Diario de Navarra

Con una breve providencia fechada a comienzos del mes pasado, el Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación que presentaron los servicios jurídicos del departamento de Derechos Sociales contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) que daba la razón a los familiares de una anciana que, tras el agravamiento de su dependencia, pasó a cobrar una menor ayuda para sufragar una residencia privada mientras esperaba una plaza pública o concertada. Esta decisión pone punto final, según describen los perjudicados, al calvario jurídico al que les sometió el departamento de Derechos Sociales, que ha utilizado hasta el último cartucho para evitar dar la razón a los demandantes. El litigio comenzó cuando la perjudicada, una mujer mayor ya fallecida con una dependencia de grado II que ocupaba una plaza residencial privada mientras esperaba una vacante en una pública o concertada, vio agravada su situación y pasó a padecer una dependencia de grado III. Según la normativa, los dependientes de II y III que han solicitado plaza residencial tienen derecho a cobrar una ayuda Prestación Vinculada a Servicio (PVS) para cubrir en parte los gastos extra de una plaza privada, espera que legalmente no podía superar los doce meses. El problema surgió debido a que, tras un cambio en la normativa aprobada en 2013 y que posteriormente el departamento dirigido por el vicepresidente Miguel Laparra no corrigió, el agravamiento de la dependencia conllevó una reducción de la PVS en 825 euros anuales. Esta paradoja proviene de que la cuantía de estas ayudas eran el resultado de restar de la tarifa pública para estos servicios, fijada en 1.460,47 euros al mes para los severos (grado II) y de 1.529,22 euros al mes para los grandes dependientes (grado III), el precio de las plazas concertadas, que se situaba en un tope de 2.087,77 euros al mes. Por tanto, las personas con mayor dependencia cobraban una ayuda de 558,55 euros al mes frente a los 627,30 euros de quienes sufrían un grado de dependencia menor. FALTA DE “EMPATÍA” Según denuncian los familiares de la perjudicada, Derechos Sociales habría utilizado todos los recursos de sus servicios jurídicos para someterles a un “laberinto judicial”, por lo que acusan al departamento dirigido por el todavía vicepresidente Miguel Laparra de “falta de sensibilidad y empatía”. Precisamente la principal queja de la familia de la perjudicada es que la maquinaria burocrática les ha llevado al límite y ha alargado el litigio hasta la extenuación. Ante la falta de respuestas del Derechos Sociales, la única explicación que encuentran estos perjudicados es un intento para desfondarles que han vivido como un abuso de la capacidad del Gobierno de Navarra para mantener una “situación injusta”, tal como reconocían fuentes del departamento dirigido por Laparra en el momento en el que se dio a conocer el caso en abril del año pasado. Ni los informes y peticiones del Defensor del Pueblo, ni el fallo del TSJN que daba la razón a la familia de la perjudicada sirvieron para que el Gobierno desistiera en su empeño de agarrarse a cualquier resquicio legal para no dar su brazo a torcer, según la queja familiar. La única explicación que dio entonces el departamento, y que se ha limitado a repetir tras solicitarles nuevamente una valoración, es que todo se limitaba a una “decisión técnica” de los propios servicios jurídicos “que estimaron procedente impugnar la sentencia”. La falta de presupuesto para cubrir las necesidades de los dependientes con derecho a residencia es evidente, ya que, tal como reflejan los datos que maneja Derechos Sociales, hay más peticionarios que plazas públicas y concertadas disponibles. Según ha podido saber Diario de Navarra, el número de beneficiarios que a finales de 2018 cobraba la PVS y había superado el umbral máximo que marca la ley de doce meses era de más de medio millar. Además, Derechos Sociales también ha incumplido durante todos estos años la obligación legal de, en estos casos, firmar con el afectado un acuerdo por escrito de prórroga de la PVS. Ante la imposibilidad de cumplir los plazos establecidos en el anterior decreto foral 69/2008 de 17 de junio, lo que hizo recientemente Derechos Sociales fue eliminar ese tope con un nuevo Decreto Foral, el 30/2019 de 20 de marzo, por lo que la ayuda ya se puede cobrar indefinidamente. Lo cierto es que el departamento dirigido por Laparra heredó este problema, que fue creado por los anteriores responsables del entonces conocido como departamento de Asuntos Sociales que en 2013 unificaron el precio que la Administración foral pagaba a las residencias tanto para las personas con grado de dependencia severo (II) como para las personas con gran dependencia (III). Sin embargo y pese a ser conscientes de esta circunstancia, Derechos Sociales no ha introducido cambios hasta este 17 de junio, cuando la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas (ANADP) anunció que iniciaba el trámite para igualar las ayudas de los dependientes de grado II y III. Sin una solución definitiva, Derechos Sociales va a evitar ahora que los afectados cuyo grado de dependencia se agravaba cobren menos. Lo hace a costa de no respetar uno de los criterios marcados en la ley estatal 39/2006. Establece que la prestación se debe reconocer en función de la dependencia y de la capacidad económica, cuando la intención de Derechos Sociales es fijar la cuantía solo en función de la capacidad económica y sin que un agravamiento implique un aumento.

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Revés del TS a Derechos Sociales por reducir la ayuda a una dependiente

La familia de la perjudicada acusa al departamento dirigido por Laparra de haberse ensañado con este caso

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