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Así lo recopila un informe elaborado por Ignacio Pérez Macías, de la Universidad Carlos III de Madrid
Veintiocho asesinatos de navarros por parte de ETA no han sido esclarecidos o sus autores no han sido condenados. La cifra está recogida en un trabajo de Ignacio Pérez Macías, profesor asociado de Derecho Internacional Público de la Universidad Carlos III de Madrid.
En su informe, encargado por el Gobierno foral, Pérez Macías clasifica 49 atentados con víctimas mortales cometidos en Navarra (35) o fuera de la Comunidad foral pero con muertos vinculados a ella (14). Los 49 atentados arrojan un balance total de 56 asesinados (42 en Navarra y 14 fuera). La recopilación arranca con el policía municipal Eloy García Cambra, de San Martín de Unx y víctima de un atentado el 29 de agosto de 1972 en Galdácano (Vizcaya), cuya autoría no ha podido esclarecerse por la aplicación de la amnistía de 1977. Se cierra con Diego Salvá Lezáun, guardia civil pamplonés al que ETA mató el 30 de julio de 2009 en Mallorca, crimen aún en tramitación judicial. La mitad de los asesinatos a manos de los terroristas, 28 de 56, no se han esclarecido. Por atentados, la proporción es de 23 de 49: frente a los 26 que cuentan con sentencia condenatoria de los autores, 6 se han esclarecido de forma parcial (han sido condenados cómplices pero no los autores); 3 se encuentran en tramitación; y 14 están sin resolver. El informe sobre la situación procesal de los atentados mortales de ETA en Navarra se sustenta fundamentalmente en documentación facilitada por la Audiencia Nacional.
Pérez Macías subrayó la importancia de que la sociedad “tenga especial conciencia de lo que fue el terrorismo de ETA”. “Las víctimas del terrorismo no quieren olvidar, exigen memoria”, ahondó, para detenerse en la diferencia entre las víctimas de atentados mortales con sentencia y las que no la tienen, en lo referido a la reparación económica. “Las primeras cobran los máximos que establece la legislación y han accedido a los topes de la reparación material (500.000 euros), mientras que los casos aún sin resolver y sin sentencia han cobrado el baremo mínimo (250.000)”, indicó.
Además de por el autor, la presentación del informe corrió a cargo ayer de la consejera del Gobierno Ana Ollo y el director general de Paz y Convivencia, Álvaro Baraibar. Ollo, quien a partir del trabajo de Pérez Macías habló de la posibilidad de hacer informes personalizados para ayudar a cada víctima, defendió que, esta legislatura, el Ejecutivo “ha trabajado cada víctima en su propio contexto histórico, normativo y victimológico, sin mezclar, sin diluir, sin equiparar y sin comparaciones de unas víctimas con otras”. A continuación, Baraibar enumeró cinco informes en materia de terrorismo encargados durante la legislatura: cuatro en torno al terrorismo etarra y otro sobre “el terrorismo de extrema derecha en Navarra”.
Preguntada por las críticas de la Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo de ETA (Anvite) a la gestión gubernamental, Ollo respondió: “Entendemos sus críticas y no vamos a valorarlas. Con discrepancias o críticas, pero seguimos trabajando con Anvite y otras asociaciones”.
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