UPN ha solicitado que se levante testimonio para su traslado a la Fiscalía de lo declarado por el promotor de Davalor Salud, Juan José Marcos, ante la comisión que investiga la gestión de la sociedad pública Sodena.

La solicitud de UPN se produce "a la vista de la abierta contradicción" entre la afirmaciones de Marcos la semana pasada y las realizadas este lunes por el cofundador de la empresa, Andrés Escudero, quien también ha aportado documentación.

En concreto, UPN alude a una presunta falta a la verdad durante la comparecencia de Marcos, que de ser tal, según el Código Penal, puede ser castigada con pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses.

Al respecto subraya que "los testimonios y la documentación aportados por el socio de Davalor y propietario de la empresa Davalor Software hacen insostenible la veracidad de gran parte de lo declarado por el administrador único de Davalor Salud, Juan José Marcos".

Para UPN, dice en un comunicado, "es particularmente grave que, mientras Juan José Marcos negó reiteradamente la incidencia de un inminente concurso de acreedores en las apresuradas gestiones dirigidas a que el vicepresidente Ayerdi decidiera prestar un millón de euros, hoy hemos conocido que en las mismas fechas la empresa Davalor Salud había devuelto hasta tres pagarés por valor de 170.000 euros y estaba apremiada por la interposición de un concurso necesario de acreedores".

Los regionalistas denuncian también que "por parte del vicepresidente Ayerdi nunca se pusieron de manifiesto estos hechos y la inminencia de un concurso de acreedores, a la par que de forma personal negociaba con los señores Marcos y Baztarrika la concesión de un préstamo de un millón de euros en contra del criterio técnico de Sodena y de los acuerdos de su consejo de administración".

"Lo revelado hoy apunta que las gestiones y acuerdos adoptados por Ayerdi en el mes de septiembre de 2015 de manera irregular (destitución de todo el consejo, nombramiento de solo tres consejeros y adopción del acuerdo en una semana) pudieron estar motivados por la urgencia de los impagos y el posible concurso de acreedores", añade.

Y asevera que "especial gravedad" tiene a su juicio el hecho de que el socio de Davalor, basado en los datos de la compañía, haya confirmado que "ya en 2014 la empresa era un cadáver" y que nunca se puede considerar como una start up a una empresa que abona a su administrador único un salario de 150.000 euros anuales.