El Gobierno de Navarra insistió ayer en que no devolverá el IRPF retenido desde 2014 en las prestaciones por maternidad. Argumentó que la sentencia del Tribunal Supremo, que ha determinado que estas prestaciones quedan exentas, sólo afecta a la ley nacional y no a la norma navarra. Así lo recalcó la portavoz del Ejecutivo, María Solana, ante las preguntas de los periodistas.

Hacienda considera que la ley foral “deja muy claro, sin lugar a dudas ni interpretaciones, que no hay tal exención”, recalcó. “Creemos que resulta difícil, casi imposible, que un tribunal obligue a Navarra a una resolución similar a la del Estado”, concluyó.

En el hipotético caso de que tuviera que realizar la devolución de lo retenido por IRPF entre 2014 y 2017, el Gobierno calcula que el coste sería de 28 millones de euros (7 millones/año).

Solana indicó que “sorprende” que UPN, PSN y PP “exijan” esa devolución, cuando fueron quienes en 2012 aprobaron la ley foral por la que esa exención dejó de aplicarse en la Comunidad.

Se le preguntó si esta situación no deja en clara desventaja a las personas afectadas en Navarra con respecto al resto de España, donde se devolverá esa retención con efecto desde 2014. Solana respondió que “si han estado en desventaja es gracias a la ley que UPN, PSN y PP aprobaron”.

Deducciones en Navarra

La portavoz indicó que el Gobierno de Navarra “ya se adelantó” a la sentencia del Tribunal Supremo, y por eso impulsó entre las medidas fiscales para 2019 que ahora debatirá el Parlamento una deducción de hasta el 25% en el IRPF de las prestaciones por paternidad y maternidad (se notará en la declaración de IRPF de 2020). Será para trabajadores por cuenta ajena y autónomos y supondrá unos 7 millones de coste al año. “Lo mismo o un poco más de lo que supondría la exención de las prestaciones”, agregó. Podrán beneficiarse unas 6.000 familias, calcula Hacienda.

El Ejecutivo sostiene que esta deducción es una medida fiscal “más equitativa” y “más progresiva” que las exenciones, y “favorece a las rentas más bajas”.

Es una deducción en la cuota a pagar y se aplicará haya o no cuota líquida y aunque no se tenga que hacer la declaración. Será progresiva en función de los ingresos. Así, una persona con 30.000 euros de ingresos anuales y que perciba una prestación por maternidad de 10.000 euros, tendrá una deducción en su cuota diferencial de 2.500 euros (el 25% de la prestación) cuando realice la declaración. El porcentaje de deducción se reduce cuanto mayores son los ingresos: es de un 20% para ingresos de 45.000 euros; del 15% para los de 60.000 euros; del 10% en los de 75.000 euros; del 5% para los de 90.000 y desaparece a partir de 105.000.