Las actas de ETA han confirmado que el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero ofreció a la banda terrorista crear un órgano común para Euskadi y Navarra. Además, le ofreció la legalización de Batasuna, no detener etarras, liberar a Iñaki de Juana Chaos y otros presos enfermos, acabar con la Doctrina Parot y solucionar el problema financiero de ETA a través de una organización internacional, para que dejaran de enviar cartas de extorsión.

Así al menos consta en las actas de la banda a las que ha tenido acceso la agencia Europa Press, después de que fuera levantado, por parte de la Audiencia Nacional, el secreto del sumario sobre la investigación de la negociación entre el Ejecutivo socialista y la banda terrorista ETA.

Esta documentación le fue incautada al etarra Francisco Javier López Peña Thierry, tras su detención el 20 de mayo de 2008 en Burdeos. Ahí se relata desde el primer encuentro mantenido por Josu Ternera y Jesús Eguiguren, junio de 2005 en Ginebra hasta las negociaciones políticas y técnicas que llevaron a cabo el Gobierno y la banda, el PSE y Batasuna tras el atentado de la T-4 de diciembre de 2006 que costó la vida a dos personas. Las actas incluyen las reuniones de Oslo y las nueve previas de Ginebra.

Según estas actas, en las negociaciones que se produjeron entre los días 18 y 21 de mayo de 2007 el Ejecutivo de Zapatero puso sobre la mesa el acuerdo de Loyola, que preveía la creación de un órgano común para Euskadi y Navarra (El acuerdo de Loyola fue negociado en otoño de 2006 entre Batasuna, PSE y PNV).

Lo hizo en la ronda de contactos que se celebraron esos días en los que se establecieron dos mesas, una de partidos y otra técnica entre Gobierno y ETA y en las que participaron 2 miembros de Batasuna, dos de ETA, dos del PSOE, 2 del Sinn Fein, 2 del Gobierno de Irlanda y uno del Gobierno de Noruega.

Los socialistas lanzaron esta propuesta después de que Batasuna reiterara en la mesa política (la de PSOE y la izquierda abertzale) la petición de un estatuto de autonomía para las “cuatro provincias”, incluyendo a Navarra. Exigió al PSOE el compromiso de reconocer el derecho de autodeterminación y un referéndum para decidir sobre un estatuto ‘a cuatro’.

Los socialistas lo rechazaron, pero a cambio pusieron sobre la mesa el acuerdo de Loyola, en cuyo apartado 4 los firmantes se comprometieron a “promover la creación de un órgano institucional común para los cuatro territorios comprendidos en dichos ámbitos (País Vasco y Navarra)”. No se logró un pacto y ETA afirmó que habían llegado a un punto de ruptura en la negociación al no haber acuerdo político. Pocos días después, el 5 de junio de 2007, la banda rompía la tregua.

Durante aquel alto el fuego de ETA, empresarios navarros y del País Vasco denunciaron que seguían recibiendo cartas de extorsión de la banda terrorista.

En las actas, se recoge que los enviados del Gobierno admitieron que habían sido un “accidente grave” las detenciones del Faisán -bar en el que había una base de extorsión de ETA y cuyas detenciones dieron lugar a una investigación por un chivatazo policial a la citada red- y reconocieron que el ministro, en aquel momento Alfredo Pérez Rubalcaba, tenía un montón de cartas de extorsión que no se habían hecho públicas y que además, desde el Gobierno estaban diciendo que no les constaba que la banda estuviera pidiendo dinero.

Esta respuesta del Ejecutivo a ETA coincide con la respuesta que altos cargos de Interior dieron en su momento a Europa Press al preguntar por las cartas de extorsión que seguían recibiendo los empresarios a pesar de la tregua: “Será la misma carta que está dando vueltas”, aseguraron para restarle importancia.

No obstante y a pesar de que el Ejecutivo negara la llegada de cartas, reiteraron el reproche a ETA por este hecho y plantearon a la banda, como contrapartida, “arreglar el problema del dinero” mediante una organización internacional u otras opciones.