Diario de Navarra

Un juez de Pamplona ha declarado nula la póliza del seguro de vida que una entidad bancaria impuso a dos de sus clientes el día que formalizaron en escritura pública su préstamo hipotecario. La decisión, ante la que cabe interponer recurso de apelación, obliga a Caixabank a restituir el importe de la prima abonada. En concreto, al tratarse de una prima única, la parte proporcional del periodo no disfrutado: 7.151,79 euros de los 8.840,10 euros que habían sido abonados, además de los intereses generados al tipo de interés legal del dinero desde el 7 de febrero de 2018 al 27 de febrero de 2019 incrementando el tipo en dos puntos desde la fecha de la sentencia (febrero de 2019) y hasta la realización del pago completo, según detalla el fallo. Aunque la obligación de contratar dicho seguro no figuraba, como ocurre en otros casos, de forma explícita en la escritura de hipoteca, el titular del Juzgado de Primera Instancia número 7 (bis), Rafael Ruiz de la Cuesta, concluye en su sentencia que los hechos probados apuntan a que la contratación de dicha póliza fue impuesta por la propia entidad que, además, no acreditó que el cliente hubiera solicitado dicho servicio y, por lo tanto, considera que se trató de una práctica abusiva que le lleva a declarar nula la póliza. “No es argumento suficiente que el contrato pueda reportar algún beneficio para el cliente (o sus herederos). El seguro es una sobre-garantía que el prestatario no necesitaba contratar para obtener el préstamo”, argumenta. Defiende el magistrado que la contratación de dicho seguro benefició “principalmente” al banco que “consigue que una empresa de su grupo -Vidacaixa- ingrese la prima”, equivalente al 17% del capital prestado. Asimismo, prosigue, dicho banco “además de la garantía hipotecaria dispone de la personal del patrimonio de los prestatarios, y obtiene otra adicional representada por la cifra del capital asegurado, cuyo primer beneficiario y por el 100% del débito del préstamo es él”. UN NUEVO FOCO DE CONFLICTO Lo peculiar del caso, defendido por los letrados Marisa Martínez Villaseca y Javier Goldaracena y cuyo resultado ha despertado el interés del Colegio de Mediadores de Navarra y de una asociación nacional de corredores por ser pionero en la comunidad y una de las primeras sentencias de este tipo que se conocen en España, es que en la hipoteca no se vinculaba de forma explícita el seguro de vida. “Lo fácil es anular una cláusula que venga escrita en la hipoteca. Lo complicado, conseguir la nulidad de lo que no viene sujeto por la escritura hipotecaria”, explica Goldaracena quien asegura que ya han presentado otras dos demandas similares que se encuentran a la espera de sentencia. De generalizarse este tipo de demandas, podría suponer un nuevo foco de conflicto para todas las entidades financieras españolas en la medida en que vincular las hipotecas a seguros de vida y cancelación ha sido una práctica generalizada durante los últimos años, como también lo fueron las cláusulas suelo, los gastos de constitución de hipoteca y el impuesto de actos jurídicos documentados. En todo caso, los jueces deberán estudiar la particularidad de cada caso. La nueva Ley de Crédito Inmobiliario que entrará en vigor el próximo 16 de junio protegerá a los consumidores contra los abusos de la banca y les permitirá contratar seguros libremente, anulando la práctica de los seguros vinculados a productos financieros. De esta manera, podrán libremente, asesorados por corredores, independientes de la banca y de las compañías, elegir el mejor seguro que se adapte a sus necesidades sin condicionamientos de las entidades financieras. LA NORMATIVA VULNERADA Es el Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios que considera abusivas “todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio de los derechos y obligaciones que se deriven del contrato”. También, “las que prevean la estipulación del precio en el momento de la entrega del bien o servicio, o las que otorguen al empresario la facultad de aumentar el precio final sobre el convenido, sin que en ambos existan razones objetivas y sin reconocer al consumidor el derecho a resolver el contrato si el precio final resulta muy superior al estipulado inicialmente”. También, “la imposición al consumidor de bienes y servicios complementarios o accesorios no solicitados”. La norma también establece que “el empresario que afirme que una determinada cláusula ha sido negociada individualmente, asumirá la carga de la prueba”.

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Un juez anula el seguro de vida que impuso un banco en una hipoteca

Lo considera una “sobre-garantía” no necesaria para contratar el préstamo y obliga al banco a devolver dinero

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