En la insolvencia de Davalor, que llevó a su concurso de acreedores, hubo dolo (intención) o culpa de su administrador único. Es una de las conclusiones recogidas en las sentencia del juzgado de lo Mercantil número 1 de Pamplona del 26 de marzo de 2020. Por esta razón, el juez declara culpable el concurso de acreedores de Davalor, empresa dedicada a desarrollar tecnología para terapia visual. Además, considera que la empresa estaba en una situación de insolvencia en diciembre de 2015, por lo que tenía que haber solicitado el concurso de acreedores antes de esa fecha. En cambio, el concurso de acreedores se declaró el 3 de julio de 2018. “Antes de diciembre de 2015 la entidad tenía dificultades para hacer frente a sus obligaciones de pago, siendo insuficiente su garantía patrimonial”, recoge la sentencia. La sentencia fija esa fecha concreta pero matiza que la insolvencia se produce con anterioridad. Y añade: “Además, el administrador único de la concursada tenía conocimiento de la misma”.

A pesar de esta situación, la sociedad pública Sodena concedió ayudas de 2,6 millones de euros. El primer millón lo concedió en septiembre de 2015 y el resto a lo largo de 2016 y 2017.

El juez condena al administrador único, Juan José Marcos Muñoz, a pagar el déficit concursal hasta un límite de 3.491.832 euros. El déficit concursal es la diferencia entre el pasivo de la concursada (casi 20 millones de euros) y lo obtenido con la venta de los activos. Pero el posible comprador, el letón Panorama Holding, que se comprometió a adquirir la tecnología de Davalor, no ha hecho efectiva la compra, por lo que el administrador tendrá que pagar probablemente esos 3,4 millones de euros, que es la pérdida ocasionada, según el juez, por no haber declarado el concurso en diciembre de 2015.

La sentencia, que recoge las peticiones de la administración concursal y fiscalía, destaca que la situación de insolvencia se agravó por incumplir el deber de depositar las cuentas de 205, 2016 y 2017, y la ausencia de auditorías. El juez inhabilita a Juan José Marcos a administrar bienes ajenos durante cinco años.

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación en el plazo de 20 días a partir del levantamiento del estado de alarma.

Navarra Suma considera que la presidenta del Gobierno, María Chivite, tiene que cesar al consejero Manu Ayerdi, a quien en su día responsabilizó de las ayudas públicas concedidas a Davalor. Manu Ayerdi, hoy consejero de Desarrollo Económico y Empresarial con María Chivite, lo era entonces con Uxue Barkos. “El gerente de Davalor y Ayerdi cometieron actuaciones nefastas en septiembre de 2015 respecto a la administración de patrimonio ajeno. Ayerdi desoyó los acuerdos y criterios técnicos para ‘regalar’ un millón de euros del patrimonio público a una empresa insolvente”, explicó NA+ en un comunicado de prensa. “El PSN también denunció estas gravísimas actuaciones y señaló como responsable a Manu Ayerdi por su sospechosa y perjudicial actuación”, añadió Navarra Suma.