El Gobierno ha acordado en su sesión de este miércoles convocar una OPE de maestros en castellano con 108 plazas para cumplir así con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que anuló la convocatoria de las mismas plazas en euskera.

En cumplimiento de la sentencia, el Gobierno de Navarra ofertará ese mismo número de plazas de maestros en castellano en las especialidades que determine el Departamento de Educación.

El Ejecutivo foral considera, en aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que la ejecución de dicha sentencia no debe conllevar la perdida de la condición de funcionarios de los 108 maestros y maestras en euskera que obtuvieron plaza en la oferta pública de empleo de 2016, ya que de lo contrario “se causaría un perjuicio al interés público y a los derechos de las 108 personas que ya fueron nombradas funcionarias y que se han visto afectados por el fallo”.

No perderán sus plazas las y los 108 docentes en euskera

El Gobierno de Navarra cree que la pérdida de la condición de funcionarios “en nada beneficiaría al sistema pues las plazas convocadas en euskera en 2016 continúan siendo necesarias también hoy en euskera”.

Además, no beneficiaría a otros y otras aspirantes de la convocatoria, dado que las plazas fueron convocadas específicamente en euskera en las concretas especialidades afectadas y no existen participantes en las mismas en castellano que puedan resultar beneficiadas. 

El Ejecutivo foral destaca que las y los 108 docentes afectados desarrollaron el proceso selectivo demostrando su mérito y capacidad en condiciones de igualdad, habiéndose desarrollado la convocatoria con total normalidad, por lo que obtuvieron el ingreso en la Función Pública accediendo al Cuerpo de Maestros en Euskera del que forman parte.

El Gobierno de Navarra considera que no se les puede atribuir la causa de la anulación de la actuación administrativa y recuerda que hay jurisprudencia del Tribunal Supremo que preserva los derechos de las personas nombradas funcionarias.

Reunión con los representantes de los afectados

El pasado lunes el director general de Presidencia, Joseba Asiáin, y la directora general de Función Pública, Amaia Goñi, mantuvieron una reunión con los representantes legales de los 108 docentes afectados para trasladarles la decisión, fundamentándola y explicándola desde el punto de vista técnico-jurídico.

Asimismo, y continuando con la línea de actuación seguida por la Dirección General de Función Pública por la que ha contactado periódicamente con los propios afectados y afectadas para mantenerles puntualmente informadas de cuantas novedades se han ido produciendo y del estado de las actuaciones administrativas, el mismo día su directora general se puso en contacto con uno de los afectados que ha venido actuando en representación de todo el colectivo para ponerle al corriente de la resolución de la ejecución de la sentencia y del procedimiento a seguir.