El caso por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en la localidad navarra de Alsasua en octubre de 2016 llegará este miércoles al Tribunal Supremo, que revisará la condena de entre 2 y 13 años de cárcel que la Audiencia Nacional impuso a los ocho jóvenes acusados.

No entrará el tribunal, presidido por el juez Andrés Martínez-Arrieta, en el debate sobre si incurrieron o no en un delito de terrorismo del que la Fiscalía siempre les acusó hasta el punto de pedir entre 12 y 62 años de cárcel para ellos.

Tras dos sentencias de la Audiencia Nacional, la de la Sala de lo Penal y la de la Sala de Apelaciones, que rechazaron que aquello fuese terrorismo, la Fiscalía decidió no recurrir al Supremo, como tampoco lo hicieron las otras acusaciones, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite).

Lo que sí hará la Fiscalía durante la vista será impugnar los recursos de los ocho condenados, que apuestan por su absolución, y pedir que se ratifique la condena.

Son Iñaki Abad, Jokin Unamuno, Ohian Arnanz, Jon Ander Cob, Julen Goicoechea, Aratz Urrizola, Adur Ramírez y Ainara Urkijo. Fueron condenados por delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas, pero no por terrorismo al no ver el tribunal que la agresión tuviese tal finalidad o se pudiese vincular con la estrategia de ETA.

Los hechos se remontan al 15 de octubre de 2016 cuando los dos guardias y sus parejas fueron increpados en el bar Koxka de Alsasua y rodeados por un grupo de unas 25 personas que les gritaban para que se fueran con expresiones como "os vamos a matar por ser guardias civiles", "hijos de puta", "cabrones" o "txakurras".

Así consideró probado la Audiencia Nacional, que señaló en su sentencia que los acusados les propinaron "golpes, patadas y puñetazos" hasta el punto que el teniente de la Guardia Civil cayó porque una de las patadas le produjo la rotura de la tibia y el peroné.

De hecho, apreció las agravantes de abuso de superioridad y de odio y consideró probado que actuaron por animadversión a la Guardia Civil y por motivos ideológicos.

No piensan lo mismo los acusados, que insistirán durante la vista en su absolución, si bien alguno también planteará como alternativa una posible reducción de condena o la eliminación de las agravantes.

De los ocho, siete están en prisión y solo Urkijo -sobre quien recayó la pena más baja, 2 años por amenazas y desórdenes públicos- continúa en libertad.

Tras desistir la Fiscalía de recurrir ante el Supremo, será la organización de víctimas del terrorismo Covite la única acusación de la causa que intente mediante su recurso que se reconozca como terrorista la agresión al teniente y el sargento de la Guardia Civil y las parejas de ambos en esta instancia superior.

Por su parte, las defensas persiguen que el Tribunal Supremo les absuelva por los hechos de Alsasua, aunque pedirán que en caso de que se mantengan las condenas, éstas se revisen a la baja eliminando los agravantes de superioridad y discriminación por odio.

Para la Audiencia Nacional, está probado que Jokin Unamuno inició el hostigamiento al teniente y el sargento del Instituto Armado y respectivas sus novias en el bar Koxka, secundado por Ohian Arnanz y Jon Ander Cob, y después se sumaron el resto, que participaron en mayor o menor medida en una agresión movida por discriminación a un cuerpo policial y en la que se aprovecharon de su superioridad numérica.

Desde que sucedieron los hechos, los familiares de los acusados, aunados en la plataforma Altsasu gurasoak, han criticado las sentencias de la Audiencia Nacional y han convocado diversas manifestaciones en protesta de unas penas que consideran desproporcionadas.