Un acuerdo entre el Gobierno central del Pedro Sánchez y el PNV, que en los últimos días tanto el Ejecutivo central como el foral de María Chivite han tratado de aminorar asegurando que era algo que ya estaba previsto desde hace un tiempo y que las negociaciones se han llevado entre gobiernos, va a hacer que para el próximo 31 de octubre la Comunidad foral (también el País Vasco) asuma la gestión del ingreso mínimo vital. Hasta dicha fecha, el Estado y Navarra deberán consensuar una encomienda de gestión para dar desde el principio cobertura a los ciudadanos navarros que cumplan los requisitos fijados para percibir el ingreso mínimo vital.

El traspaso de la gestión va a permitir a Navarra gastar menos en renta garantizada, la prestación propia que ya existía en la comunidad y para la que este año se presupuestaron 93,6 millones de euros, partida ampliada por el Parlamento con 5 millones más a instancias del Gobierno, que ha pedido otro millón del Fondo Social Extraordinario nacional. El ahorro que se prevé para las arcas forales se producirá porque la renta garantizada será complementaria del ingreso mínimo: el Estado aportará la cuantía del ingreso mínimo vital a los navarros que cumplan las condiciones y, si también cumplen las del acceso a la renta garantizada, el Gobierno foral complementará, en vez de abonar íntegra, la cuantía hasta la cantidad fijada ahora para la renta.

12.796 FAMILIAS PERCEPTORAS

El importe de la renta garantizada, que 12.796 familias recibieron en Navarra el pasado mes de abril, es la diferencia entre la cuantía establecida según el número de miembros de la unidad familiar y los ingresos mensuales de los que dispone la misma. La cuantía media que se percibe está situada en unos 690 euros. El ingreso mínimo vital se ha previsto de entre 462 euros y 1.015 euros, según los miembros del hogar y con una prima para las familias monoparentales.

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