Diario de Navarra

Una persona mayor de Pamplona que quiera acceder a una plaza en una residencia va a tener muchas probabilidades de enfrentarse a una situación que no se produce en el resto de zonas de Navarra. La escasez de plazas que existen (es una de las zonas con menor índice de cobertura y menor índice de rotación) aboca con frecuencia a los usuarios a tener que elegir entre ocupar una plaza fuera de su área de referencia, o asumir el elevado sobrecoste que implican las plazas privadas. Esto se produce porque la ayuda (prestación vinculada a servicio) que reciben los dependientes que optan por la plaza privada no logra cubrir el precio, que cada residencia tiene potestad para establecer según las reglas del mercado. En la actualidad (a fecha 15 de junio del mes pasado), hay 49 mayores que aguardan a ser trasladados a una plaza ubicada en Pamplona mientras ocupan otra correspondiente a otra área geográfica. En el resto de zonas hay otros siete casos de peticiones de traslados (cuatro en Tudela, dos en Estella y una en el Noroeste), pero se trata de personas que están ya en una residencia de su misma zona, a diferencia de esos 49 que quieren regresar a Pamplona. Según explican desde la Agencia Navarra de Autonomía para las Personas, esa lista de espera se configura atendiendo al criterio de antigüedad y, a igual antigüedad, lo que decide es el grado de dependencia. “Es cierto que, en determinadas circunstancias excepcionales, se puede dar prioridad a unos casos sobre otros. Por ejemplo, una persona que tenga que venir todos los días a Pamplona a darse un tratamiento de quimioterapia se considera un traslado prioritario”, matizan. Lo habitual es que se trate de esperas prolongadas. Además, hay en lista de espera otras 80 personas en toda Navarra que han solicitado una plaza de atención residencial y permanecen en sus domicilios. De ellos, 75 están atendidas con una Ayuda para cuidados en el entorno familiar o en Centro de Día. De los 80, 44 corresponden al área de la capital. HASTA 800 EUROS EXTRAS Paralelamente, 394 mayores han elegido quedarse en un centro de la capital navarra aunque eso les suponga a muchos desembolsos extras de entre 400 y 800 euros al mes . Son aquellos que están haciendo uso de plazas privadas y a quienes la Administración, ante la imposibilidad temporal adjudicar una plaza concertada, les otorga una ayuda. Teóricamente, esa prestación debería hacer que el usuario pague lo mismo que abonaría en una plaza pública o concertada (cantidad que ronda los 1.500 euros al mes y que se establece en función de su grado de dependencia). Sin embargo, la realidad es que los precios de las residencias privadas, al menos de muchas de las ubicadas en Pamplona, son mayores que las tarifas a partir de las que Derechos Sociales calcula las ayudas. “La plaza más alta cuesta 3.000 euros mensuales. No ocurre en todos los centros, hay otros con precios más asequibles”, apuntan desde el Departamento. 1.009 PRESTACIONES En Navarra hay 1.009 personas en esta situación, con la diferencia de que en el resto de áreas geográficas la ayuda que otorga Derechos Sociales sí resulta capaz de completar el coste total de la plaza, porque fuera de Pamplona el precio privado es notablemente menos costoso. “En algunos zonas rurales está incluso por debajo del precio de concierto, para captar usuarios”, informan desde Derechos Sociales. “Jugamos con un mercado que no controlamos, porque las plazas son de operadores privados”, argumentan desde el departamento. La cuantía media de esta prestación vinculada al servicio es de 475 euros (ha bajado desde 2015, cuando era de 526,33 euros) , pero oscila mucho y la máxima supera los 2.000 euros. La cantidad es el resultado de restar de la tarifa pública para estos servicios, fijada en 1.460,47 euros al mes para los dependientes severos (grado II) y de 1.529,22 euros al mes para los grandes dependientes (grado III), el precio de las plazas concertadas, que se sitúa en un tope de 2.087,77 euros al mes. “Hay que elegir entre exilio o ruina” Pamplona y su comarca no