Diario de Navarra

La Intervención General y el servicio de presupuestos y política financiera manifestaron sus dudas sobre la idoneidad de crear una fundación pública para la gestión directa de varios servicios sociales y cuya constitución se aprobó en el último consejo de Gobierno del año. Lo hicieron a través de dos informes y utilizando argumentos muy similares para poner de manifiesto sus reservas ante el incremento de gasto que podría implicar la creación de este organismo. Según figura en su memoria económica, la nueva fundación gestionará servicios ya adjudicados a terceros mediante contratación pública. En concreto, los de los Centros de Observación y Acogida (COA), la valoración de urgencia, los centros de servicios sociales de Estella y Tudela y el centro de día de justicia juvenil que, mantendrían las funciones que desempeñan en la actualidad. La primera en manifestar su opinión contraria a la nueva fundación fue la dirección general del Presupuesto. En un informe fechado el pasado 28 de septiembre, la directora general consideró que “deberían proponerse recursos adicionales para financiar, por parte del Departamento de Derechos Sociales, dicho incremento, con el fin de que encaje en el Marco Económico Plurianual”. Habló, también, de la necesidad de realizar “las estimaciones necesarias para valorar el impacto que tendría la negociación salarial” y por último, expresó sus dudas sobre los aspectos de la propuesta que fueron analizados por la Secretaria General Técnica y por el Servicio de Organización e Innovación Pública. Casi dos meses después del informe de Presupuestos, el 27 de noviembre, fue la directora del servicio de intervención general la que se opuso a la propuesta de creación de la fundación formulando un reparo de suspensión. Entre otros aspectos, cuestionó que ninguno de los informes recogiera “recurso adicional alguno de los que la Directora General del Presupuesto considera que deben proponerse para financiar el incremento de gasto” y que no se hubiera realizado ninguna estimación para cuantificar el impacto económico a futuro que la equiparación salarial conllevaría”. También calificó de “muy exigua” los 3.000 euros de dotación prevista para que la fundación eche a nadar. “No podemos afirmar que esta dotación sea adecuada y suficiente para el cumplimiento de los fines fundacionales y no una simple dotación testimonial que desvirtuaría notablemente la calificación de la entidad como fundación”, aseguró la Intervención General en su informe. El Gobierno, a propuesta del consejero de Hacienda y Política Financiera, resolvió la discrepancia el 26 de diciembre a favor de Derechos Sociales que asegura, entre otros aspectos, que la dotación inicial de 3.000 euros “no es el único patrimonio de la fundación” ya que, según sus estatutos, dispondrá, además, “de las aportaciones del Fundador, las subvenciones y otros ingresos…”. Su máximo responsable, el vicepresidente Miguel Laparra, explicará esta mañana durante la Comisión de Derechos Sociales todos los aspectos relacionados con la puesta en marcha de la nueva fundación pública. 154.215 EUROS MÁS De acuerdo con la Memoria Económica, el presupuesto de la fundación, asciende a 4.767.845 euros. En dicho documento se aclara no obstante que si a dicho importe se le descuentan los servicios que están actualmente contratados la diferencia es de apenas 154.217 euros. Al margen de ese gasto, la memoria habla de la necesidad de afrontar un gasto de inversión del orden de los 285.500 euros que incluye desde mobiliario a equipos informáticos y licencias pasando por obras de adecuación. De esa cantidad, 85.500 euros se invertirían en el COA de Xilema y otros 114.000 euros en el de Ilundáin. Los cálculos económicos recogidos en la memoria parten de la premisa de que los servicios mantengan las funciones que actualmente desempeñan y no tienen en cuenta el posible incremento salarial que podría derivarse de la equiparación del personal que pasaría a la Fundación Según se asegura en el informe, esa posibilidad de incremento salarial “no está cuantificada y se desconoce el periodo en el que podría efectuarse”.

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Dos informes cuestionaron la nueva fundación de servicios sociales

La Intervención General calificó de “muy exigua” los 3.000 € para que la entidad inicie su actividad

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