La presidenta de la Cámara de Comptos, Asun Olaechea, ha afirmado que la reestructuración del sector público foral llevado a cabo entre 2010 y 2016 conllevó un ahorro de 32,57 millones de euros y supuso la desaparición de 30 entes públicos.

Así lo ha manifestado esta mañana en comisión parlamentaria, donde ha comparecido a petición de Geroa Bai para presentar el informe sobre la reestructuración del sector público foral de Navarra.

Según ha explicado, dicha reestructuración fue una de las medidas adoptadas como consecuencia de la crisis económica “para llegar a un sostenimiento de las finanzas públicas”.

En este sentido, ha indicado que Navarra pasó de contar con 60 entes públicos en 2010 a 30 en 2016, lo que supuso una reducción de un 50%.

De esta forma, se pasó de tener 12 organismos autónomos a 8, las sociedades públicas pasaron de 39 a 17 (224 empleados menos), de las 7 fundaciones públicas existentes se pasó a 4, y se suprimió el Consejo Audiovisual.

En palabras de Olaechea, los procesos de reordenación en el sector público administrativo no fueron guiados por ningún plan de actuación y “no constan efectos económicos de esta reordenación”.

También ha subrayado que la supresión de las fundaciones públicas siguió el plan de acción 2013-2015 de la Administración, aunque tampoco constan efectos económicos de la supresión de las 3 fundaciones.

La reestructuración empresarial, que aportó un ahorro de 32,57 millones de euros, se llevó a cabo a través de dos planes de ordenación con un cumplimiento “razonable” de los objetivos, según ha afirmado la presidenta de Comptos.

Además de la reestructuración de las plantillas y la reducción de personal, destacan otras medidas llevadas a cabo, como la refinanciación de la deuda, la externalización del circuito de Los Arcos y modificaciones en las retribuciones de los consejeros.

Ante estos hechos, Comptos recomienda “acometer la planificación de los procesos de reordenación de forma integrada, conjunta y desarrollada a través de planes específicos”; incluir en los planes de reordenación “objetivos concretos, cuantificables y evaluables”; y aprobar, por parte del órgano competente, los planes de reordenación “cuando así lo requieran las normas aprobadas al afecto”.