Los regantes del Canal de Navarra reclamarán vía judicial 1,3 millones

Los regantes del Canal de Navarra no han llevado a juicio a la sociedad pública INTIA y a la empresa concesionaria de la 1ª fase del Canal de Navarra, Aguacanal. El 6 de julio presentaron una demanda en los juzgados porque consideran que se les facturó demás en concepto de IVA y quieren recuperar ese dinero. En concreto, valoran una sobrefacturación de unos 1,3 millones en el conjunto de sectores de la primera fase, aunque de momento solo uno de los sectores protagoniza el pleito, por un importe de 190.000 euros. De tener el apoyo del juez, el resto de sector seguirá el mismo camino judicial hasta sumar los 1,3 millones. Este fue uno de los asuntos expuestos durante la asamblea general de la Comunidad General de Regantes del Canal de Navarra, celebrada ayer en Olite con medidas de seguridad. Según explicaron, los agricultores están obligados a asumir un 15% del coste de las obras de interés general de la zona regable. “A esas partidas del 15% se les ha añadido el IVA y nos lo cobraron como coste, cuando entendemos que no debería ser así”, indicaron. “Llevamos dos años de peticiones de reuniones a INTIA y a los departamentos e infinidad de intentos para hacerles ver que estábamos pagando algo que no nos correspondía y que al final hemos tenido que judicializar”. En la asamblea también se abordó el tema del pago de la tarifa anual que deben hacer a Canasa. En 2019 debían abonar cerca de dos millones en dos plazos, pero aún no han abonado 1,2 millones, el 20%, porque consideran que la sociedad pública Canasa (60% Estado y 40% Navarra) no ha cumplido con compromisos como entregarles el estudio de alternativas de la segunda fase del Canal de Navarra, sobre el que se decidirá si el agua a la Ribera se lleva con dos tuberías construidas al mismo tiempo o en varias fases, todas soterradas. Ayer, en la asamblea se mantuvieron firmes en su decisión y se dejó constancia de que aún no se ha establecido la cuota para 2020. Joaquín Puig, subdirector de la sociedad pública INTIA, encargada, entre otras funciones, de redactar proyectos de las zonas regables, afirmó que los trámites para relanzar el ramal del Ega, (está prácticamente sin iniciar cuando debería llevar dos años acabado) van por buen camino. “Creo que en tres meses se puede empezar a tener buenas noticias”. El consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza, no se pronunció al respecto, aunque se mostró positivo en cuanto al avance del ramal del Ega. Ciriza explicó que si hay que dar más información a los regantes “se les dará”. Y se confesó satisfecho con la próxima instalación de las tuberías principales del sector IV de Peralta, lo que supondrá un paso crucial para finalizar el ramal del Arga. “Canasa encadena pérdidas, los últimos resultados arrojan pérdidas por 9,9 millones” La directora de Canasa, Rosa Cobos, viajó desde Madrid para asistir a la asamblea de regantes. Trasladó el ánimo de Canasa en acordar con ellos la tarifa de 2020 En enero dimitió la presidenta de Canasa, Juana Lázaro. Enseguida se supo que su sucesor es Miguel González Suela, secretario para la Transición Ecológica, pero no está nombrado oficialmente. ¿Qué pasa ? Falta su nombramiento en una junta general que se organiza con la Dirección General de Patrimonio del Estado, uno de los accionistas mayoritarios de Canasa. Creo que la situación de la covid lo ha condicionado, pero el subsecretario para la Transición Ecológica ya está ejerciendo. De hecho, el pasado miércoles hubo una reunión de la Comisión Navarra -Estado y él asistió. Además, se le designó presidente de esa comisión. ¿Entonces ya es presidente de Canasa? No. No hay problema, pero falta la formalidad de Patrimonio. ¿Qué se abordó en la comisión Navarra- Estado? La comisión no se reunía desde 2012 y creímos que era el momento de reunirse. Había que designar nuevos miembros (presidente, secretario, etc) y había un problema con el convenio originario porque hay una ley, la 40/2015, que condiciona la vigencia de los convenios. Había un riesgo de que se diera por extinguido, pero las administraciones decidieron que se mantiene la vigencia del convenio Navarra- Estado hasta que se culmine la redacción final del proyecto de la alternativa que, finalmente, se elija para llevar agua a la Ribera. Se está pendiente de saber qué alternativa se elige para la Ribera, pero el Consejo de Administración de Canasa no se reúne. Se reunió el 26 de junio. Tuvimos que aprobar las cuentas anuales, algo obligatorio . Pero no hay decisión por el trazado: dos tuberías a la vez o separadas en el tiempo, una sola... Todavía, formalmente, no se ha tomado. ¿Serán dos tuberías a la vez como se oye en algunos foros? No puedo decir. ¿Y cómo están las cuentas? Los últimos resultados arrojan pérdidas de 9,9 millones de euros. Se están encadenando pérdidas año tras año. Estamos en ese entorno en los últimos años. La forma de sanearlas es poner más hectáreas en riego que aporten ingresos pero no se hace. Así es. También acordar una tarifa razonable con los regantes Pues ellos están dolidos con Canasa, porque querían un sistema tarifario para varios años y no hay manera de acordarlo. Y, además, no quieren pagar el 20% de la de 2019 hasta que se les entregue el estudio de alternativas. Hubo un compromiso de hacer una reunión de Canasa con ellos en enero. La marcha de Lázaro dejó en suspenso esa reunión. Pero a finales de junio tuvimos una reunión con ellos en Artajona y le presentamos el estudio de alternativas de la segunda fase, pero no se les ha entregado. ¿Qué planteamiento tiene Canasa para las tarifa de 2020? Es lo que tenemos que hablar. No pagaron en enero el 20% de 2019. Porque consideran que no se han cumplido los requisitos pactados con Lázaro. Materialmente, el estudio no se les ha entregado. ¿Qué problema hay? Hay algunos miembros del Consejo de Administración de Canasa que estiman que no hay que entregárselo. Yo no lo comparto.

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Demandan a INTIA y Aguacanal por un dinero pagado en concepto de un IVA que consideran no se les debió facturar. En la asamblea general se mantuvieron en no pagar a Canasa el 20% de la tarifa de 2019 si no se cumple un acuerdo

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