Diario de Navarra

“Nivel de control: en función de la disponibilidad de medios humanos y materiales”. La inconcreción está plasmada en la orden foral del vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, por la que se aprueba el VI Plan de Control e Inspección en materia de vivienda para los años 2019 y 2020, y se refiere a la que precisamente es una de las novedades de dicho plan: la comprobación de la existencia de viviendas libres deshabitadas para “fomentar” su puesta en el mercado y así “incrementarla disponibilidad de viviendas en arrendamiento a precios asequibles”. Además de las viviendas libres desocupadas, el sexto plan de control e inspección pondrá el foco en la promoción y edificación de viviendas (libres protegidas y acogidas a rehabilitación protegida, con el objetivo de asegurar que los edificios y sus inmuebles cumplen con la normativa foral sobre condiciones de habitabilidad, accesibilidad y la estatal sobre edificación); las adjudicaciones de viviendas protegidas, para asegurar que el adjudicatario cumple con los requisitos generales de acceso y controlar las altas en el Censo de Solicitantes; las transmisiones y cesiones de viviendas protegidas (cumplimiento de los requisitos por el destinatario y que el precio y la operación se ajusten a la legalidad); el uso y destino de las viviendas protegidas (que sean para domicilio habitual y permanente de propietarios o arrendatarios); y el cumplimiento de las condiciones que dan derecho a la concesión y la percepción de las nuevas ayudas para el pago de la renta del alquiler por parte de los jóvenes y de las familias con bajos ingresos. Para todos ellos, la orden foral de aprobación especifica niveles de control del “100%”, ya sea de los expedientes, los contratos presentados para su visado administrativo, las inscripciones, las transmisiones y cesiones de vivienda protegida comunicadas, los adjudicatarios sancionados o las solicitudes; o de 300 viviendas protegidas por año de cara a la vigilancia de un correcto destino y uso de las VPO. Sin embargo, el nivel de control de las viviendas libres deshabitadas se deja al albur de los “medios humanos y materiales” que pueda haber disponibles. En su día, el Ejecutivo foral cifró en hasta un máximo de 13.000 las viviendas que podrían sufrir una penalización en forma de mayor gravamen, sanción o expropiación por encontrarse desocupadas, en cumplimiento de la ley foral de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda, aprobada en 2013. La norma, impulsada por Izquierda-Ezkerra en la pasada legislatura, otorga al Gobierno de Navarra la potestad de sancionar a personas jurídicas (entidades financieras e inmobiliarias fundamentalmente) que posean viviendas vacías durante dos o más años e incluso, si se desatiende una advertencia previa, expropiarles el inmueble. Así mismo, los ayuntamientos van a poder gravar más las viviendas de personas físicas (particulares) y jurídicas que permanezcan sin ocupación durante al menos seis meses. Según la ley foral de haciendas locales, el nuevo impuesto tendrá la misma base imponible que la de la contribución territorial. La cuota a abonar será el resultado de aplicar a dicha base un tipo de gravamen de entre el 0,10% y el 0,50 %, del 0,50% al 1 % el segundo año, y entre el 1% y el 1,5 % a partir del tercero. El Ayuntamiento de Pamplona ya ha decidido gravarlas al máximo. Para tomar sus respectivas medidas, el Ejecutivo y los consistorios se basarán en un registro de viviendas deshabitadas que debe realizar el primero. DATOS DE CONSUMOS La ley establece que una vivienda no está habitada “cuando no se destine efectivamente al uso residencial previsto en el ordenamiento jurídico o en el planeamiento urbanístico durante más de 6 meses consecutivos en un año desde el último día de efectiva habitación”. Quedan exentas de sufrir penalizaciones las viviendas que no reúnan condiciones de habitabilidad, las que se localicen en puntos sin demanda de vivienda detectada, las que sirvan para esparcimiento o recreo, y las que se destinen al turismo (casas rurales) o se alquilen por temporadas (casas de verano, siempre que su ocupación no sea inferior a 30 días al año). Así mismo, las viviendas cuyos titulares sean funcionarios públicos y trabajadores que desempeñen sus labores fuera de la localidad en la que se enclave la casa. Tal y como recoge el plan de control e inspección, la comprobación de si una vivienda está deshabitada se hará principalmente mediante la petición de datos de consumo de agua, gas y electricidad a las personas titulares y a las compañías suministradoras; y la solicitud de información tanto a los consistorios sobre el último censo municipal o padrón de habitantes, como a las inmobiliarias y entidades financieras sobre los inmuebles de su titularidad que estén desocupados.

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El control de viviendas libres deshabitadas, pendiente de la “disponibilidad de medios”

Así figura en la orden foral que aprueba el sexto Plan de Control e Inspección para los años 2019 y 2020

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