizada, las familias perciben el mismo dinero. En nuestro caso, es casi más un problema contable entre las dos administraciones. Lo que queremos ahora es avanzar en el traspaso de la competencia”. UN TERCIO DEL TOTAL De las más de 12.000 familias que reciben la RG al mes en Navarra, no todas tienen derecho a recibir el IMV. “Cuando empezamos a trabajar este tema, allá por mayo, pudimos verificar que cumplían los requisitos unas 4.500”. ¿Por qué no todas? Porque los requisitos son diferentes, y la renta navarra tiene una cobertura mayor, tanto en cuantía económica como en intensidad. Por ejemplo, el IMV no ampara a las personas en situación irregular, exige que esa unidad familiar perceptora esté constituida hace un año como mínimo y para las personas solas que comparten piso con otras es “muy restrictivo”. ¿Y se puede dar el caso de que una familia reciba la ayuda estatal y no la navarra? “Se puede, si son familias que sí computan un año de residencia legal en España pero se han trasladado muy recientemente a Navarra”. En la práctica, eso se traduce “en casos muy muy puntuales”. “Prácticamente ninguno, porque en el caso de situación de exclusión social grave, estas familias pueden entrar en la RG por la vía de la excepcionalidad”.

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El difícil ajuste entre la Renta Garantizada y el Ingreso Mínimo Vital en Navarra

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