El pleno del Parlamento foral ha tomado en consideración por unanimidad una proposición de ley de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra para la modificación parcial de la Ley Electoral y de la Ley de Financiación de Partidos en lo referido al régimen de sanciones por exceder el límite de gastos electorales.

En su defensa de la propuesta, Pablo Azcona, de Geroa Bai, ha explicado que la ley establece un límite de gasto electoral para las agrupaciones de electores o partidos municipalistas de 0,11 euros por habitante si se presentan en una única circunscripción.

Un exceso del 10% en este "exiguo límite de gasto", ha comentado, conlleva una sanción mínima de 50.000 euros, lo que "carece de todo sentido", porque, por ejemplo, en una población de 1.000 habitantes el límite de gasto electoral es de solo 110 euros.

Esta situación, ha dicho, impide que muchas agrupaciones "se animen a presentarse y, sobre todo, que aquellas que se presenten tengan derecho a una campaña electoral mínima".

En 2015, ha expuesto, 57 agrupaciones excedieron en Navarra el límite de gasto y fueron sancionadas. Entre todas, sumaban un exceso de gasto de 56.000 euros, ha señalado Azcona, quien ha denunciado que estas multas son "una injusticia hacia ellas y hacia la propia democracia".

Azcona ha defendido cambiar la ley para evitar esta situación en el futuro y que no se ejecuten tampoco las sanciones ya impuestas a esas 57 agrupaciones.

La parlamentaria de Navarra Suma Yolanda Ibáñez ha estado de acuerdo en que "no es normal que alguien que tenga un límite tan escaso tenga que hacer frente a unas multas exageradas" y ha puesto el ejemplo de Lerín, en el que el límite de gasto se fija en 187 euros.

Sin embargo, ha censurado que se proponga "café con leche para todos", ya que "no es la misma campaña la que hay que realizar en una localidad de 17 habitantes que en una de 20.000". Navarra Suma, ha comentado, propone un límite de gasto de 2.500 euros para estos casos.

Virginia Magdaleno, del PSN, ha comentado que las agrupaciones de electores tienen "grandes diferencias con un partido político a nivel jurídico", lo que tiene para ellas "beneficios y desventajas".

En 2015, ha apuntado, el Tribunal de Cuentas impuso 500 expedientes sancionadores a nivel nacional, 57 de ellos en Navarra, pero rebajó las multas sustancialmente. Aunque no ha considerado negativo analizar en el Parlamento las repercusiones de estas sanciones, ha entendido que no es oportuno afrontar en este momento una revisión parcial de la Ley Electoral.

Por EH Bildu, Adolfo Araiz ha estimado que, para las agrupaciones de electores, "se produce una situación de desigualdad y hay que garantizar que no se produzcan estas sanciones absolutamente injustas".

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha respaldado la iniciativa, porque "es de justicia, equidad e igualdad de trato" y va en contra del desarrollo rural. A su juicio, se deberían promocionar y no sancionar las agrupaciones de electores.

Marisa de Simón, de I-E, también ha opinado que la legislación actual "está avalando una situación totalmente injusta" y ha declarado que las sanciones son "una absoluta barbaridad".