El sindicato UGT exigió ayer al Gobierno de María Chivite que acate y ejecute, en cuanto sea firme, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) que anula algunos artículos del decreto sobre el uso del euskera en las administraciones públicas, norma del anterior Ejecutivo de Uxue Barkos. Considera que el fallo es “claro y contundente” y que por eso “no procede recurrir por recurrir”.

El tribunal estimó parcialmente el recurso de UGT y el Sindicato de Personal Administrativo (SPA), anulando que se valore el euskera como mérito para acceder a cualquier puesto de la Administración foral por concurso oposición en la zona mixta, la no vascófona y los llamados servicios centrales que presta el Gobierno a toda la Comunidad. Además rechazó que las comunicaciones, avisos, oficinas o publicidad de esos servicios centrales tengan que estar en bilingüe en toda Navarra, lo que afecta también a las señales viarias.

Ante la sentencia sólo puede plantearse un recurso de casación (limitado a casos muy estrictos). Hay un plazo de 30 días. El abogado que ha llevado el recurso de UGT y SPA, y que es precisamente el ex secretario general del PSN Juan José Lizarbe, sostuvo que el recurso de casación “no tiene posibilidades”.

El Gobierno hará otro decreto

El Ejecutivo está dividido, con un PSN partidario de no recurrir y con Geroa Bai pidiendo que sí, como ayer reiteró Uxue Barkos.

Sin embargo, la presidenta y líder del PSN, María Chivite, no descarta nada. Afirmó ayer que el Gobierno tiene que estudiar bien “técnicamente” qué supone esta sentencia, para dar “garantía jurídica” a las personas que puedan verse afectadas por concursos oposición o concursos de méritos en los que se haya aplicado este decreto y en los procesos abiertos. “Estamos en este momento valorando técnicamente qué supone la aplicación de la sentencia, presentar recurso o no”, indicó.

Detalló que lo están analizando con el departamento de Función Pública del socialista Javier Remírez, y con la responsable de la política lingüística ahora y con Barkos, la consejera Ana Ollo que, por cierto, afirmó desde el primer minuto que era partidaria de recurrir. Chivite recalcó que si toman una posición “errónea”, correrían el riesgo de recibir “una avalancha de recursos”.

Lo que avanzó es que tendrán que elaborar un nuevo decreto.

Por otro lado, opinó que con el criterio aplicado por el TSJN, rechazando que puntúe el euskera obligatoriamente en todas las plazas de la zona mixta y de los servicios centrales, también se podría poner en cuestión que se valoren otros idiomas, porque se hace de modo general. Algo que también apuntó Barkos.

PP teme que PSN recurra

La presidenta del PP navarro, Ana Beltrán, afirmó ayer en declaraciones a Esradio que el PSN está “maniatado” y criticó que se plantee recurrir por las “exigencias” de PNV y Bildu. “Estoy absolutamente convencida de que cederá otra vez, va a volver a pagar a Bildu todo lo que le deben por estar sentados en el Gobierno”.

Por otro lado, el socio de Barkos en Geroa Bai, el PNV, a través de su eurodiputada, Izaskun Bilbao, ha presentado una iniciativa para que la Comisión Europea “dictamine si primar en las oposiciones en Navarra las lenguas extranjeras por encima del euskera es compatible” con “la Carta Europea de Derechos Fundamentales”.

No paralizar los procesos

Los autores del recurso parcialmente estimado por la justicia, UGT y SPA, no han decidido si van a pedir la revisión de los procesos de provisión de puestos que ya han finalizado, y a los que se ha aplicado los artículos anulados del cuestionado decreto.

En cuanto a los procesos que están en curso, pidieron que continúen, pero sin que se apliquen los preceptos anulados por el TSJN. Desde UGT indicaron que recordaron “reiteradamente” al Gobierno de Barkos que había varios recursos pendientes de sentencia, lo que obligaba a “ser cautos a la hora de aplicar los criterios del decreto”. “Miraron para otro lado y ahora toca apechugar con las consecuencias”.

Begoña de Frutos (SPA) criticó que el Gobierno de Barkos “no contento con no ser prudente con un decreto recurrido, puso la directa, modificó el perfil de todas las plazas que pudo y convocó todo lo convocable”.

AFAPNA sobre las vacantes

El sindicato AFAPNA, otro de los recurrentes, ha exigido una revisión de todas las vacantes que vayan a salir, así como del baremo de sus convocatorias. En “caso contrario, y ante cualquier irregularidad”, el sindicato “no dudará en pedir ejecución de sentencia”, advirtió en un comunicado.

El responsable de Administración Autonómica de la UGT, Jesús Elizalde, recalcó que siempre han apoyado el “fomento y protección del euskera”, pero no se puede hacer “a cualquier precio”. Pablo Unzueta, secretario de Sanidad del sindicato, comentó que en este sector, la baremación del euskera puede ser “determinante” para lograr una plaza.

Cuantificar el coste

De Frutos (SPA) pidió al Gobierno foral que “cuantifique los daños causados por la aplicación de este decreto”, cuántas personas “han visto modificadas sus posiciones, tanto para mejorar como para empeorar en todas esta convocatorias; cuántas plazas tiene que volver a su origen, cómo piensan revertir los efectos de la aplicación de los artículos anulados” o cuánto ha costado la rotulación y la papelería que ahora deben pagar todos los navarros.

Ayer, en diferentes comparecencias ante los periodistas, la presidenta María Chivite y la portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, dieron un mensaje calcado sobre la sentencia del TSJN que ha anulado parte del decreto del euskera de 2017. Afirmaron que la decisión judicial “invalida”, dijo Chivite, o “cuestiona”, apuntó Barkos,” la política lingüística de los últimos 20 años”, es decir, también la de gobiernos de UPN. “Se tumbarían todos los procedimientos llevados a cabo desde 2003”, llegó a decir Barkos.

Chivite señaló que podrían verse afectadas más de 1.000 personas, para agregar después que no tenía los datos exactos, pero que serían entre 1.500 y 2.000. Sin embargo, cuando este periódico pidió a su gabinete y a Función Pública del Gobierno que aclararan la cifra, y si eran procesos finalizados desde noviembre de 2017 o futuros, respondieron que aún no tienen esos datos.

“Sólo afecta a este decreto”

La parlamentaria de Navarra Suma Marta Álvarez insistió en que la sentencia, cuando sea firme, únicamente afectará al decreto de Barkos, que entró en vigor en noviembre de 2017.

El TSJN ha rechazado la aplicación “imperativa” de la puntuación del euskera como mérito para cualquier plaza que no tenga perfil obligatorio en esa lengua en la zona mixta y servicios centrales. Esa valoración no era obligatoria en la zona mixta con el decreto de 2003 al que se refirió Barkos.

Sí se extendió a todas las plazas de esa zona en el decreto de 2009, ya derogado, donde el euskera se valoraba un 3%, cifra que podía subir al 6% según el grado de atención al público. Los artículos anulados del decreto de 2017 elevaban ambos porcentajes a un 7% y a un 14%.