La Cámara de Comptos considera que el sistema de control de la Renta Garantizada (RG), la prestación del Gobierno de Navarra destinada a las personas que no tienen cubiertas sus necesidades básicas, es “razonable”. No obstante, considera que la gestión de las ayudas podría “mejorar” y para ello, ofrece una serie de recomendaciones. Algunas de ellas están vinculadas directamente a los posibles casos de incumplimientos y fraude que pudieran detectarse, como son las de “realizar revisiones de oficio sobre las unidades familias, al azar o por muestreo”, “realizar un seguimiento de los expedientes que se envían a las Sección de Inspección” o “incoar los procedimientos sancionadores en todos los casos de incumplimiento”, todas ellas medidas que no se están llevando a cabo en la actualidad.

Estas son algunas de las conclusiones principales que se extraen de un informe que Comptos hizo público ayer, en respuesta a una petición de la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra a propuesta del grupo socialista. En él, la Cámara “avala la gestión” de la subvención. “Se adecua, en general, a la normativa aplicable y los procedimientos son razonables”, alega. También resalta que la actual ley reguladora de este derecho “ha supuesto una mejora en la gestión” y “una mayor carga de trabajo y actividad administrativa para el control de este derecho”.

Por otra parte, “subraya la importancia” que tiene la prestación para las más de 12.000 familias al mes que son beneficiarias de cuantías que oscilan entre los 611 y los 1.222 euros (año 2018), según el número de miembros.

A día de hoy, el gasto medio anual por unidad familiar se sitúa en los 6.448 euros. La prestación tiene una vigencia de doce meses, renovable por periodos de la misma duración mientras persista la situación de necesidad. Según se pone de relevancia en el informe, desde 2010 la inversión ha crecido muy notablemente, desde los 31 millones hasta los 104 de 2018. “En todos los ejercicios la ejecución ha sido superior al presupuesto aprobado”.

Según recuerda Comptos, la Sección de Garantía de Ingresos y Prestaciones Económicas del Gobierno de Navarra envía mensualmente a la Sección de Inspección informes de expedientes de Renta Garantizada “con dudas de convivencia y empadronamiento”, que son, a su vez, remitidos a Policía Foral.

Entre 2016 y 2018 (años con más de 16.000 unidades familiares beneficiarias) se han inspeccionado 295 expedientes. De ellos, en 214 se detectaron incumplimientos de la normativa, lo que motivó la extinción de la ayuda (6 casos) o la extinción de la ayuda y su reintegro (208 casos). Solamente en una decena de casos se iniciaron, además, expedientes sancionadores de algún tipo, lo que lleva a concluir a Comptos que “no se han incoado expedientes sancionadores en todos los supuestos de incumplimientos”, algo que recomienda hacer.

Otros 60 expedientes fueron archivados entre 2016 y 2018, porque se comprobó que tales incumplimientos no se habían producido, mientras que a otros 8 se les hizo un seguimiento especial.