cuentan con una oferta de plazas públicas y concertadas suficiente para atender la gran demanda de dependientes de grado II y III. Las familias afectadas se quejan de la falta de voluntad para atajar el problema La escasez de plazas residenciales públicas y concertadas para dependientes de grado II y III en Pamplona y comarca es una realidad admitida por la propia Administración y también aquellas asociaciones que, desde el lado empresarial o familiar, conocen de primera mano el problema. Aunque la ley ampara el derecho de estas personas a ser ingresadas cerca de su domicilio para mantener así el arraigo social y facilitar el contacto con las familias, la falta de concreción de la normativa y las estrecheces presupuestarias han derivado, según denuncian los familiares contactados, en una interpretación demasiado flexible de este concepto por parte de Derechos Sociales. Ante el desbordamiento de la demanda en la capital navarra, desde la Administración se ofrece a estos solicitantes, mientras esperan una plaza en Pamplona, ingresar en residencias concertadas en otros lugares de la geografía foral. Estos centros son mucho mas económicos porque la mayoría de las residencias privadas fuera de Pamplona y comarca no tienen ánimo de lucro, por lo que no necesitan repercutir sobre sus usuarios un porcentaje mínimo de beneficios. “Las pensiones de los mayores en los entornos rurales también son más bajas, lo que les impide pagar precios altos”, aclaran desde el sector. En general y según los testimonios recogidos, al final optan por marcharse lejos de la capital quienes no disponen de los recursos para afrontar el sobrecoste que representa pagar una residencia privada. Según los datos de Derechos Sociales, son 49 personas quienes han solicitado su traslado a Pamplona desde residencias situadas en otros lugares de Navarra. A ellos se sumarían otros 1.009 dependientes de grado II y III que reciben lo que se denomina “prestación vinculada a servicio”, una ayuda para quienes han pedido una plaza pública o concertada y esperan en residencias privadas. Las familias explican que los dependientes de grado II y III en plazas residenciales públicas o concertadas pagan unos 18.000 euros anuales, mientras que una privada en Pamplona representa entre 30.000 y 34.000 euros. Y como la prestación vinculada a servicio supone un máximo de 7.500 euros anuales, quienes esperan en residencias privadas restan de sus ahorros 8.500 euros al año o más. SIN VOLUNTAD POLÍTICA “Los dependientes se ven obligados a elegir entre el exilio fuera de Pamplona o pagar una residencia privada hasta arruinarse”, denuncia un familiar, que asegura que, verbalmente, les recomiendan dar la voz de alarma cuando los ahorros del paciente caen hasta los 10.000 euros. “Esa cantidad le da a la Administración el margen de tiempo para concertar una plaza”, asegura un familiar que tuvo que esperar año y medio hasta que a su madre obtuvo una plaza concertada en un centro de Pamplona. “Tuvimos que estar encima, si no hubieran tardado más. Y eso que la ley dice taxativamente que no puede sobrepasarse un año para la concesión de la plaza concertada desde que se cobra la prestación vinculada a servicio”, relata una familia cuyo pariente perdía más de mil euros mensuales de sus ahorros para sufragar la diferencia entre sus ingresos y el coste de la residencia privada. “Se ha arruinado”, expone con crudeza. Este afectado entiende que el problema radica en que “no ha habido voluntad política, ni de este gobierno ni de los anteriores, por disponer en Pamplona de los recursos necesarios”. “Ponen en marcha la apisonadora de la Administración Pública y te la pasan por encima sin ningún miramiento. Te sientes desamparado”, se queja amargamente. Las familias afectadas achacan la falta de plazas concertadas en Pamplona al bajo precio que el Gobierno de Navarra está dispuesto a pagar. Si una plaza privada para un grado III puede superar los 3.000 euros mensuales, Derechos Sociales ha fijado el tope en 2.087 euros. “Si elevaran esa cantidad hasta 2.200 o 2.400, estamos