Diario de Navarra

El Gobierno de Navarra tiene previsto aprobar tras el verano el proyecto de ley de Participación Democrática de Navarra. El borrador del anteproyecto elaborado por el Ejecutivo contempla que los ciudadanos puedan impulsar la reprobación de un cargo público del Gobierno. Además, tendrán la posibilidad de plantear en el Parlamento la creación de una comisión de investigación. La norma regulará las consultas ciudadanas. Ese anteproyecto ha pasado por un proceso de participación pública y una negociación en el seno del cuatripartito. A falta del visto bueno final, se espera que el Ejecutivo envíe el proyecto de ley este otoño al Parlamento para su debate y aprobación. Los detalles que se ofrecen a continuación son los que plantea el borrador inicial de anteproyecto, por lo que se espera que sufra variaciones a lo largo de todo el proceso. REPROBACIÓN E INVESTIGACIÓN Esta norma regulará la capacidad de los ciudadanos para presentar iniciativas en el Parlamento, incluyendo, como se señalaba, la reprobación de cargos del Gobierno o la creación de una comisión de investigación en torno a algún asunto en concreto. Según la propuesta inicial, un grupo de al menos 10 personas podrá iniciar el trámite parlamentario para reprobar a cualquier miembro del Ejecutivo, detallando las razones. La Mesa del Parlamento decidirá si lo admite a trámite. Si es así, los promotores deberán recoger las firmas necesarias, un 1% del censo electoral de Navarra. La iniciativa deberá ser asumida, al menos, por un grupo parlamentario. Lo que no podrán promover los ciudadanos es la revocación, es decir, dejar sin cargo a ese miembro del Gobierno. El anteproyecto argumenta que no cabe esa posibilidad en este sistema político, porque los ciudadanos no eligen cargos individuales. Para impulsar una comisión de investigación, y a reserva de futuros cambios de la propuesta, se plantea que será necesario que la promueva un mínimo de 10 personas. El trámite lo decidirá la Mesa de la Cámara y se abrirá un plazo para que cualquier grupo decida asumir la iniciativa. Si ninguno lo hace, los promotores deberán conseguir firmas ciudadanas de apoyo: el equivalente al 3% del censo electoral de Navarra, según la propuesta. La decisión final deberá adoptarla el pleno del Parlamento. El anteproyecto recoge que para ello será necesario que un tercio de la Cámara (son 50 los parlamentarios) vote a favor. CONSULTAS CIUDADANAS Uno de los puntos del anteproyecto que ha sido más debatido por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E ha sido el relativo a las consultas ciudadanas y el alcance que éstas pueden tener. El propósito, según fuentes del cuatripartito, sería que estas consultas tengan las máximas competencias que permita la normativa. La propuesta inicial del Ejecutivo señala que con las consultas ciudadanas no se solventaría algo mediante una votación, sino que su fin más bien sería recabar una opinión sobre uno o varios asuntos de interés público. La novedad es que también contempla consultas en asuntos que afecten a la Comunidad, no sólo locales. Podrán participar, según la propuesta inicial, los mayores de 16 años que lleven más de un año empadronados en Navarra. La iniciativa, si afecta a toda la Comunidad foral, partiría de la presidencia del Gobierno de Navarra o de ciudadanos, entidades u organizaciones. En este caso, el presidente del Ejecutivo podrá solicitar un dictamen del Consejo de Navarra sobre si la propuesta se adecua al ordenamiento jurídico. Según el anteproyecto, no podrá haber más de 3 consultas ciudadanas forales al año ni se podrán promover sobre asuntos ya consultados. También se regularán las consultas ciudadanas locales. Anteproyecto de Ley de Participación Democrática en Navarra Esta es la regulación inicial propuesta, pero que sufrirá a buen seguro variaciones en el proyecto que aprobará en otoño el Gobierno de Navarra tras el proceso de participación y negociación en el cuatripartito, y en el posterior debate en el Parlamento. PROCESOS PARTICIPATIVOS: 1. Proceso deliberativo. Consiste en abrir un debate público para adoptar una decisión política relevante. Lo abrirá el responsable político para saber qué opina el ciudadano. 2. Presupuestos participativos. El Gobierno podrá abrir un proceso de participación que ayude a priorizar en aspectos puntuales del gasto. Las entidades locales podrán iniciar este proceso para sus presupuestos. 3. Consultas ciudadanas. Podrán participar mayores de 16 años con más de un año censados. No se trata de solventar algo en una votación, sino de recabar opinión sobre una cuestión. La iniciativa, si es sobre un asunto de la Comunidad foral, podrá partir de la presidencia del Gobierno o de ciudadanos. INICIATIVAS CIUDADANAS ÁMBITO AUTONÓMICO A/ ANTE EL PARLAMENTO 1. Iniciativas legislativas: Ya se hace, pero desaparecen algunas limitaciones, como la necesidad de que el Gobierno acepte la parte económica. Se facilita el proceso de recogida de firmas, permitiendo el formato digital. 2. Mociones. 3. Declaraciones. 4. Reprobaciones de cargos del Gobierno. 5. Preguntas. 6. Interpelaciones al Ejecutivo. 7. Peticiones de información. 8. Comisiones de investigación. La norma propone que si su origen es una iniciativa ciudadana, para su creación sería suficiente el asentimiento de un tercio de la Cámara navarra (cuenta con 50 parlamentarios en total). B/ ANTE EL GOBIERNO 1. La convocatoria de procesos participativos. Los ciudadanos podrán solicitar que se convoquen presentando una serie de firmas. 2. Otras: Se podrán plantear iniciativas reglamentarias, etc. ÁMBITO LOCAL Iniciativas ciudadanas ante el Ayuntamiento: Los ciudadanos podrán realizar cualquier propuesta en su municipio, pedir que se abra un proceso participativo local o trasmitir iniciativas y sugerencias. DESDE EL GOBIERNO Programas del Ejecutivo: deberán incluir la exposición pública y un proceso participativo. Web: Habrá un espacio en internet sobre los procesos de participación abiertos. Los ciudadanos que hayan promovido iniciativas podrán allí recoger digitalmente firmas y colgar vídeos, audios u otros elementos. Firmas: Habrá un modelo de acreditación y recogida, con un sistema de usuario y contraseña validado por la Administración “más rápido, ágil y accesible que el tradicional de firmas en papel o que el más reciente, pero de escasa acogida ciudadana, de la firma electrónica”, se señala.

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Los ciudadanos podrán impulsar la reprobación de cargos del Gobierno

Además, tendrán la facultad de plantear en el Parlamento la creación de comisiones de investigación

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