Diario de Navarra

España lleva ya meses con un Ejecutivo en funciones, en puertas de una nueva convocatoria electoral y la incertidumbre de si algún grupo conseguirá los apoyos necesarios para gobernar. Una situación que está afectando a distintos proyectos y negociaciones pendientes en Navarra. La situación política en España va a impedir la aprobación este año de los presupuestos del Estado para 2020, donde deben figurar las inversiones para seguir impulsando, por ejemplo, las obras del corredor ferroviario de alta velocidad. Además, está pendiente la negociación de nuevas transferencias, como la de Tráfico, y la actualización de la aportación de Navarra al Estado para el próximo quinquenio 2020-2024. Es cierto que la repercusión para Navarra no es la misma que sufren las comunidades del régimen común que no tienen autonomía fiscal y financiera y dependen mucho más de la política que marque el Gobierno central. Así, la comunidad de Madrid anunciaba que va a retrasar la aprobación de los presupuestos de 2020 ante la incertidumbre generada por la falta de un Ejecutivo en España y al no conocer la previsión de ingresos del próximo año. En Navarra el Gobierno foral trabaja para tener elaborado un proyecto de presupuestos para mediados de diciembre, de manera que la ley pueda aprobarse en enero. Siempre, claro, que encuentre los apoyos suficientes, ya que el Ejecutivo de PSN, Geroa Bai y Podemos está en minoría. En la confección de esos presupuestos sí influye la previsión de ingresos del Estado, pero no como para impedir que la Comunidad foral cuente con un proyecto. TAV | La ausencia de presupuestos en el Estado puede ralentizar la obra Las obras del corredor ferroviario de alta velocidad para pasajeros y mercancías que se están llevando a cabo en Navarra son competencia del Estado, en concreto del Ministerio de Fomento. Por ese motivo, la interinidad del Gobierno central y la falta de unos nuevos presupuestos para España pueden afectar al ritmo de los trabajos. Hay que recordar que después de tres años paralizadas, en agosto de 2018 se reanudaron las obras del corredor, en concreto en el tramo entre Peralta y Olite. Hasta ese momento, sólo se habían construido 14,7 km de Castejón a Villafranca. Los tramos que fueron adjudicados y están ya en obras se extienden desde Villafranca hasta Tafalla. Son unos 30 kilómetros en total. Del tramo entre Castejón y la Comarca de Pamplona, el llamado subtramo 0, el puente sobre el río Ebro que conectará el corredor por el sur, está en redacción por ADIF Alta Velocidad, empresa pública dependiente del Ministerio de Fomento y que está encargada de las obras. Un estudio debe definir la nueva red arterial ferroviaria en la Comarca de Pamplona, eliminando el bucle ferroviario y construyendo una nueva estación intermodal. Además, se adjudicó el estudio informativo sobre el trazado de Castejón a Zaragoza. LA UNIÓN CON LA 'Y VASCA' La conexión del corredor navarro por el norte con la Y vasca es uno de los proyectos pendientes más importantes del TAV. En estos momentos en Navarra es mayoritaria la posición política a favor de que esa conexión se haga a través de Ezkio. En la comunidad vecina, ya en junio estaban completados 112 de los 157 km de la Y vasca, el 70% de la obra, después de 13 años de obras. El consejero navarro que está al frente de las obras públicas, el titular del departamento de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza, ya avanzó que una vez se conforme el nuevo Gobierno de España solicitará una reunión con el ministro de Fomento para abordar la situación tanto del corredor ferroviario de alta velocidad como del Canal de Navarra. APOYO DEL 80% DE LA CÁMARA Los socialistas defendían en su programa electoral la firma de un nuevo convenio con el Estado para abordar las obras del TAV a su paso por la Comunidad. En el programa de legislatura pactado, figura el impulso a este