Diario de Navarra

Estos días suena a todo volumen la letra de Resistencia, del grupo vallecano S-KAPE, en las protestas que los sindicatos CC OO y UGT mantienen frente al Parlamento foral. No es la única forma de hacer oír su voz. Han acudido también junto a ELA a una comisión de Salud y han mantenido encuentros informales con alguno de los grupos. Su objetivo, la retirada de la proposición de Ley que regulará la situación laboral de los trabajadores subrogados en procesos de internalización de servicios que hoy prestan empresas privadas. Según estos sindicatos, la nueva normativa abre la posibilidad del despido de cientos de trabajadores en el plazo de tres años una vez se apruebe la reversión del servicio a lo público. Al final, se ha abierto una vía en el cuatripartito. Podemos ha sido el que ha dado su brazo a torcer y ha anunciado al resto de socios que no apoyará la norma tal y como está. La Ley se iba a votar en el Pleno de este jueves y se ha retirado para dar tiempo a la incorporación de enmiendas que salven los aspectos más controvertidos. La internalización, la palabra en sí se las trae, es el proceso por el que la Administración recupera la gestión directa de servicios públicos que son prestados por empresas privadas. Un precedente muy cercano y complicado para los trabajadores fue el de cocinas de Hospitales, un servicio que se había privatizado en la anterior legislatura de UPN. Ya hay otros servicios, como el de ambulancias de soporte vital, con 15 trabajadores afectados, en el punto de mira de la reversión de lo público, pero los sindicatos hablan de cientos de puestos de trabajo que podrían verse afectados. En realidad, cualquier servicio de carácter público es susceptible de ser revertido. “Si mañana la Mancomunidad decide revertir el Transporte Urbano Comarcal, son 500 conductores los que se irían a calle”, advierte Cecilio Aperte, responsable del área de servicios a la Ciudadanía de CC OO. Tampoco es nuevo en el seno de la Mancomunidad el debate sobre la posible reversión a lo público del servicio de recogida de basuras, que hoy da trabajo a más de cuatrocientos trabajadores de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). DESPIDO A LOS TRES AÑOS La proposición de Ley que ahora ha retirado el cuatripartito regula un aspecto clave en cualquier proceso de ‘internalización’ de servicios en lo público y es lo que se refiere al personal que hasta la fecha presta dicho trabajo. Así, se crea una figura que es la del personal ‘internalizado’, lo que para Manuel Gómez, secretario del sector de Transportes de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT, no es sino “un despido en diferido”. Y es que, de acuerdo a la proposición de Ley, en un plazo no superior a tres años todos los puestos de trabajo deberán salir a oferta pública de empleo. Aquí es donde surge el conflicto. Los sindicatos mantienen que en cualquier sucesión de empresas los trabajadores deben mantener sus derechos laborales, “independientemente de que cambie la titularidad”. Cecilio Aperte (CC OO), recuerda sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en las que se establece que esta obligación se mantiene “incluso si es una Administración pública la que se haga cargo del servicio”. Desde el cuatripartito se ha hecho hincapié en que no es posible asumir como funcionarios a estos trabajadores al margen de las vías establecidas de los concursos-oposiciones. Pero desde los sindicatos se responde que tampoco es esto lo que pretenden los trabajadores. “No quieren ser funcionarios. Sólo que se respeten sus condiciones laborales”, indica Aperte. Y pone como ejemplo al Ayuntamiento de Ansoain, donde se ha mantenido a los trabajadores que prestaban servicios que se han revertido a lo público. Un camino para ello es la creación de una empresa pública que asuma a ese personal con sus condiciones laborales. También, indican, existe la posibilidad de que el Gobierno no proceda a la cobertura de las plazas hasta que estos trabajadores se jubilen o abandonen el servicio. “Lo que no puede ser -dicen- es acudir al despido para cercenar derechos laborales adquiridos”.

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El cuatripartito duda en si abre la puerta o no al despido de cientos de subrogados

Aplazada la votación de la ley que regulará la situación laboral del personal

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