Diario de Navarra

Las advertencias que tanto los letrados del Parlamento como el Consejo de Navarra realizaron días atrás sobre la posible ilegalidad de la nueva ley sobre violencia policial estuvieron este miércoles muy presentes durante el debate que se celebró en el Parlamento. La discusión se prolongó durante algo más de dos horas y dejó en el seno del cuatriparito, como reconoció la portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, una sensación “agridulce”. “Hemos hecho un gran esfuerzo para cumplir los criterios del Constitucional, pero el problema no es técnico, ni jurídico, sino político”, remarcó. Ruiz defendió la postura “posibilista” que había mantenido su grupo para lograr encauzar la norma que sustituirá a la ley actual, que fue anulada en lo básico por el Tribunal Constitucional. Lo mismo hizo Koldo Martínez, de Geroa Bai. “Pragmatismo para sacar adelante la ley y poder reparar y reconocer algunas de las víctimas”, resumió. Tras el varapalo judicial y el aviso a navegantes de los letrados y el máximo órgano consultivo de la Comunidad foral, el cuatripartito ha optado por perfilar la redacción de la nueva ley que tratar de sortear el principal veto del Constitucional que anuló de la norma anterior lo que regulaba la comisión que se crea para investigar solicitudes de víctimas al considerar que podía investigar y fijar hechos o conductas constitutivas de delito al margen del poder judicial e, incluso ante hechos que habían sido resueltos por la jurisdicción penal. CARÁCTER “SUBSIDIARIO” En lo que se insiste ahora es en que esa comisión tramitará las solicitudes de los afectados a través de un procedimiento administrativo susceptible de recurso. Así, en aras de salvar los reparos del tribunal se hace especial hincapié en el carácter “subsidiario” de ese procedimiento asegurando, como se recoge en el dictamen que se aprobó al término de la sesión, que esta actuación en ningún caso menoscabará las competencias judiciales. Desde las filas de la oposición, fue la portavoz socialista Inma Jurío quien protagonizó el grueso de las intervenciones para defender la batería de enmiendas con las que se grupo acudió al pleno para “intentar eludir las cuestiones de inconstitucionalidad que se pueden ocasionar”. “Hemos oído que es una ley bastante descafeinada, pero no se tratar de poner o quitar cafeína sino de hacer una norma que se ajuste a los requisitos del tribunal y que delimite los espacios para los que tenemos competencia”, apostilló. Por ejemplo, dijo, determinar el objeto de la ley “que son las víctimas, no lo autores”. “INTENTO DE BLANQUEO” La portavoz de EH Bildu acusó a la socialista de “repetir” en sus enmiendas muchas de las cosas que ya se recogen en el texto presentado por el cuatripartito y, también, de pretender vaciar la ley de contenido. Un término similar al que utilizó la portavoz de Podemos-Ahal Dugu-Orain Bai, Laura Pérez, que fue aún más lejos a la hora de valorar las enmiendas que presentó el PSN. Llegó a hablar de “intento de blanqueo” y “encubrimiento” de responsabilidades “para impedir el derecho a conocer la verdad por parte de la sociedad”. Finalmente, se incluirán en el texto algunos de los planteamientos socialistas. En algunos casos, respetando la literalidad de su propuesta y en otros haciendo suyos algunos de sus postulados en las cinco enmiendas in voce que el cuatripartito llevó ayer a comisión. Así, a instancias del PSN, en la norma quedan “expresamente excluidas” las personas que resultaran “fallecidas o heridas por la manipulación de armas o explosivos con propósito terrorista”, incluida la pretensión de “repeler o evitar actuaciones legítimas de las fuerzas y cuerpos de seguridad”. La enmienda que así lo dispone fue respaldada por UPN y PPN. Geroa Bai se abstuvo, mientras EH Bildu. Podemos-Ahal Dugu-Orain Bai e I-E se posicionaron en contra. Fue una de las 26 enmiendas que se debatieron durante la comisión, cinco de ellas las in voce que llevó el cuatripartito. Se aprobaron doce: las cinco de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu Orain-Bai e I-E, otras dos de Geroa Bay y cinco del PSN. Una partida en los presupuestos para financiar la comisión El dictamen de la proposición de Ley Foral de “reconocimiento y reparación” de víctimas “por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos” que ayer fue aprobado y el 21 de marzo se llevará a pleno, encomienda al Gobierno de Navarra la financiación, a través de una partida específicas en los presupuestos, de la nueva comisión de reconocimiento y reparación que crea para investigar las solicitudes de los afectados. El nuevo organismo deberá, dice el texto, dotarse de los medios materiales y humanos suficientes para desempeñar las labores de documentación, investigación y coordinación. Está integrada por nueve personas y deberá resolver en el plazo de un año los expedientes incoados al amparo del derecho a la verdad configurado en torno al conocimiento, documentación y aclaración de los hechos y circunstancias. Cada solicitud dará pie a un informe que deberá ser trasladado en el plazo de un año al responsable de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, quien dispondrá de tres meses adicionales para dictar resolución y un mes para hacerla llegar a la persona interesada. La declaración como víctima podrá implicar, además de asistencia sanitaria, el reconocimiento de indemnizaciones económicas por daños “físicos, y/o psicológicos y materiales”. En el plazo máximo de cuatro años desde su constitución, dicha comisión deberá elaborar dos informes, uno sobre sus actuaciones relativas al período entre 1951 y el 28 de diciembre de 1978 y otro desde esa fecha hasta la actualidad. Estos trabajos serán presentados también ante el Parlamento de Navarra.

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El cuatripartito intenta ahora salvar de la ilegalidad la ley de violencia policial

Una comisión tramitará solicitudes de afectados con un procedimiento administrativo, susceptible de recurso

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