El Pleno del Parlamento foral ha aprobado, con el apoyo de PSN y Geroa Bai, la abstención de Navarra Suma y el rechazo de EH Bildu, Podemos e I-E, el dictamen en relación al Proyecto de Ley Foral de modificación del Impuesto sobre el Patrimonio, que proyecta la exención de los bienes vinculados a una actividad empresarial.

La Ley Foral de Modificación del Impuesto Sobre el Patrimonio busca "corregir la desventaja de los contribuyentes navarros frente a los de régimen común o los de País Vasco, en lo relativo a los bienes y/o derechos afectos a actividades económicas, así como a la participación en entidades que cumplan determinados requisitos”.

La modificación consiste en eliminar la deducción parcial existente para dichos bienes, derechos y participaciones, declarándose así su exención.

Sin ningún apoyo adicional, las dos enmiendas planteadas por Navarra Suma en Comisión fueron desestimadas. Por un lado, planteaba elevar el mínimo exento desde los 550.000 hasta los 800.000 euros.

Por otro lado, defendía una mejora del escudo fiscal, de modo que la cuota íntegra conjunta de Patrimonio e IRPF “no pueda exceder el 60 % de la suma de la base imponible de este último”.

A tales efectos, Navarra Suma propugnaba que “no tener en cuenta la parte de la cuota que corresponda a elementos patrimoniales no susceptibles de producir los rendimientos gravados por el IRPF”. Y en el supuesto de que la suma de ambas cuotas superase el 60 %, “se reducirá la cuota de ese impuesto (IRPF) hasta alcanzar dicho límite, sin que tal reducción pueda exceder del 75 %”.

Tampoco prosperó la pretensión de EH Bildu de vaciar de contenido el proyecto, ya que sólo I-E apoyó su posición en torno a la “improcedencia de eliminar la tributación de buena parte de la riqueza que comporta el patrimonio de los sujetos pasivos beneficiados por esta Ley”.

En su defensa Ainhoa Unzu (PSN) ha defendido que la ley "protege a la empresa familiar de Navarra", la que "mejor y más empleo" genera en la Comunidad ha dicho para mostrar su satisfacción frente a la "lamentable estratega política de Navarra Suma, de la cual hoy se están retractando".

También para Uxue Barkos, de Geroa Bai, era "de todo punto imprevisible" la aprobación gracias a NA+, porque pese a compartir posiciones, se había convertido en "una pataleta" de la formación de derechas, si bien ha valorado que haya salido adelante.

Así, María Jesús Valdemoros (NA+) ha reconocido su rechazo al impuesto como "un tributo dañino en especial para empresas familiares", porque desincentiva la inversión, pero, frente a su propuesta rechazada en comisión, ha tildado el finalmente aprobado como "proyecto decepcionante e insuficiente para un marco fiscal que potencie la creación de empleo", entre otros objetivos.

Por EH Bildu, Adolfo Araiz ha reivindicado con ironía que quienes se oponen "tenemos la razón pero no tenemos votos" para rechazar una cuestión en la que ha criticado que "ha habido una cesión a unos determinados 'lobbys' como la CEN y la Cámara de Comercio".

Mikel Buil (Podemos), quien ha incidido en que "esto es un desacuerdo programático" y "sale por Navarra Suma", ha lamentado que con su aprobación "se perpetua una falacia" porque "este impuesto penaliza el patrimonio de la familia".

Marisa de Simón (IE) también se ha mostrado "radicalmente" en contra por entender que la medida beneficia a empresas de mucha más entidad que familiares bajo las que se ampara el argumento de sus defensores, por lo que su aprobación redunda "en la inequidad de las medidas fiscales que Navarra Suma propicia".