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Gobierno de Navarra

El cuatripartito asegura que las víctimas de violencia policial están “en desamparo”

El Gobierno vasco alega que su ley sobre abusos policiales es “muy diferente” a la navarra, anulada por el TC

El cuatripartito asegura que las víctimas de violencia policial están “en desamparo”
En primer plano, en el hemiciclo del Parlamento, José Miguel Nuin (I-E) y Koldo Martínez (Geroa Bai); detrás, la presidenta foral Uxue Barkos, junto a los miembros de EH Bildu Adolfo Araiz y Maiorga Ramírez.
  • Marcos Sánchez
Actualizada 01/08/2018 a las 08:22

Las cuatro formaciones que sostienen al Gobierno de Uxue Barkos -Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra- consideran que las víctimas de violencia policial o la ejercida por grupos de extrema derecha quedan “desamparadas” después de que el Tribunal Constitucional haya anulado la práctica totalidad de la Ley Foral de “reconocimiento y reparación”.

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Así figura en una propuesta de declaración institucional que el cuatripartito ha registrado y que el Parlamento aprobará el viernes al contar ya con mayoría los impulsores. La iniciativa busca que la Cámara se “comprometa” a “defender los derechos” de las víctimas de la violencia policial o de grupos de extrema derecha, y a “analizar todas las vías posibles para hacer efectivos su reconocimiento y la reparación”. Así mismo, el cuatripartito reclama al Ejecutivo foral que “haga suyo este compromiso y adopte las medidas necesarias para tal fin”.

Tras estimar parcialmente el recurso que presentó el anterior Gobierno central del PP por medio del Abogado del Estado, el Alto Tribunal ha tumbado el grueso de una norma foral que fue aprobada al final de la pasada legislatura gracias al apoyo de I-E, Bildu, Aralar, Geroa Bai y el PSN. UPN y el PP votaron en contra. Su anulación se debe, principalmente, a la creación prevista en la ley de la Comisión de Reconocimiento y Reparación, financiada por el Gobierno foral y elegida por el Parlamento, que investigaría hechos relacionados con la violencia ejercida por Cuerpos policiales y grupos de extrema derecha desde 1950. “Estaría llamada a la investigación y la fijación de hechos o conductas constitutivas de delito, al margen, por entero, del Poder Judicial y con potestad, incluso, para desconocer lo ya resuelto por la jurisdicción penal”, ha sentenciado el Constitucional, para concluir que “es contrario a la Constitución”.

El cuatripartito, por medio de su declaración institucional, hará que el Parlamento rechace la resolución del Tribunal Constitucional, al que censura: “Una vez más se enfrenta a la voluntad del Parlamento de Navarra y de la mayoría política y social de Navarra, impidiéndonos adoptar las decisiones oportunas para hacer efectiva la potestad que tiene Navarra a efectos de reconocimiento y reparación de estas víctimas”.


EUSKADI Y SU COMISIÓN

Según la ley foral anulada, el Parlamento debía elegir a los miembros de la Comisión de Reconocimiento y Reparación, nueve en total, “independientes” y con “alto prestigio social y moral”; con “suficiente cualificación y experiencia profesional”; y especializados en “Derecho, Criminología, Sociología, Psicología o los Derechos Humanos”. La comisión estaba llamada a trabajar “con base en instrumentos internacionales homologados y al margen de toda interferencia en el plano legal”. No obstante, la norma truncada señala que, en los casos en los que no exista sentencia “aclaratoria” sobre la autoría de los hechos, la comisión “determinará de forma veraz y coherente una interpretación que esclarezca lo sucedido”. Así, el órgano resolvería quién es víctima y tiene derecho a indemnizaciones.

A pesar del fallo del Constitucional, el Estado, ahora con el PSOE en el Gobierno, va a retirar el recurso que el gabinete de Rajoy también presentó en contra de la ley vasca de “reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política”. Está previsto que el Ejecutivo de Pedro Sánchez apruebe la retirada el viernes.

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, defendió el pasado lunes en Vitoria, tal y como recogió Europa Press, que la norma navarra y vasca sobre abusos policiales “son muy diferentes”, por lo que consideró que la sentencia del Constitucional “no es aplicable” a la ley aprobada por el Parlamento de Euskadi. “Difieren en su concepción y objetivos”, sostuvo el portavoz, quien argumentó que la ley navarra incluye “múltiples referencias a conceptos como la indagación, la investigación y la búsqueda de la verdad, que son los que reciben mayores objeciones” por el Constitucional. Erkoreka afirmó que la ley vasca está “absolutamente desprovista de pasajes de esa naturaleza” y “se centra casi exclusivamente en el reconocimiento y la reparación”.

Pese a las palabras de Erkoreka, la retirada del recurso estatal va a ir aparejada a que el Gobierno de Urkullu “retoque” su ley para tratar de eliminar las dudas sobre su constitucionalidad. La norma vasca, sobre hechos entre los años 1978 y 1999, prevé también la creación de una Comisión de Valoración y las modificaciones para sortear la inconstitucionalidad van a centrarse en las atribuciones de dicho órgano.

 


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