Diario de Navarra

Peor cobertura de los servicios sociales, retroceso en la tasa de pobreza y más hogares con baja intensidad laboral -aquellos en los que los mayores de 18 años trabajan menos del 20% de su potencial-. Indicadores como el DEC (Desarrollo de los Servicios Sociales) o el AROPE, que analiza el nivel de pobreza y exclusión social, revelan que Navarra ha perdido posiciones en el ranking que mide a nivel nacional la cobertura de los servicios sociales. De ser “una de las comunidades más eficientes en la gestión”, según reza el informe DEC 2017, ha pasado a mostrar “signos de ineficiencia”. Institución Futuro ha analizado la evolución de los principales indicadores en el ámbito de los servicios sociales para tratar de conocer el impacto que el incremento de recursos públicos ha tenido en el área de Derechos Sociales: 221 millones de euros adicionales en el trienio 2016-2018 con respecto a los disponibles en el ejercicio 2015y que en su mayor parte -128 millones de euros- han ido a parar a la renta garantizada. La conclusión que extrae el think tank es clara: “Los recursos destinados a esta ayuda tienden a resolver un problema de corto plazo, pero lo hacen limitando el gasto disponible para políticas de equidad de mayor recorrido temporal como pueden ser las relativas a la empleabilidad de las personas”. El análisis le lleva a concluir que sería necesario lograr “un mejor mix” de estos dos enfoques, “en línea con el que es deseable entre las políticas activas y pasivas del mercado laboral, para aunar los objetivos de equidad y prosperidad” y todo porque, apostilla, “la mejor política social es una política económica que crea empleo”. El trabajo de Institución Futuro es el cuarto de una serie de estudios que comparan los Presupuestos Generales de Navarra del trienio 2016-2018 con los del último año de legislatura del anterior gobierno, el de 2015. Diario de Navarra empezó a publicar el pasado 5 de noviembre los resultados de dicho trabajo. En concreto, la institución cifra en 1.037 millones los recursos adicionales con lo que habría contado el Gobierno durante los tres primeros años de legislatura con respecto a los contemplados en el presupuesto de 2015. Recursos procedentes principalmente, sostiene, de la favorable coyuntura económica que permitió aumentar la recaudación fiscal (209 millones más vía impuestos directos y 591 millones vía impuestos indirectos), pero, también, de la reforma fiscal que supuso unos nuevos ingresos estimados de 219 millones. Ingresos que, tras ajustes, supondrían 712 millones más. 221 MILLONES ADICIONALES El cuarto trabajo del think tank analiza el gasto presupuestado por el departamento de Derechos Sociales, una de las grandes apuestas del actual Ejecutivo y que ha sido, tras Sanidad, el que más recursos adicionales ha recibido. En concreto, 221 millones de euros más, el 21,3% de los nuevos recursos con los que, según el análisis, contó el cuatripartito para el trienio 2016-2018. “La disponibilidad de más recursos, ¿ha permitido avanzar en el cumplimiento de los objetivos propios del área de Derechos Sociales? ¿Lo ha hecho de un modo eficiente”, se pregunta Institución Futuro en el informe. Para contestar, analiza la evolución reciente del índice DEC de Desarrollo de los Servicios Sociales. Un indicador que publica anualmente la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, referente en el ámbito de los servicios sociales por estar formada por más de 200 profesionales con amplia experiencia que ocupan puestos de responsabilidad en las instituciones, centros o servicios del sector. Se obtiene calificando diferentes aspectos en tres grandes dimensiones: derechos y decisión política, relevancia económica y cobertura de servicios. En 2017, último ejercicio con información disponible, Navarra ocupaba el tercer lugar, por detrás de País Vasco y Castilla León. Con una nota de 7,4 sobre 10 logró mejorar la calificación de 2015, que fue de 6,95, aunque perdiendo un puesto. Lo preocupante, advierte Institución Futuro, es que la comunidad empeora de manera notable en el apartado de cobertura a pesar de haber elevado la dotación presupuestaria más que cualquier otra y ampliado el marco legal-político. “Las intenciones políticas y los mayores recursos no han servido para una provisión eficiente de los servicios sociales”, concluye el think tank. El informe DEC 2017 llega, de hecho, a situar a Navarra en el grupo de regiones aquejadas de “ineficiencias” y anima a que se analicen las circunstancias por las que ha pasado de ser “una de las comunidades más eficientes en la gestión de sus servicios sociales, a mostrar signos de ineficiencia”. Instituto Futuro advierte de la distribución de esos nuevos recursos adicionales con los que ha contado Derechos Sociales. “La mayor parte, el 72%, fueron a parar a transferencias corrientes, con dos tercios de estas -128 millones- destinados a la renta garantizada”. Hay que tener en cuenta que la renta garantizada se diseñó como un modelo asistencial para paliar los problemas de desigualdad y pobreza de la economía navarra. Pero, también, como recuerda el think tank en su informe, que en 2015 Navarra, según el índice GINI, no sólo era “una de las regiones más ricas en términos de renta per cápita, sino también la menos desigual” debido en buena medida a “una política fiscal que, incluso durante la crisis económica reciente, generó más equidad”. ALGUNAS MEJORAS A lo largo de su análisis, Institución Futuro reconoce que, partiendo de esa posición aventajada, la política de derechos sociales que ha llevado a cabo el cuatripartito ha permitido mejoras en algunos indicadores. Es el caso, de la tasa de carencia material severa que se ha reducido de forma drástica pasando del 4,1% de 2012 o el 2,2% de 2015 a sólo un 0,3% en 2017. Por el contrario, se ha producido “un cierto retroceso” en indicadores “aparentemente más globales” como la tasa de pobreza AROPE que ha pasado del 13% de 2015 al 13,5% de 2017. También se ha incrementado el número de personas en hogares de baja intensidad de trabajo. “Si en 2015 se dedicaban 92,28 euros a mejorar la intermediación para la búsqueda de empleo por cada 100 euros que se destinaban a la Renta Garantizada o equivalente, en el año 2017 esa proporción había bajado a 51,75 euros”. Para el think tank, concentrando en la renta garantizada el incremento de recursos dedicados a Derechos Sociales se prima la ayuda “puramente asistencial y los recursos que se precisan para gestionarla”, algo que juzga “poco eficiente y cortoplacista” a la hora de atender la cobertura de las necesidades sociales, en línea con lo que se manifiesta, también, en el informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales.

Diario de Navarra

Institución Futuro aboga por combinar Renta Garantizada y políticas de empleo

Considera que centrar los recursos en la ayuda asistencial no ha mejorado la cobertura de los servicios sociales

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