corredor, algo que respaldan tanto PSN como Geroa Bai, pero también se detalla el rechazo de su socio de gobierno, Podemos, y del cuarto firmante del acuerdo, Izquierda-Ezkerra. No obstante, el TAV tiene el apoyo del 80% del Parlamento, ya que Navarra Suma (20 escaños), PSN (11) y Geroa Bai (9) cuentan con 40 de los 50 parlamentarios. TAV | La ausencia de presupuestos en el Estado puede ralentizar la obra Hace un año, el 31 de octubre de 2018, la entonces presidenta de Navarra, Uxue Barkos, y el presidente Pedro Sánchez acordaron el traspaso a Navarra de las competencias de Tráfico y seguridad vial. En la actualidad esas competencias están compartidas con la Guardia Civil. Sin embargo, como ha ocurrido ya en ocasiones pasadas, de momento las palabras se quedaron en eso y no se cumplieron los plazos que se anunciaron de reuniones y cierre de un principio de acuerdo. El Ejecutivo de Barkos reiteró su exigencia a Sánchez de que cumpliera su compromiso, mientras los socialistas insistían que así se hará, pero que los trámites no son sencillos. Uno de los socios de Geroa Bai, el PNV, a través de su diputado Aitor Esteban, reclamaba esta primavera al ministro Fernando Grande-Marlaska que la Guardia Civil deje de ejercer la competencia de Tráfico en Navarra. El pasado 12 de octubre, con motivo de la festividad de la patrona de la Guardia Civil, el delegado del Gobierno central, José Luis Arasti, reiteró el compromiso del ministro de que la Guardia Civil seguirá desempeñando en Navarra su labor como hasta ahora, “en las carreteras y fuera de ellas”. En ese contexto, el Ejecutivo de María Chivite ha anunciado que va a retomar las negociaciones con el Gobierno central. El consejero de Presidencia, el socialista Javier Remírez, avanzó que analizarán qué supone la asunción de Tráfico y concretarán el acuerdo de traspaso. Sus palabras apuntaron así a un posible cambio sobre lo diseñado por el anterior Gobierno de Uxue Barkos, que siempre ha sostenido que tenía todos los documentos ya trabajados. Uno de los aspectos relevantes de asumir esta competencia sería de índole económica, ya que Navarra recaudaría todas las multas, lo que supondría una importante fuente de ingresos. Según los últimos datos facilitados, las sanciones de tráfico suponen para el Estado alrededor de 12 millones de euros al año de recaudación. 2ª fase del Canal | Retraso en decidir la opción técnica Hace pasado trece meses desde que el Gobierno central y el Gobierno de Navarra deberían haber decidido cuál es la alternativa técnica más conveniente para llevar agua de Itoiz a la Ribera, desde Pitillas hasta Ablitas, en la denominada 2ª fase del Canal de Navarra. De haberse cumplido el plazo, el proyecto estaría ya redactado e, incluso, podría estar iniciada su tramitación de exposición pública, etc. Sin embargo, a día de hoy, no hay nada de eso. Ni nada palpable. La 2ª fase sigue en el aire. Y una de las principales razones es los cambios en el Gobierno central y en el Gobierno de Navarra, los dos titulares de la sociedad pública Canasa, que es la que tiene que tomar la decisión. Canasa gestiona la infraestructura y está participada en un 60% por el Estado y un 40% por Navarra. ESTUDIO DE LAS OPCIONES Corría el 14 de marzo de 2018 cuando Canasa adjudicó un estudio que analizase las diferentes opciones o alternativas técnicas para ejecutar la 2ª fase, que debía estar terminado a mediados de septiembre. Pero entonces, en esa fecha, no hubo reunión porque, tras la moción de censura a Rajoy, los representantes del Gobierno central en el Consejo de Administración de Canasa no se cambiaron hasta principios de enero de 2019. Finalmente, Canasa se reunió el 24 de enero para conocer el estudio de alternativas (una sola tubería, dos a la vez, dos con separación en la tiempo, etc.). Ambas Administraciones se dieron un tiempo para analizar las opciones. Todo parecía encarrilado, pero