A finales de mayo, durante la cuarta huelga de jueces y fiscales, la más mayoritaria de la historia, el entonces ministro de Justicia declaró que el Gobierno compartía “buena parte” de sus reivindicaciones y que su solución ya estaba en marcha. Medio año después, no solo no se han materializado sino que los jueces y fiscales volvieron a paralizar su actividad para reclamar unas condiciones “dignas” y una separación de poderes, algo que en los últimos días, con el reciente pacto político para la renovación del Consejo General del Poder Judicial ha ganado intensidad en el debate. En Navarra, el 66,7% de los jueces y magistrados (44 de 66, dos más que en mayo) secundó la huelga, mientras que en el cuerpo de fiscales lo hizo el 23,8% (5 de 21, mientras que hace medio año fueron 13). En total, se tuvieron que suspender un total de 62 actuaciones judiciales (en mayo fueron 98).

La jueza decana de Pamplona, Mari Paz Benito, apuntó que la huelga era “una ocasión idónea para demostrar a la sociedad que los jueces y fiscales defienden una absoluta separación de poderes, un Consejo General del Poder Judicial realmente independiente y una carrera judicial y fiscal con unas condiciones profesionales dignas y al servicio de los derechos de los ciudadanos”. A continuación leyó un comunicado firmado, como ocurrió en mayo, por las cuatro asociaciones de jueces y tres de fiscales.

En dicho comunicado se señala que en estos días asisten “a un nuevo episodio en el permanente cuestionamiento del Estado de Derecho”. “Una vez más, sin el más mínimo respeto por el poder judicial ni por el poder legislativo que aprueba unas leyes que todos debemos cumplir, se anuncia el acuerdo entre algunos partidos políticos sobre el próximo presidente del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial”, añade. Al respecto, apunta que “un Consejo elegido por las fuerzas políticas va a generar siempre dudas sobre la independencia de la justicia, con el riesgo evidente de mermar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, y en última instancia en el propio Estado de Derecho”.

El texto continúa señalando que estos hechos “se producen en el marco de una situación insostenible en la carrera judicial y fiscal, que ha llevado a todas las asociaciones de jueces y fiscales a la huelga”. En este sentido, recuerda sus reivindicaciones sobre la independencia judicial, que consisten en “medios materiales para poder dar una adecuada respuesta a los ciudadanos”, la derogación del artículo 324 de la ley de enjuiciamiento criminal (el artículo que limita las instrucciones ordinarias a solo seis meses), “cargas de trabajo saludables, retribuciones dignas, derecho a permisos y licencias, creación de plazas e incremento del número de jueces y fiscales, y condiciones laborales dignas para los que acaban de acceder a la carrera judicial y fiscal”.

En la lectura del comunicado, la jueza decana de Pamplona estuvo acompañada de Esther Fernández Arjonilla, de Foro Judicial Independiente; María Jesús Azcona, de la Asociación Profesional de la Magistratura; Patxi Úriz, representante del Ministerio Fiscal; Daniel Rodríguez, de Jueces y Juezas para la Democracia; y Luis Gabriel Martínez Rocamora, de la asociación Francisco de Vitoria.