La Audiencia Provincial juzga entre este martes y el próximo 27 de noviembre la mayor estafa piramidal de la historia en Navarra. El fiscal pide para el acusado, un asesor pamplonés de 75 años, un total de 8 años de prisión por haber estafado más de 12 millones de euros a más de 50 personas de Ultzama y cuenca de Pamplona con una trama que duró 15 años. El procesado, Miguel Olagüe Roncal, reconoce la estafa pero reduce la cantidad adeudada a los afectados a 1,5 millones. Su defensa reclama la imposición de dos años de cárcel -ya cumplidos en prisión provisional- y la absolución de sus dos hijas, a las que la Fiscalía pide 5 años.

El juicio arrancará este martes con las cuestiones previas de las partes y la declaración del encausado. Durante las vistas, además de la implicación de los acusados y las cantidades adeudadas, también se debatirá sobre la posible responsabilidad civil de los seguros, la única vía que tienen los afectados para cobrar. El procesado ya se declaró insolvente en su día

Según el fiscal, el asesor se aprovechó de su “solvencia profesional y la confianza que los clientes tenían en él” para estafarles. Lo hizo a través de su asesoría, situada en Pamplona, y donde el acusado se dedicaba desde 1992 a asesorar a empresas en el área fiscal y contable. También ofrecía servicios de asesoramiento fiscal, administrativo y financiero como agente del Banco Santander y de Iberagentes (que fue adquirido por Credit Lyones y luego por Banco Popular), asesorando a sus clientes en la realización de inversiones en esas entidades.

Al menos desde 1999 y hasta 2014, “con ánimo de obtener un lucro ilícito”, el asesor ofrecía a los clientes de la asesoría y a otras personas conocidas invertir cantidades de dinero. “El acusado inducía a error a estas personas al hacerles creer que realmente destinaba su dinero a inversiones reales, prometiendo la entrega de elevados intereses, explica la fiscal. Para dar veracidad a estas supuestas inversiones y que los inversores confiaran en él, sigue el escrito de acusación, elaboraba y mostraba documentos “mendaces” como un balance de cuentas, indicándoles que el dinero se invertía en inmuebles para grandes compañías que recibían rentas por el alquiler de los mismos. Sin embargo, el acusado “utilizaba el dinero entregado por los nuevos inversores para abonar falsos intereses a los anteriores y así conseguir que estos siguieran entregándole dinero”. La mayoría de las entregas se hacían en la asesoría, y como recibos entregaba documentos con membrete de la asesoría. La Fiscalía añade que el acusado explicaba a los clientes que, en caso de que él falleciera, sus hijas “responderían de las inversiones”.