La parlamentaria de Navarra Suma Marta Álvarez ha pedido amparo a la presidenta María Chivite por la negativa de la consejera de Derechos Sociales a facilitar la información que se le solicita, por lo que además ha reiterado su petición de respuesta a 86 solicitudes de información no recibidas con la "falsa" excusa de que no dispone de los documentos o informes requeridos.

Álvarez recuerda que ya el año pasado solicitó amparo al presidente del Parlamento de Navarra “por vulneración de sus derechos como parlamentaria”, a la vista de que la consejera Carmen Maeztu "se negaba a responder a 86 peticiones de información, además de retrasar sin motivo aparente la respuesta de otras 6".

Y subraya que de hecho un informe de los servicios jurídicos de la Cámara concluye que la parlamentaria tiene derecho a acceder a toda la información existente, y que esa información debe existir en el departamento, al menos todas las peticiones referidas a acciones del Plan de Inclusión, lo que ocurre en 39 de las peticiones.

Además, para el resto, dice Álvarez, el informe "pone en duda que no exista en la mayoría de los casos la información, aunque no obre en un documento o informe, en cuyo caso debe ponerla a disposición de la parlamentaria mediante el acceso de ésta a dicha información directamente en las oficinas del departamento".

Y añade que el informe jurídico finaliza señalando que, "ante esa vulneración de derechos, la parlamentaria tiene la opción de continuar por la vía parlamentaria a través de distintas iniciativas o de acudir al Tribunal Constitucional o el Tribunal Superior de Justicia de Navarra vía recurso de amparo o recurso contencioso-administrativo".

De momento Marta Álvarez indica que ha decidido reiterar la petición de información, pedir amparo verbal a la presidenta del Gobierno y preguntar al vicepresidente primero en el próximo pleno sobre la política de transparencia que va a seguir el Gobierno, todo ello "como paso previo, en caso de no ser atendido su requerimiento, a la interposición de un recurso ante los tribunales.

"El Gobierno de Navarra no puede continuar con esa política oscurantista, que oculta datos que legalmente debe proporcionar a la ciudadanía, como ocurre con las declaraciones de patrimonio de los altos cargos, y que entorpece la labor de control que debe realizar la oposición”, concluye.