Diario de Navarra

Apenas unos metros ha tenido que trasladarse Maeztu para alcanzar el despacho de consejera. Ni siquiera ha tenido que cambiar de planta, ya que allí mismo tenía su puesto como subdirectora de Valoración y Servicios de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas, el que había ejercido desde 2015. Profesional de los servicios sociales desde que el sistema comenzara a ponerse en marcha en Navarra, allá por mediados de los 80, cree firmemente que “las inversiones sociales son siempre rentables”. No está afiliada a ningún partido, pero dice que el programa acordado por este Gobierno “coincide” con sus valores. ¿Quién le llamó para ofrecerle ser consejera? La persona que me llamó fue María Chivite. Yo no la conocía personalmente, pero fue ella, sí. ¿Se lo pensó mucho? Sí que lo pensé. Sopesé los pros y los contras con las personas que tengo cerca, con mi marido y mi familia. Tampoco hubo muchos días para tomar la decisión y finalmente, después de un tiempo de reflexión, decidí que sí. ¿Qué contras le veía? Sobre todo, que yo no tengo un perfil político. Por la parte de lo que es el trabajo y el conocimiento, en eso no había duda. Pero la parte política sí me la generaba. Finalmente, valoré que es un reto grande y que la posibilidad de mejorar los servicios sociales para todos los navarros es algo muy importante. También coincidir con los planteamientos del acuerdo me animó. ¿El cargo le encasilla políticamente? Yo no estoy afiliada a ningún partido. Sí que es verdad que lo que se plantea en el programa coincide con mis valores y con mis ideas de cómo ha de ser la política ciudadana, en este y en otros temas, no solo en Derechos Sociales. Aunque no hay militancia política, sí hay coincidencia con los planteamientos del programa. ¿Qué balance haría del trabajo de su predecesor? Creo que la de Miguel (Laparra) sido una gestión buena. Durante estos cuatro años se han abordado muchas mejoras en muchas materias, se ha hecho un trabajo intenso. Es verdad también que hay otras muchas cuestiones que hay que mejorar y otros ámbitos en los que es necesario plantear otras medidas porque hay áreas de mejora. La sociedad evoluciona muy rápidamente y hay que estar muy atento a todos esos cambios que se van produciendo. El PSN, sin embargo, ha sido muy crítico a lo largo de toda la legislatura con Laparra. Le ha acusado de autocomplacencia y de utilizar los números a su antojo. ¿No le coloca esto en una posición incómoda? Yo defiendo la gestión que se ha hecho durante la legislatura, de la cual yo he formado parte. Para mí no es una contradicción. ¿No? No. Seguiré defendiendo lo que creo que se ha hecho bien y , desde luego, mi objetivo tiene que estar en mejorar las cosas que haya que mejorar. En la toma de posesión habló de convencer de que las inversiones sociales son siempre rentables. ¿Los 100 millones de euros que se dedican a Renta Garantizada son rentables para Navarra? Yo creo que sí. Son rentables en términos de reducción de la pobreza, con especial énfasis en la infantil; de cohesión social; de seguridad para todos. Conocemos lo que son las sociedades en las que las personas que atraviesan dificultades se tienen que resolver los problemas por sí mismas. Los esfuerzos que se hacen en esto están bien empleados. Otra cosa es que haya márgenes de mejora, como con cualquier ayuda o política pública. Pero, sin lugar a dudas, tiene consecuencias positivas para tener una sociedad mejor. ¿Dónde tiene ese margen de mejora la Renta Garantizada? Hay que hacer un esfuerzo en la inclusión en el empleo de los perceptores, y en eso nos vamos a empeñar. La pasada legislatura pusimos en marcha el proyecto europeo Ersisi, que ahora desplegaremos por todo el territorio, porque se ha hecho primero en dos zonas, Tudela y Alsasua, con resultados francamente buenos. Pasa por varias medidas, pero una de ellas es una gestión de los casos mucho más integrada desde Empleo y desde Servicios Sociales en los diagnósticos de empleabilidad. ¿Entiende que parte de la población vea esta renta como un coladero para aquellos que se quieren aprovechar del erario público? Tenemos que hacer