Diario de Navarra

Una mujer jubilada de 62 años y una administrativa de 46 describen sus vidas en Venezuela un día cualquiera. Relatos en primera persona -para los lectores de Diario de Navarra- enviados desde Maracaibo y Maracay, las dos ciudades donde viven. Por seguridad, se han obviado las identidades. Administrativa, 46 años Les cuento que un día como hoy, 18 de marzo, en un sector residencial de Maracay, no tengo agua desde el día del apagón general. Vivo en un conjunto residencial donde mi apartamento queda en un piso 15 , los cisternas de agua están colapsados por consiguiente si logramos que venga alguno no alcanza para solventar el problema, adicional el costo es de 150.000 mil soberanos por cisterna, cuando el salario mínimo es de 18.000 soberanos (alrededor de 5,80 euros). Normalmente se necesitan diez cisternas por edificio y se paga 11.000 soberanos por apartamento. Hoy tengo que salir a buscar medicamentos para mi mamá, tía y esposo, que están a mi cargo. Son hipertensos y adultos mayores y es una odisea conseguirlos. Y para colmo tengo una prima hermana que tiene cáncer en el riñón izquierdo y desde el mes de octubre del 2018 está padeciendo de este terrible mal y se ha complicado mucho tanto la operación como conseguir todos sus insumos y medicamento. Justo ahorita voy a buscar pañales a ver si consigo y los puedo comprar por el alto costo de los mismos. Al realizar todos estos compromisos llego nuevamente a mi casa y seguramente con la tragedia que seguimos sin el vital líquido como es el agua. Lo que si les digo es que vivir en nuestro país en estos momentos no es tarea fácil. Jubilada, 62 años La situación del día a día en el país y en Maracaibo, concretamente, es dramática. Con una pensión de jubilada de 18.000 soberanos al mes, no alcanza para cubrir gastos. Un gasto en medicamento, que es lo más normal a esa edad, es tener problemas de tensión o de algún otro tipo, un hipertensivo cuesta alrededor de 30.000 bolívares soberanos, el doble de la pensión. Sin contar que el jubilado no tiene asistencia médica ni de seguro. Y respecto a la alimentación, que es la otra preocupación de nuestro día a día con un salario de 18.000 soberanos, un kilogramo de carne cuesta 12.000 soberanos, un kilo de pollo unos 10.000, un cartón de huevos 15.000, un kilo de queso 18.000 soberanos... Esto sin contar que con el fenómeno de la inflación que sufre el país hace que los precios varíen a diario y dependiendo de los sectores donde compres. Lo que empeora todo esto es el colapso de los servicios básicos. Podemos estar entre seis y quince horas sin electricidad, con cortes o suspensiones no programadas, sin avisos. Lo que provoca daños en los equipos, los trastornos para la preparación da alimentos... Y ha llegado el colmo al soportar seis días seguidos sin servicios. El tema del agua es otro de los servicios afectados. Hay sectores que pasan quince días sin este vital líquido. Y también falla el gas que se recibe por tubería. Por lo que compramos bombonas, pero estas escasean en el país. Estos son solo unos ejemplos del día a día de los venezolanos que debemos afrontar. Carlos Alberto Ochoa: “En 2017 el régimen venezolano asesinó a 127 jóvenes en manifestaciones” Agentes de inteligencia del régimen de Nicolás Maduro detuvieron el jueves de madrugada a dos diputados de la presidencia de Juan Guaidó. La detención provocó la reacción inmediata de Estados Unidos, exigiendo su “liberación” y amenazando con “represalias”. Para Carlos Alberto Ochoa, abogado penalista venezolano de 52 años y residente en Pamplona desde junio, el panorama en su país se ha complicado. “Si el régimen trata de hacer preso a Guaidó, la población saldrá a la calle. La gente ha perdido el miedo”, asegura el abogado. “Y si ocurre esto, estaríamos hablando de dos escenarios posibles: una guerra civil, una masacre que no queremos los venezolanos; o la intervención de una coalición internacional. Estos son los dos planteamientos que se están manejando tanto dentro como fuera del país ”. En Venezuela, Ochoa se significó por la defensa de cientos de jóvenes que habían sido detenidos con motivo de las manifestaciones contra el régimen de Maduro. “En 2017 sufrí los embates del Gobierno. Me dieron una golpiza y me dejaron tirado en la calle”, recuerda. “En otra ocasión fui interceptado por la policía y me quitaron el celular a punta de pistola. Por eso dejamos el país. No nos sentíamos seguros...”. Se trajo a Navarra su esposa y a sus hijos pequeños. Ochoa es uno de los casi mil venezolanos afincados en Navarra, una cifra que ha crecido en los dos últimos años. Ahora, reconoce, trata de adaptarse a una nueva vida vinculada a la hostelería. También realiza conferencias e intenta sensibilizar sobre derechos humanos. “Lo que sucede en mi país no es solo una crisis humanitaria, de alimentación o energética. En Venezuela hay un elemento grave que ha venido actuando desde 2010, cuando se hizo la crisis más fuerte. Existe una sistemática violación de los derechos humanos. No estamos pidiendo un cambio de Gobierno porque sea un capricho o porque el país esté destruido. Estamos pidiendo un cambio porque somos seres humanos. Merecemos ser tratados como seres humanos. Tenemos que hacernos respetar”. AÑO 2014: 340 DETENIDOS El abogado se remonta al año 2014 para tratar de contextualizar lo que se está viviendo en el país. “Ese