Diario de Navarra

La Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas del Gobierno foral está trabajando en la nueva propuesta de copago para la dependencia que quiere implementar en 2021. Lo que busca, según explicó Inés Francés, directora de la Agencia, es un modelo de tarifas públicas más “lógico” en centros residenciales y de día que esté ligado a la situación económica del usuario y no al nivel de dependencia, como ocurre con el actual sistema. Con la nueva propuesta, la administración abonaría un porcentaje fijo por plaza -aún por definir- y el usuario la parte del precio preestablecido que se corresponda con su capacidad económica y sin generar deuda. En la actualidad, un usuario con dependencia severa paga 1.460€ por plaza. Una aportación que realiza con independencia de su capacidad económica. Además, en el caso de disponer de recursos, por dicha plaza genera una deuda que la administración cobra tras el fallecimiento. La reformulación del copago para la dependencia fue uno de los temas que Francés trasladó el viernes en Condestable a las decenas de personas que acudieron a la charla-coloquio organizada por la Coordinadora Mayores Frente la Crisis en la que también participó Olga Sala López, trabajadora social. Durante su intervención, la directora de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas trató de dar respuesta a las demandas planteadas por la Coordinadora, que integran Amona, Anapen, Anapp, Asociación de Mayores Lacarra, Federación de Pensionistas de CC OO, Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT y Sasoia: desde recursos “suficientes”, hasta un aumento de plazas concertadas en residencias y centros de día, o la ampliación de ayudas para la contratación de cuidadores profesionales, pasando por la mejora del servicio de atención a domicilio, el seguimiento y control de los centros residenciales o el establecimiento de un convenio que regule condiciones laborales “justas y dignas” para los trabajadores de los centros y servicios que atienden a personas en situación de dependencia. Francés compartió con los presentes la realidad que les está tocando gestionar en una comunidad que cerró 2019 con 15.986 personas con reconocimiento de dependencia de los que el 15% son gran dependientes y donde el 85% tiene más de 60 años. ENTRE “TÓPICOS” Y “UTOPÍAS” “Soñar que la dependencia puede ser gratuita es un tópico”, dijo antes de admitir que la construcción de nuevas residencias públicas también es “una utopía”. “La capacidad del Gobierno para invertir en ladrillo es poca. Para el desarrollo de los servicios públicos necesitamos al sector privado y al sin ánimo de lucro”, defendió recordando a los presentes que hay seis nuevas residencias privadas proyectadas, las dos más avanzadas en Cizur Menor y Sarriguren. Un argumentó que fue cuestionado por uno de los presentes durante el turno de debate. “Si no se pueden hacer residencias públicas, tampoco colegios ni hospitales. Hay dinero para lo que queremos”, espetó después de que Francés hubiera asegurado que con los 8 millones de euros que cuesta una residencia de unas 80 plazas “tenemos para muchas más plazas concertadas”. El Gobierno que aspiraba a conseguir 3.000 plazas concertadas en residencias consiguió con el actual acuerdo marco 2.100 de las que ahora están ocupadas 1.980. En 2018, el coste estimado que la dependencia tuvo para la comunidad superó los 119 millones de euros, nueve más que en el ejercicio anterior, de los que el 12,5% fueron financiados por el Estado. Abogó Francés por abrir un debate para conocer qué debe primar la Administración: servicios o prestaciones y recordó el elevado número de prestaciones que existen en Navarra para cuidados en el entorno familiar (en 2019 fueron 8.805, el 63% de la totalidad de las personas que recibieron ese año algún tipo de prestación o servicio), una situación que contrasta con lo que se planteó en la ley de dependencia donde se estableció que la prestación tiene que ser algo residual. Finalizó aludiendo a los problemas de desarrollo de un sistema de dependencia, que debería ser “más flexible” para dar “respuestas individualizadas”, y reconociendo las dificultades que se están encontrando para encontrar personal con la formación exigida. “En el consejo interterritorial se establecieron unos criterios y los hemos de repensar”. Como opción, planteó que personas con menos formación puedan atender en domicilios con la supervisión de los servicios domiciliarios.

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