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Renta garantizada

La Renta Garantizada bate récord en 2018, con una inversión de 103 millones

El máximo de perceptores se produjo en marzo, con 12.780 familias

Un indigente coge comida de un contenedor en la calle.

Un indigente coge comida de un contenedor en la calle.

ARCHIVO / EFE
Actualizada 15/03/2019 a las 08:40
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En los últimos nueve meses, los perceptores de Renta Garantizada han comenzado a disminuir progresivamente. El descenso paulatino se produce después de que la renta social que concede el Gobierno de Navarra alcanzara en marzo del año pasado su pico histórico de beneficiarios: 12.780 unidades familiares. Esto ha provocado que, a pesar de la “significativa tendencia a la baja” que aprecia el vicepresidente Miguel Laparra y “que parece consolidarse en el comienzo de este año”, con un descenso de 4,2% de las nuevas solicitudes respecto a enero y febrero del año anterior, 2018 finalizara con prácticamente los mismos beneficiarios que 2017 (12.562 familias en diciembre de 2018, 12.540 en diciembre de 2017). La inversión que ha tenido que hacerse en RG ha sido de 103,5 millones de euros, un 5,5% más que en 2017 (98 millones). “Supone un descenso de 12,8 puntos respecto a la variación interanual de 2017”, quiso destacar Laparra.


Todos estos datos se recogen en el informe anual sobre esta prestación, que ayer presentó Derechos Sociales.


MENORES, EL GRUPO MAYORITARIO

Si en vez analizarse los perceptores mes a mes, se contemplan aquellas unidades familiares que en algún momento del año han recibido la RG, las cifras son distintas. En 2018 hubo en esta situación 16.053 familias, que suponen 36.303 personas, un 2,2% más que el año anterior. De todas ellas, 52,87% fueron mujeres y el 47,13%, hombres.


De las 16.053 familias, algo más de una de cada cinco cuenta con un solo progenitor. Muy mayoritariamente, se trata de hogares encabezados por mujeres. También es significativo que, al margen de ser hogares monomarentales o no, las mujeres incrementan su peso como solicitantes de la ayuda: son el 56,8%, el dato más alto desde 2008.


En cuanto a los grupos de edad, el 36,5% de las personas atendidas por esta prestación son menores de edad (13.233), lo que les convierte en el grupo mayoritario, algo que ha sido una constante en los últimos años. En lo que sí se aprecia un cambio es en las edades de los solicitantes: bajan los grupos más jóvenes (18-44 años) y aumentan los mayores de 45 años. “Llevamos más de una década de aumento de solicitantes de más de 45 años, algo que parece tener que ver con las dinámicas del mercado de trabajo”, valoró el vicepresidente. No obstante siguen siendo mayoritarios los grupos intermedios de entre 35 y 44 años (31,7%) y el de entre 45 y 54 años (26,0%).


El 44% de los hogares es unipersonal, una cifra bastante estable en el tiempo, y ocho de cada diez cuentan con entre uno y tres miembros. También cabe destacar que un 10% tiene cinco miembros o más.
Por nacionalidad, dos tercios de los solicitantes son españoles, si bien se aprecia un ligero descenso respecto al año anterior. Hay que tener en cuenta que no se desglosa el dato por lugar de nacimiento, por lo que en esos dos tercios se incluyen también a todos los ciudadanos nacionalizados.


63%, EN PAMPLONA Y COMARCA

El 63% de los hogares que tienen que recurrir a la RG para alcanzar unos ingresos mínimos viven en Pamplona (40,9%) y en su Comarca (22,1%). Les siguen Tudela (15,8%), Estella (9,8%), Tafalla (6,1%), la Zona Noroeste (3,8%) y la Noreste (1,6%). En cuanto a zonas básicas y unidades de barrio destacan por encima del 5%, la Unidad de Barrio de la Rochapea (7,6% del total), la de la Milagrosa-Azpilagaña (6,5%), el Servicio Social de Base de Berriozar (5,4%), y el de Tudela (5,5%).


Por último, Laparra enfatizó que Navarra es la segunda comunidad con mayor tasa de cobertura respecto a la población en riesgo de pobreza, tras el País Vasco. Según el Informe de Rentas Mínimas de 2017, frente a una media nacional del 8%, Navarra alcanzó en 2017 una cobertura del 66,1%.

 

Datos renta garantizada en Navarra

“Incumplimientos” en el 4,4% de los expedientes



No estar inscrito como demandante de empleo, no comunicar algún cambio en la situación familiar, como que uno de sus miembros se marche a vivir a otro lugar, no notificar que se ha tenido un contrato de trabajo. Estos son algunos de los incumplimientos más frecuentes que se producen en los expedientes de Renta Garantizada, según detalló Gema Mañú, la directora de Inclusión y Protección Social. “Cada vez estamos siendo más escrupulosos y tenemos más medios para hacer este tipo de controles”, sostuvo. “Hay dos muy importantes: cruzamos bases de datos de perceptores con la base de datos de la Seguridad Social todos los meses. Lo mismo con la base de datos de demandantes de Empleo”.


En este sentido, Laparra destacó que en 2018 se ha alcanzado la tasa del 72% de expedientes controlados, frente al 21,7% de 2015. Se apreciaron incumplimientos en el 4,41%, lo que supone un crecimiento de 1,28 puntos porcentuales, “fruto del incremento de los mecanismos de control y seguimiento”, argumentó. “Aun así, es una proporción extremadamente reducida”, valoró.

 

El 30% en edad laboral ha sido contratado


Siete mil de los beneficiarios de 2018 fueron contratados a lo largo del año, con un total de contratos de 21.064, es decir, una media de 3 contratos por persona. Suponen un tercio de los perceptores en edad laboral y presentan algunas peculiaridades.


En global las personas migrantes presentan un mayor porcentaje de contratación, por encima de su porcentaje de representación en el conjunto total. Dentro de este colectivo, si además tienen la nacionalidad española, el porcentaje de personas contratadas se eleva en casi 4 puntos sobre el total de este grupo, tanto para los hombres como para las mujeres. En el caso de las personas que siendo migrantes tienen otra nacionalidad, solo se observa una proporción mayor de contrataciones en los varones.


Preguntado al respecto, Laparra valoró que esto responde “a que el fenómeno migratorio está muy asociado a un proyecto laboral”, mientras que la población autóctona que se encuentra en esta situación puede presentar otras circunstancias que “frenan” la incorporación laboral, vinculadas con “la marginación, la salud física y mental”.

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