El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha anulado una convocatoria de ayudas del Gobierno de Uxue Barkos, por la que se concedieron en 2017 un total de 17.900 euros a un equipo de la Universidad Pública del País Vasco (UPV) para elaborar un trabajo sobre víctimas de torturas en Navarra entre 1960 y 2017.

Así, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha anulado la orden foral de la consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, que autorizaba un gasto total de 30.000 euros para subvencionar investigaciones científicas y recopilaciones documentales sobre “hechos violentos provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos en Navarra”. Con esta decisión, el tribunal ha dado la razón a la Delegación del Gobierno central en Navarra, que recurrió la orden foral.

Además de los 17.900 euros para la UPV, otros 12.090 euros fueron concedidos a dos investigaciones de la Universidad Pública de Navarra, pero al final la UPNA no recibió las subvenciones, ya que no pudo presentar a tiempo los justificantes necesarios, explicó en su día la consejera Ollo.

Basada en una ley anulada

Esta convocatoria de ayudas se basaba en la ley navarra de reconocimiento y reparación a víctimas de violencia policial o de grupos de extrema derecha que aprobaron al final de la pasada legislatura Izquierda-Ezkerra (que la impulsó), Bildu, Aralar, Geroa Bai y el PSN. El pasado julio, tras un recurso que había planteado el Gobierno de Mariano Rajoy, el Tribunal Constitucional anuló casi toda esta norma. En concreto, consideró inconstitucional lo que afecta a la creación de una comisión para investigar este tipo de hechos. Argumentó que esta investigación se iba a realizar al margen del poder judicial e incluso la comisión hubiese tenido potestad para “desconocer lo ya resuelto por la jurisdicción penal”.

Argumentos del TSJN

El Gobierno de Uxue Barkos y la Universidad del País Vasco han defendido que la convocatoria de ayudas nada tenía que ver con la comisión y los artículos de la ley recurridos y ahora anulados. Pero no lo ve así la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN, que sostiene que la orden foral pretendía desarrollar preceptos de la ley declarados inconstitucionales y es, por tanto, contraria a la sentencia del Constitucional.

La Sala considera que el fin de esos trabajos subvencionables coincide con el ámbito de investigación que se atribuía a la comisión declarada inconstitucional por interferir con la actividad investigadora y de enjuiciamiento encomendada a juzgados y tribunales. “Es evidente que la subvención pretende financiar trabajos que van a versar sobre los mismos actos sobre los que tenía competencia la comisión de investigación y con el objetivo de ser presentados a la sociedad a modo de conclusiones”, señala la sentencia.

El TSJN destaca que eso se constata en un somero análisis del informe que fue subvencionado, el de la UPV, un trabajo de investigación universitaria “sobre la tortura en base a denuncias y testimonios grabados en vídeo, así como periciales psicológicas, es decir, sobre hechos que han podido ser o podrían ser objeto de investigación judicial”.

La consejera Ana Ollo anunció ayer que el Gobierno recurrirá la sentencia del TSJN. En declaraciones a Efe, Ollo sostuvo que la convocatoria de ayudas anulada “no sólo es legal, sino que es justa y reparadora con las víctimas de extrema derecha”. Mantuvo que el Ejecutivo ha trabajado en el “reconocimiento y reparación de todas las víctimas de la violencia, cada una en su contexto” y que sentencias como esta “son un obstáculo para avanzar en ese reconocimiento”.

La presidenta del PP Ana Beltrán exigió ayer la dimisión de la consejera Ana Ollo por “haber pretendido saltarse la ley”. UPN destacó que el departamento de Ollo “se ha destacado como el más sectario y tramposo en el uso del dinero público”. Podemos, por el contrario, discrepó de la sentencia.