Diario de Navarra

Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Pamplona ha abierto la puerta a que personas que pagaron la plusvalía municipal tras la compra en pérdidas de un inmueble antes de 2018 puedan reclamar su devolución a pesar de que el cobro de este impuesto sea ya firme. La sentencia vuelve a cuestionar la ley de plusvalía del cuatripartito (el Tribunal Constitucional anuló una parte la semana pasada), ya que el texto legal aprobado en diciembre de 2017 impedía reclamaciones previas a julio de ese año, cuando el Tribunal Constitucional declaró nulo el cobro de este impuesto cuando la compraventa había sido sin ganancias. Tras el fallo, el Ayuntamiento de Pamplona debe devolver la cantidad que cobró como impuesto municipal de plusvalía a Uztarroz Comunicación, 5.065,72 euros, más los intereses legales. La razón de esta obligación es que en una operación de compra venta de un inmueble no se produjo plusvalía, sino minusvalía, a pesar de lo que Uztarroz Comunicación tuvo que pagar el impuesto. El juez ha dado la razón a esta compañía, defendida por el abogado José Antonio Asiáin, a pesar de que no recurrió en su momento la liquidación y solo lo hizo tras conocer la sentencia del Constitucional. La venta que generó el impuesto se produjo el 4 de enero de 2017. El vendedor fue Uztarroz Comunicación SL quien, por esta operación, sufrió una minusvalía de 60.404,84 euros, ya que vendió una finca por 180.000 euros cuando la había adquirido el 13-10-2000 por 240.9000 euros. Pese a esta minusvalía, el Ayuntamiento de Pamplona le cobró un impuesto de plusvalía por valor de 5.006,72 euros. El consistorio lo hizo de acuerdo con la Ley Foral de Haciendas Locales vigente entonces. El vendedor pagó la cuota reclamada y no impugnó la decisión. Pero ocurrió que después de esta fecha una sentencia del Tribunal Constitucional (5-6-2017) declaró inconstitucionales algunos preceptos de esta Ley Foral de Haciendas Locales. Ante este cambio jurisprudencial, el vendedor decidió reclamar la revisión de la liquidación y la devolución de lo que había pagado con los respectivos intereses. Pero el director de Hacienda del Ayuntamiento no admitió esta reclamación por ser ya firme. Posteriormente, el Tribunal Supremo declaró en otras sentencias que, conforme a esa doctrina constitucional, si no había habido incremento de valor, el impuesto no era exigible. Y añadía que este criterio podía ser aplicado tanto en las liquidaciones impugnadas a tiempo como en los casos de solicitud de revisión de liquidaciones firmes. El abogado Asiáin defendió que esta doctrina podría ser aplicada a esta operación de compra venta. Por ello Uztarroz Comunicación interpuso recurso contencioso administrativo frente a la resolución dictada por el director municipal de Hacienda del Ayuntamiento. Y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Pamplona le ha dado la razón. “Aunque sea un acto tributario que devino firme, es susceptible de revisión en atención de la nulidad derivada de la inexistencia de norma jurídica que sustentase la liquidación tributaria, por razón de la declaración de inconstitucionalidad de la misma”, dice el fallo, que cuestiona así la parte de la ley foral que cerraba la puerta a reclamaciones anteriores a julio de 2017. “Este impuesto puede ser revisado aunque no se recurriera en su día” José Antonio Asiáin, abogado del recurrente ¿Qué supone esta sentencia? Supone que las liquidaciones del impuesto municipal de plusvalía no recurridas en su momento pueden ser revisadas y que las cantidades ingresadas para sus pagos pueden ser devueltas. Además, determinados artículos de la Ley foral 19/2017 tienen que ser reexaminados a la luz de esta sentencia. ¿Es firme esta sentencia? Esta sentencia no es firme, puede ser recurrida en casación, ese recurso podría ser eventualmente admitido y tendrá que examinarlo el Supremo. Pero con independencia de que hoy no es una sentencia firme entiendo que esa ley foral debería ser reexaminada. ¿Por qué? La razón es muy sencilla. Porque esta ley se aprueba en diciembre de 2017. La aprueba el gobierno cuatripartito a la vista de una sentencia del Tribunal Constitucional de 2017 en la que declara inconstitucional algunos artículos de la Ley Foral de Haciendas Locales que regulan este impuesto. A la vista de esta sentencia el gobierno aprueba la ley de 2017 que trata de dar respuesta a la declaración de inconstitucionalidad. ¿Cómo lo hace? Integrando la doctrina del Tribunal Constitucional basada en que el impuesto no se puede exigir si no hay plusvalía, pero acotando los efectos de esta declaración a las liquidaciones futuras. Es decir, según esta ley, las liquidaciones que no habían sido recurridas no pueden ser revisadas. Pero en julio de 2018, la sala tercera del Tribunal Supremo dice en una sentencia, en la que yo intervine, que la inconstitucionalidad también afecta a las liquidaciones que hayan quedado firmes porque se entiende que si no habido plusvalía, en ningún caso se puede exigir el impuesto y que si en su día se exigió, no se recurrió y se pagó, ahora se puede pedir la revisión y devolución de lo pagado. Cuando ahora los jueces de lo contencioso administrativo empiezan a analizar casos concretos tienen que intentar aplicar la doctrina del Tribunal Supremo. Y lo que dicen es que estas liquidaciones, aunque no hubieran sido recurridas en su momento, tienen que ser revisadas si no hubo plusvalías y las cantidades pagadas deben ser devueltas. ¿Qué ha ocurrido en este caso? En septiembre pedí la revisión de la liquidación de Uztarroz y de otro caso que está en trámite. Este juez aplica la doctrina del Tribunal Supremo de 2018 y dice que la ley de 2017 no puede fijar la inconstitucionalidad con unos límites que el Tribunal Constitucional no fijó. Esto en la práctica significa... Que los que han vendido y pagado plusvalías con pérdidas pueden pedir la revisión de esas liquidaciones y la devolución de las cantidades pagadas. La Ley Foral dice que no se puede pedir la revisión de las plusvalías pagadas antes del 15 de julio de 2017. Sí. Pero esta sentencia dice que sí se puede. Porque un impuesto que grava la plusvalía no se puede exigir cuando no hay plusvalía, con independencia de si quedó firme o no. Porque esa liquidación cuando se giró se hizo aplicando unos artículos que el Tribunal Constitucional ha dicho que es nulo. ¿Obliga a otros juzgados? La decisiones de este juez no vincula a otros jueces del Contencioso. ¿Pero lo lógico es que sigan las mismas pautas? Yo entiendo que sí, de hecho aquí hay tres juzgados y uno de ellos ya aplicó este criterio el mes pasado. ¿Qué debe hacer el contribuyente? En principio le basta aportar las escrituras de compra y venta. Y si el ayuntamiento que exige este impuesto considera que esas escrituras no responden a la realidad tiene que aportar la prueba el consistorio. Al contribuyente le basta con aportar la escritura de compra y venta en el que se refleje que el precio de compra fue superior al de venta. ¿Qué supone para el gobierno? Es un segundo cuestionamiento de esta ley foral.

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Un juez abre la puerta a reclamar la plusvalía pagada antes de 2018

Afirma que, aunque el cobro del impuesto sea firme, se puede revisar por ser inconstitucional

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