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La Red Jesuita pide reforzar los sistemas de asilo y protección para migrantes

La directora del servicio Jesuita a Refugiados en México, Andrea Villaseñor, ha comparecido en el Parlamento de Navarra

Caravana migrante: Honduras, km 0

Caravana migrante: Honduras, km 0.

Iván Benítez (archivo)
Actualizada 20/02/2019 a las 11:42
  • EFE. Pamplona
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La directora del servicio Jesuita a Refugiados en México, Andrea Villaseñor, ha pedido en el Parlamento de Navarra un fortalecimiento de los sistemas de asilo y protección a las personas migrantes tanto en países de América Latina como en Europa, pues la migración “es un derecho humano”.

Así lo ha manifestado este miércoles en una sesión de trabajo parlamentaria en la que ha comparecido junto a la coordinadora regional de la Red Jesuita con Migrantes en Centroamérica, Karla Rivas, y la directora de ALBOAN, María Mar Magallón, a petición de todos los grupos parlamentarios.

“Los países pobres sostenemos gran parte de la acogida de la población en desplazamiento forzado”, ha advertido Villaseñor, quien ha hecho un llamamiento “a este Parlamento y a la comunidad internacional para conocer y comprender esta realidad compleja”, así como sus “causas y causantes”.

Igualmente, ha pedido que se preste “atención especial a la situación de debilitamiento democrático” existente en Honduras “con este gobierno ilegal e ilegítimo”, y en Nicaragua “con el control absoluto de toda la institucionalidad y un evidente estado autoritario”.

Por todo ello, ha solicitado la colaboración de “cada quién desde sus espacios” para “animar la acogida desde una mirada positiva”, siempre “tendiendo puentes” desde la “humanidad”.

Tras indicar que la migración mueve entre 400.000 y 500.000 personas cada año, ha advertido de que últimamente a los hombres de entre 19 y 45 años se les unen niños, niñas, mujeres, adolescentes no acompañados y familias. Concretamente, en 2017 el 46 % de los niños y adolescentes viajaban no acompañados.

Villaseñor ha querido denunciar la “inseguridad” del tránsito hacia México, pues 7 de cada 10 personas han declarado haber sido víctimas de robo, extorsión, secuestro, abuso de autoridad o violencia sexual.

Según ha añadido, la extorsión en Honduras mueve 2 millones de dólares al año.

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Por su parte, la coordinadora regional de la Red Jesuita con Migrantes en Centroamérica, Karla Rivas, ha reivindicado que “la migración es un derecho humano y los Estados tienen el deber y la obligación de gestionar” estos procesos para que “la gente pueda tener la posibilidad de ofrecer su cultura” a los países de destino.

Según ha apuntado, desde octubre de 2018 unas 25.000 personas “han hecho su recorrido en esta modalidad que se llama caravanas”.

“Aunque hay migrantes que están buscando fuera de sus fronteras lo que no les dan sus países, también es un desplazamiento forzado”, ha dicho Rivas tras lamentar que la seguridad de estas personas “está en juego”.

Rivas también ha criticado la militarización, “que tiene como excusa la lucha contra el narcotráfico”, y que es posible debido “a la asistencia que da Estados Unidos” para que las personas “puedan tener en sus propios países una frontera que les impida llegar hasta los Estados Unidos”.

Asimismo, ha remarcado que 7 de cada 10 personas que integraban las caravanas, en los últimos 12 meses tuvieron que cambiar de residencia en su país de origen porque estaban siendo amenazados o habían vivido violencia o inseguridad.

“Ocho de cada diez dijeron que no tuvieron ningún tipo de apoyo de parte de las instituciones que deberían de brindarles seguridad y solo un ocho por ciento recibió apoyo del gobierno y otras organizaciones”, ha denunciado.

Magallón ha destacado por su parte que actualmente hay 68 millones de personas en el mundo en situación de refugio, “pero otros tantos millones de migrantes que tienen que desplazarse forzosamente por otras causas”.

“En Europa y Estados Unidos nos atrincheramos detrás de muros y concertinas –ha denunciado-, esto hace que, en nombre de la protección, esos recorridos se compliquen mucho más y pongan en riesgo la vida de las personas que tienen su derecho a movilizarse y buscar un lugar donde vivir mejor”.

Por ello, ha pedido “promover una cultura de acogida y convivencia en Navarra, ofrecer posibilidades de acceso a los servicios básicos a las personas refugiadas y migrantes que se encuentran en esta tierra, e incrementar el compromiso con la solidaridad internacional”.

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