el Gobierno de Barkos, anunció el 21 de febrero que el estudio “no estaba bien”, que había “graves deficiencias”, como una coma que cambiaba el coste de una de las alternativas que, en realidad, nunca se barajó, como era construir una única tubería. Nuevo parón. Había que corregir el estudio, pero ya se intuía que no habría decisión cuando las elecciones autonómicas (26 de mayo) y generales (28 de abril) a la va la vuelta de la esquina. El pasado día 22 hubo reunión de Canasa y tomaron posesión en Canasa los nuevos representantes por Navarra (han salido Isabel Elizalde e Ignacio Gil y han entrado Bernardo Ciriza e Itziar Gómez, ya que Manu Ayerdi repite). Sin embargo, en dicha reunión, el estudio no estaba en el orden del día. Y, posiblemente, ni lo estará hasta que se despeje el panorama en el Gobierno de Madrid tras las elecciones del 10-N. Así que tal vez para primeros de 2020 haya algo de luz. Convenio Económico | Está pendiente la actualización La situación de interinidad del Gobierno central está retrasando la actualización del Convenio Económico entre el Estado y Navarra. Es una negociación que tienen que protagonizar ambos ejecutivos. Por una parte, deben acordar la aportación que debe realizar Navarra al Estado entre los años 2020 a 2024. La aportación líquida que se fije para 2020, el llamado año base, se irá actualizando los años siguientes con la fórmula pactada entre ambas administraciones. Hasta que no se logre un acuerdo, se irá prorrogando lo establecido para el quinquenio actual (2015-2019), y luego ambas administraciones harán cuentas y ajustarán lo abonado con el pacto al que lleguen. La aportación es el dinero que paga Navarra para el sostenimiento de las cargas generales del Estado. Incluye, entre otros gastos, el de las competencias no transferidas (Defensa, las Cortes, etc.); lo que da al fondo de compensación interterritorial para el gasto de las CC AA con rentas menores; o su contribución al pago de la deuda del Estado . El segundo objetivo de la futura negociación, según avanzó la consejera navarra de Economía y Hacienda, Elma Saiz, será actualizar el texto del Convenio, recogido en la ley de 1990. Los cambios que se pactarán serán principalmente de alcance tributario. Según explicó, pretenden delimitar mejor las competencias de ambas administraciones, teniendo en cuenta la evolución y situación actual del sistema tributario. Además, si culmina la futura negociación Navarra-Estado para transferir a la Comunidad foral las competencias de Tráfico y seguridad vial, eso afectará a la aportación. El quinquenio actual, el de 2015-2019 se acordó en diciembre de 2017. La cifra fijada para 2015, el año base, se fijó en 510 millones de euros. Para el quinquenio anterior, el de 2010 a 2014, la del año base fue de 485 millones. Sanidad penitenciaria | El Gobierno foral se da un año para negociarla Los socios del Gobierno de Navarra incluyeron en su acuerdo programático que en un año pactarán con el Estado nuevas transferencias para la Comunidad foral, en concreto, la asunción de las competencias de investigación científica y técnica y la de sanidad penitenciaria. El acuerdo puede retrasarse, ya que las negociaciones dependerán del futuro Ejecutivo central que salga de las urnas el 10 de noviembre. El consejero de Justicia, Eduardo Santos, ya avanzó en el Parlamento su intención de constituir un grupo de trabajo para abordar los diferentes aspectos de la transferencia de la sanidad penitenciaria. El objetivo que se marca es potenciar su integración en el Servicio Navarro de Salud y trabajar también en itinerarios de inserción laboral de personas presas.

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La interinidad del Gobierno central retrasa el impulso del TAV y el Canal

Está pendiente negociar la aportación de Navarra al Estado en los años 2020 a 2024

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