pedagogía, evaluar bien lo que hacemos y mostrarlo para que la población lo conozca. Creo que la población navarra es solidaria y que entiende estos mensajes, pero es verdad que tenemos que estar con lo oídos en estas cuestiones que la sociedad nos demanda. Vamos a hacer un esfuerzo en estos cuatro años en acercar a la población esas evidencias que nosotros tenemos, para que conozca el destino de ese dinero y vea que se utiliza bien. ¿Genera efecto llamada esta prestación? Los datos que tenemos no dicen eso. La llegada de personas se ha reducido estos años. Nada apunta a un efecto llamada. Entonces, ¿por qué María Chivite invitó a escuchar la alerta que lanzó Cáritas sobre esta posibilidad? Porque hay que escuchar esas percepciones, no se pueden ignorar. Nuestro papel no debe ser desautorizar a nadie, sino escuchar y hacer evaluaciones que pongan sobre la mesa si obedecen a datos reales o no. Las percepciones individuales, a veces, son eso, individuales, pero hay que tratar los datos en su conjunto. ¿No es contradictorio que un gobierno presidido por el PSN mantenga un sistema de renta contra el que votaron en su día? No, porque como he apuntado antes, tenemos intención de hacer determinados ajustes que durante estos años hemos considerado que hay que hacer. Eso debiera de ser una cosa normal, ¿no? Evaluar para mejorar, para ver lo que no funciona y mejorar. De acuerdo, pero una cosa son determinados ajustes y otra que sean de tal calado que lo conviertan en un modelo distinto. ¿No puede concretar ninguna de esas medidas? Todavía no. Debo ser prudente, porque son cuestiones que hay que trabajarlas en el marco de un programa en el que hay otras voluntades políticas. Lo que sí puedo decir es que nosotros, desde el departamento, tenemos varias propuestas de mejora. ¿Hay voluntad de mantener la cuantía de las ayudas, de incrementarlas, de recortarlas? Hay una parte de la Renta Garantizada que no se conoce, que tiene que ver con los incentivos al empleo. Estos se van a abordar para lograr precisamente mayores grados de incentivación. ¿Funcionan los sistemas de control, la lucha contra el fraude? En la pasada legislatura se ha hecho un trabajo de juntar las bases de datos de Empleo y Derechos Sociales, y vamos a seguir con este seguimiento para estrechar el control. ¿Pero se da más fraude que con otro tipo de ayudas? Creo que es un fraude que se da en cualquier tipo de ayuda pública, incluso en la mala utilización de los servicios públicos, que también genera un gasto. Desde luego nosotros no tenemos datos objetivos que nos indiquen que hay un mayor fraude en la Renta Garantizada que el que hay con otras prestaciones. Renta Garantizada al margen, señáleme otras dos o tres áreas de mejora prioritarias. Quiero que esta sea la legislatura de la infancia y la familia. Vivimos en una sociedad envejecida, la tasa de natalidad ha descendido mucho y el papel de la familia se está transformando, porque está perdiendo esa capacidad para el cuidado primario. Debemos reforzar ese papel, porque la familia es el armazón cuando tenemos dificultades. En este sentido, vamos a abordar varias medidas: en materia fiscal; el desarrollo de la Ley de Familias Monoparentales o del Plan de Infancia; la incentivación de la conciliación de la vida familiar y la laboral; o reforzar la lucha contra la pobreza infantil. ¿Qué más? En el tema de la dependencia, queremos que haya una clara orientación a los servicios y menos prestaciones. Sabemos que es todo un reto y que hay que hacerlo con una perspectiva de largo plazo. Y también está el tema del empleo, que está muy relacionado tanto con la familia como con la dependencia. Hay que articular una serie de medidas para aumentarlo, reducir la precariedad laboral, reforzar la mediación entre el mercado laboral y las empresas, acometer el desarrollo de pactos locales, etc. ¿Las 3.000 plazas en residencias de mayores que se fijaron como objetivo es una meta realista? Parece que el nuevo acuerdo marco no está consiguiendo el efecto deseado, al menos en Pamplona. Sacamos la licitación y nos ofertaron en toda Navarra unas 2.200 plazas, 334 estancias diurnas y 