año se iniciaron las protestas contra el régimen dictatorial de Maduro. Los jóvenes universitarios salieron a la calle y fueron reprimidos de una manera bastante fuerte. Nosotros trabajábamos en el estado de Anzóategui. Me reuní con mi socio, el abogado Manuel Ferreira, para analizar la situación, porque veíamos que los jóvenes estaban siendo privados de libertad. Eran detenidos y puestos a disposición de tribunales ordinarios. Los jueces tenían instrucciones de dejarlos sin libertad”. Ochoa y su equipo decidieron ayudar a estos jóvenes sin ningún tipo de retribución económica. “¿Qué pasó? En 2014 defendimos a 340 muchachos en nuestro estado, y ninguno quedó privado libertad. Se empezaron a dar defensas efectivas. Solo quedaban sometidos a medidas cautelares como prohibiciones de salir del estado o del país, etc. No podían participar en ninguna actividad pública”. El Estado reaccionó al comprobar la defensa “efectiva” de la que disponían los jóvenes. Adoptaron una estrategia nueva. Y los comenzaron a procesar en instancias militares. “Al final de 2014 hubo un solo caso que fue puesto a la orden de un tribunal militar. Se le imputaron delitos vinculados a rebelión, ultraje al centinela y a las fuerzas armadas”, detalla. “Lo novedoso de todo esto era que este muchacho no fue detenido por la Guardia Nacional, sino por la policía administrativa. A este joven le asistimos y no entró en la cárcel”. En marzo de 2017 “se recrudecieron las acciones violentas y el estado respondió con más violencia aún”, sigue explicando Ochoa. “Y aquí llegamos a la muerte de Diego Arellano”, subraya. En 2017 murieron asesinados en manifestaciones contra el régimen 127 jóvenes en todo el país. “Las víctimas resultaron ser objeto de agresiones con armas de fuego en todas las manifestaciones. La muerte de Diego fue notoria. Se ha podido comprobar que un contingente de la Guardia Nacional le disparó con armas no convencionales. Cambiaron los proyectiles de goma por esferas metálicas que se emplean en cacería mayor. Todo esto ha sido documentado por equipos de derechos humanos”, aclara. “Poco a poco, hemos ido documentando todo este tipo de material para que estas denuncias sean procesadas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte Penal”, precisa el abogado, revelando un nuevo dato: “El año que murió asesinado Diego fueron detenidos 5.400 jóvenes y fue utilizada la Justicia Militar de forma indiscriminada. Con todo esto, llegamos al hecho de que Maduro ha vulnerado de manera sistemática los derechos humanos de toda la población. El régimen ha encontrado como herramientas de ataque, o como aliados, al Tribunal Supremo de Justicia, que opera a su favor, a la dirección ejecutiva de la magistratura, al ministerio público y a unas fuerzas armadas nacionales que se encuentran comprometidas con el tráfico de oro, diamantes, gasolina…”. En 2018 Maduro adelantó las elecciones, “pero cometió un error”, deja claro Ochoa. “Al ganar de manera fraudulenta, la Unión Europea, el Grupo de Lima, la OEA y otras instituciones declararon las elecciones ilícitas. Maduro salió elegido en las elecciones fraudulentas del 20 de mayo, convocadas por una Asamblea Nacional Constituyente controlada por el régimen y no por un organismo electoral, tal y como ordena la Constitución. “Lo hecho por Guaidó se ajusta a derecho pues el artículo 233 de la Constitución establece que, ante la falta absoluta de un presidente electo, el presidente de la Asamblea Nacional toma posesión del cargo y convoca elecciones en un plazo de 30 días”, señala, recordando el proceso. “El problema de todo esto es que el poder lo detentan unas fuerzas armadas comprometidas con el narcotráfico”, reitera, a la vez que advierte: “En Venezuela va a pasar algo en cualquier momento para que se pueda retomar ese camino democrático. El Gobierno ha creado grupos paramilitares, civiles armados. Organizaciones dentro de barrios. Se les ha entregado todo tipo de armas de guerra, con el propósito de crear un grupo de contención en caso de… Estos grupos de contención no viven mejor que el resto de los ciudadanos. No hay alimentos. El aparato productivo del país lleva doce años paralizado. La ganadería y la agricultura están abandonadas. La pesca artesanal daba muchos frutos para mantener al país, pero ya no funciona por la inseguridad”. ¿QUÉ VA A PASAR AHORA? “Se aplicará el artículo 236 de la Constitución. Se hará por decreto. Juan Guaidó (presidente interino) ordenará a las fuerzas armadas desarmar a los colectivos armados. También se ordenará permitir el acceso de la ayuda humanitaria y se les dará oportunidades a los militares de alto rango de colaborar con la transición”, detalla. “Este artículo de la Constitución puede aplicarse en tres fases. Primero, se decretará el estado de alarma. Este estado de alarma nos llevará a decretar el estado de emergencia. Y si no tenemos una respuesta inmediata, iremos a la última fase: el estado de excepción. Y este estado de excepción permitirá a Guaidó invocar un nuevo artículo de la Constitución, el 187.11, con el que podrá solicitar apoyo a cualquier órgano internacional. No es llamar a una guerra, sino un apoyo para retomar el órgano jurídico y democrático. En cualquier caso, tengo fe en que los militares vayan a reaccionar y facilitar la fase de transición”.

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