El abogado y expresidente de Navarra Jaime Ignacio del Burgo ha solicitado a la jueza argentina María Servini la “inmediata revocación” de la imputación al exministro Rodolfo Martín Villa por ser “radical y absolutamente falsa la acusación de haber cometido crímenes de lesa humanidad”. En el escrito que ha enviado a la jueza, el exdiputado argumenta que fue testigo presencial de lo ocurrido en los Sanfermines de 1978, en los que murió de un disparo de la policía Germán Rodríguez. Servini instruye la llamada querella argentina sobre crímenes del franquismo.

Del Burgo sostiene que la querella se basa en “mentiras”. Sobre la situación política antes de los Sanfermines de 1978, afirma que España gozaba “de una democracia plena” y que Navarra “no era ninguna excepción”. Agrega que en el proceso constituyente, Martín Villa “jugó un papel esencial”. “En consecuencia, es una calumnia aberrante”, dice, acusarle de cometer “delitos contra la humanidad”, como si España fuese entonces “una dictadura fascista totalitaria”.

Recuerda que ese verano estaba presente la amenaza de ETA y que “todo el mundo sabía de antemano que los abertzales iban a tratar de politizar” las fiestas.

LOS SUCESOS DEL 8 DE JULIO

Del Burgo, que en 1978 era senador de UCD, mantiene que lo que cuentan los querellantes sobre lo que ocurrió aquel 8 de julio “está plagado de falsedades y es una manipulación inadmisible”.

En su relato de lo que vivió, y citando algunos testimonios de la época, señala que la decisión de que la llamada Policía Armada entrara en la plaza de toros la habría tomado el comandante de esta policía, y no el gobernador civil, que representaba al Gobierno central en el que Martín Villa era ministro del Interior.

Recuerda que UCD expresó ese día en un comunicado su condolencia por la muerte de Germán Rodríguez y su “repulsa” por la entrada en la Plaza de Toros de las fuerzas antidisturbios, con una actuación “inoportuna y desproporcionada”. Recuerda que el Gobierno de la Nación cesó al comandante responsable de la Policía Armada y al comisario jefe de Pamplona, y que el gobernador civil dimitió por asumir responsabilidades políticas.

Del Burgo dice que si en los últimos 40 años ha habido en España crímenes que se pudieran considerar de lesa humanidad, “estos han sido los de ETA”. Defiende que “sólo mediante una aplicación torticera y antijurídica” puede concluirse que los sucesos de los Sanfermines del 78 encajan en lo que se define como crímenes de lesa humanidad.

El abogado cuestiona el procedimiento seguido, imputando a Martín Villa sin haber llevado a cabo antes diligencias informativas para buscar la verdad, y en un juzgado a miles de kilómetros que está valorando lo que ocurrió en España hace 40 años, cuando además existe el Tribunal Internacional Penal. “Esto convierte a este procedimiento en una auténtica farsa”. Añade que Martín Villa, el “perjudicado por toda esta actuación ilegítima”, se ha prestado a declarar “porque no tiene nada que ocultar y porque es víctima de un linchamiento político, protagonizado por personas que fueron cómplices o jamás han rechazado la utilización del terrorismo” para “imponer sus pretensiones políticas”.