El tiempo para tramitar un expediente completo en materia de dependencia en Navarra es de 155 días, muy por debajo de la media nacional, situada en los 426 días. De hecho, la Comunidad foral es la cuarta región donde menos se tarda, por detrás de Ceuta y Melilla (120) y País Vasco (137), según los datos los datos estadísticos de Sisaad, a 30 de noviembre, recogidos por el Observatorio Estatal para la Dependencia.

Así se desprende de la nueva estadística del Sistema de Información del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD), que publica el IMSERSO y que ha difundido la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

A 30 de noviembre, en Navarra existían 896 casos pendientes de resolución, y 1.214 expedientes pendientes de valoración, es decir, un total de 2.110 casos a la espera de algún trámite.

Además, estos datos también muestran que el 6,1 por ciento de las personas que tienen derecho a esta atención a la dependencia se encuentras desatendidas, esperando por algún trámite que los mantiene en un limbo.

Por normativa, el plazo máximo para resolver un expediente se sitúa en seis meses (180 días) y solo hay cuatro territorios por debajo o cercanos a ese margen en sus promedios: las ciudades de Ceuta (70 días) y Melilla (170); el País Vasco (137); Navarra (155) y Castilla y León (191). En el otro extremo estarían Canarias (785 días); Extremadura (675); Andalucía (621) y Cataluña (576).

"Estos datos explican que, a pesar del incremento paulatino del número de atendidos de los últimos dos años, el ritmo sea claramente insuficiente para absorber la demanda de valoraciones y atenciones", apunta el informe.

El estudio también indica que, hasta noviembre de este año, se ha incrementado el número de personas en espera de valoración de grado de dependencia y en espera de atención mediante servicios o prestaciones hasta llegar a las 423.000 personas pendientes de algún trámite, más de la mitad de las cuáles son andaluzas (123.000) o catalanas (103.000).

En este sentido, la asociación ha apuntado que entre los motivos de estos retrasos se encuentran "los recortes en la financiación" y el "disparatado y proceloso entramado burocrático creado por las diferentes administraciones" que, "lejos de garantizar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, se convierte en una trampa mortal para el acceso al disfrute de prestaciones y servicios".

La asociación ha detallado que la mayoría de comunidades autónomas establecen dos procedimientos administrativos encadenados (resolución del grado de dependencia y resolución de prestación o servicio que disfrutará la persona). "Muchas veces, para cuando llegan tales resoluciones, la situación de la persona ha cambiado tanto que hay que volver a empezar revisando su grado o sus prestaciones", ha criticado.

31.000 FALLECIDOS SIN RECIBIR SERVICIOS O PRESTACIONES

Por otro lado, la asociación ha puesto de relieve que resulta "especialmente doloroso" que haya personas con derecho efectivo, es decir, con algún grado de dependencia reconocido, que fallecen antes de haber recibido servicios o prestaciones.

A este respecto, ha estimado que en 2019 "esta situación afectará a cerca de 31.000 personas (85 fallecimientos diarios de personas que no llegaron a tiempo de ejercer sus derechos)". "Hay que tener en cuenta que el 54% de personas solicitantes tiene más de 80 años", ha apuntado.

Además, ha alertado de que la demora en ofrecer servicios de apoyo para realizar las actividades de la vida diaria supone "gravísimos trastornos a las personas dependientes y genera importantísimas sobrecargas familiares, especialmente a las mujeres". En este sentido, ha apuntado que el 75% de las personas que prestan cuidados familiares son hijas, madres o parejas, según detalla.