522 servicios de promoción de la autonomía. En Pamplona y comarca, entendemos que hasta que no haya más oferta de plazas residenciales vamos a tener una dificultad en poder concertar más plazas. ¿El precio fijado de concierto no cubre el coste real? Lo hemos subido 300 euros al mes, pero sigue habiendo un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Es donde se concentra la mayor parte de la población y donde hay menos cobertura de plazas, tanto privadas como públicas y necesitamos más plazas. Entendemos que este escenario puede cambiar en el plazo de dos años, porque hay cinco proyectos de residencias en tramitación que sumarían más de 500 plazas. En cualquier caso, estamos satisfechos con el acuerdo marco también en Pamplona, porque las personas que están con prestación van a tener que asumir menos coste al haber cambiado el precio del concierto. Respecto a Cooperación Internacional, ¿han asumido algún compromiso que sí se vaya a poder cumplir? El compromiso es aprobar el III Plan Director y también el de destinar el 0,4% del Presupuesto en el año 2020, mientras que para final de legislatura sería el 0,6%. También mejorar y ampliar el programa de Escuelas Solidarias de Educación para el Desarrollo. “Vamos a estar atentos para que no haya motivo de alarma respecto a los menas” ¿Tiene la población navarra algún motivo para estar alarmada por la llegada de los menores extranjeros no acompañados (menas)? Yo creo que no. Hay 250 menores no acompañados en Navarra, hemos puesto en marcha un programa de intervención y creo que se están haciendo las cosas bien, aunque haya puntos de mejora. Estamos poniendo las bases para abordar este fenómenos, que es nuevo, sin que genere en la población ningún tipo de problema. Vamos a estar vigilantes para que la población navarra siga sintiéndose segura y tranquila y no haya motivo para la alarma. En este sentido, haría un llamamiento a la tranquilidad. Las denuncias por supuestos abusos sexuales que se han producido en las últimas semanas no ayudan precisamente a esa tranquilidad... No, no ayudan a calmar los ánimos. Hay que atenderlas y hay que trabajar. El Gobierno de Navarra es el tutor legal de estas personas, somos quienes ejercemos la patria potestad y estamos obligados a garantizar que estén bien atendidos, y también a conocer y dar solución a todas estas incidencias que ocurran. De las 250 personas, la mayoría de ellos son chavales entre los 15 y los 17 años que vienen a tener un futuro mejor, cuyo afán fundamental es el de la formación y el de encontrar un trabajo. Es verdad también que algunos de ellos han sufrido un proceso migratorio traumático, y ahí tenemos que estar para atender y dar respuesta a esas necesidades. Es una obligación legal que nos viene derivada de los convenios internacionales que ha firmado nuestro país y tenemos que ser responsables en su cumplimiento. No comparte la apreciación del sindicato SUP, que ha dicho que se está generando inseguridad con la presencia de estos menores. Nosotros estamos colaborando con el Gobierno civil y todas las autoridades policiales para que esto no ocurra. Esto es lo que yo puedo decir. ¿Falta sensibilidad en la población navarra para asumir que atender a estos menores es una cuestión de derechos humanos, que no es una opción? Pienso que no. La sociedad navarra ha dado infinidad de muestras en infinidad de momentos de su solidaridad y de su capacidad de acoger a menores en otras ocasiones de conflicto. Me acuerdo de toda la solidaridad que se desplegó en los años de la guerra de Bosnia acogiendo a personas. Y sigue habiendo multitud de familias que acogen a menores que están en África. Creo que eso es lo que hay que poner en valor, la solidaridad es mucho mayor que lo otro.

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Maeztu: “Defiendo la gestión que ha hecho Laparra, aunque el PSN haya sido crítico”

Maeztu, nombrada a propuesta del PSN, pertenece desde 2001 al departamento que ahora lidera. Ha dejado atrás una labor más discreta para asumir, no sin cierto reparo, la exposición pública que supone el cargo

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