Hace seis meses, con el Parlamento ya disuelto y a poco más de un mes para que se celebraran las elecciones forales, Diario de Navarra publicó que el Gobierno del cuatripartito había recuperado vía Presupuestos -a través de una coletilla que había pasado desapercibida para casi todos- un complemento que premiaba con hasta un 25% del sueldo de nivel a los exaltos cargos del Ejecutivo que regresaran a su puesto de funcionario.

Según reconoció poco después la consejera María José Beaumont , dieciséis cargos del Gobierno del cuatripartito tendrían derecho a ese cobro si regresaban a su puesto, lo que supondría unos 100.000 euros anuales. Además, otros 22 exaltos cargos de los Gobiernos de UPN y PSN que habían regresado a su puesto de funcionario volverían a cobrar unos 120.000 euros al año por un complemento que en época de crisis se había reducido al 10% del sueldo de nivel y que desde 2019 se recuperó al 25%.

Ayer, seis meses después, y empujados por la contestación social que generó aquella decisión, los grupos del Parlamento apoyaron la propuesta de EH Bildu para impulsar una proposición de Ley que elimine este complemento. Solo Navarra Suma se abstuvo en la votación. Según Juan Luis Sánchez de Muniáin, no apoyaron la iniciativa por considerarla “una farsa. La tesis del regionalista es que si no se hubiera descubierto “el tema” el gobierno de Barkos habría logrado al final de legislatura “sin transparencia alguna” que hasta diecisiete ex altos cargos de su gobierno que eran funcionarios “pudieran cobrar este complemento en su totalidad”.

Así se recuperó este beneficio

Lo cierto es que este complemento se introdujo en 2007, como recordó Adolfo Araiz (EH Bildu), no a través del Estatuto de Personal sino de la llamada Ley de Incompatibilidades, apoyada por UPN y PSN. Esta Ley regulaba el cobro de cesantías por parte de los exaltos cargos que regresaban al sector privado y que tenían limitaciones para su desarrollo profesional en las áreas en las que hubieran tenido competencia. También se estableció un complemento laboral vitalicio para los funcionarios que hubieran desempañado altos cargos equivalente al 25% de su sueldo de nivel. Este complemento era absorbible si se desempeñaban jefaturas de servicio.

En 2012, con motivo de la crisis, se recortó la cuantía del complemento del 25% al 10% del sueldo de nivel. Este recorte se fue prorrogando en los presupuestos año a año hasta que en los de 2019 se suprimió la coletilla de su prórroga y recuperó la cuantía de 2012.

Araiz: “No lo sabíamos”

Adolfo Araiz aseguró que su grupo se enteró de la recuperación de este complemento por la prensa y que el objetivo de la ley es “terminar con un privilegio que tienen los altos cargos” y abogó “por regular una verdadera carrera profesional para los funcionarios”.

Mikel Asiáin (Geroa Bai) recordó que los miembros del Gobierno anterior se bajaron el sueldo “nada más llegar a su puestos” y que la eliminación del complemento a exaltos cargos “la introdujimos en nuestro programa electoral”.

Tanto Javier Lecumberri (PSN), como Ainoha Aznárez (Podemos) y Marisa de Simón (I-E) defendieron la eliminación de este complemento y el apoyo a la proposición de Ley.

En abril de 2019, había 22 personas de Gobiernos de UPN y PSN que percibían el complemento para exaltos cargos en su puesto de funcionarios con un importe anual que oscila entre los 5.643 euros para quienes están en el nivel B y los 6.707 euros del nivel A. El coste anual total ascendió a 120.751 euros.

A ellos se les sumaron posteriormente otras seis personas del Gobierno de Barkos que también han regresado a su puesto de funcionarios y que perciben el complemento con un coste anual de 38.118 euros. En total, el montante sobrepasa hoy los 158.000 euros anuales, según explicitó el parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz.

Aunque había 16 exaltos cargos del Gobierno de Barkos que podían haber regresado a su puesto de funcionario, muchos no lo han hecho por continuar en el nuevo ejecutivo que preside María Chivite.

Cuando se aprobó este complemento en la Ley de incompatibilidades de 2007 se extendió de manera retroactiva a todos aquellos altos cargos del Gobierno que seguían en activo como funcionarios. Algunos habían ejercido su responsabilidad en el Gobierno en 1983.

Javier Lecumberri (PSN) apuntó que hoy “es difícil valorar las razones por las que en un contexto concreto se tomó esa decisión. Lo cierto es que se intentó premiar e incentivar la participación de funcionarios con altas responsabilidades en el Gobierno. Hoy el momento es otro”. Así lo han entendido también los grupos y el complemento dejará de tener vigencia en poco tiempo.