seguros de que habría varios cientos más de plazas disponibles”, estiman. Esta situación, según las familias contactadas, permanece oculta debido a la “falta de transparencia” con la que se gestiona la lista de espera para ocupar plaza concertada: “No protestas en público porque temes que tu familiar se vea perjudicado”. Según los datos de Derechos Sociales, la media de espera para acceder a una plaza residencial concertada se ha reducido hasta los 4,3 meses frente a los 6,2 de la anterior legislatura. Los testimonios recogidos entre las familias corroboran que esos plazos en Pamplona se superan con creces y pueden llegar “incluso a tres o cuatro años”. Un reciente caso que llegó a los tribunales alcanzó un tiempo de espera de dos años y medio, situación que se agravó con la reducción de las ayudas que recibía el dependiente al pasar de grado II a grado III. Se da la paradoja de que el aumento del grado de dependencia comporta un recorte de la prestación vinculada a servicio, que pasa de los 627 euros a 558 euros mensuales. Esta “divergencia”, según la define la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, está causada debido a que estas ayudas se calculan restando el coste máximo de una plaza concertada, fijado en 2.087,77 euros al mes, del precio que el propio Gobierno de Navarra fijó para los servicios residenciales de grado II, establecido en 1.460 euros, y grado III, con 1.529 euros. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra conocida en abril dio la razón a una mujer dependiente que había sufrido esta “divergencia”, fallo que, pese a la intención de Derechos Sociales de recurrir, finalmente fue declarado firme. En Navarra hay 5.438 plazas residenciales, casi 2.000 públicas El índice de cobertura es muy dispar según las zonas, con especial escasez en las áreas Noroeste y Pamplona En Navarra hay 5.438 plazas residenciales para una población mayor de 65 años de 124.491 personas. Esto implica que el índice de cobertura medio es del 4,37%, pero distribuido de un modo muy desigual por la geografía foral. La zona Noroeste (3%) y Pamplona y Comarca (3,33%) destacan como las peor cubiertas, mientras que las mejor posicionadas serían Tafalla (7,2), Noreste (6,55%) y Estella (5,65%) y Tudela (5,65%). De esas más de 5.000 plazas, 1.949 son públicas, es decir, que o son las correspondientes a los dos únicos centros de la Administración (El Vergel en Pamplona y Santo Domingo en Estella) o están concertadas con residencias privadas. Para hacer el balance del índice de cobertura pública, Derechos Sociales cuenta también como plazas públicas aquellas en las que el usuario percibe una prestación vinculada al servicio, que suman otras 1.009. Así, Tafalla (3,76%) y Estella (3,67%) serían las áreas con mejor cobertura pública, mientras que Noroeste (1,75%) y Pamplona (1,77%) vuelven a destacar como las menos reforzadas en este campo. Inés Francés, directora de la agencia navarra para la autonomía y desarrollo de las personas: “Queremos unificar criterios y flexibilizar el concierto de plazas” Inés Francés, a la derecha. La Agencia Navarra para la Autonomía y Desarrollo de las Personas trabaja para impulsar un nuevo acuerdo marco con las residencias de mayores, ahora que está próximo el vencimiento del concierto actual (Residen). El objetivo es “unificar criterios”, tanto en las exigencias sobre la calidad de los servicios mínimos que prestan los centros, como en el módulo-concierto. “No quiere decir que haya un módulo único para todas las residencias, pero sí que hay que unificar el criterio para que sea más operativo”, argumenta Inés Francés, directora de la Agencia. Uno de los cambios que se plantean es el de “incrementar el precio del módulo”, para que el que se establezca “atienda realmente a los servicios que se prestan”. “La idea es que esto permita que las residencias de Pamplona oferten más plazas para concertar”. Los precios establecidos en la actualidad “ya venían de un recorte y llevan congelados cuatro años”, lo que provoca que “en algunos casos, ni siquiera se cubran los costes”. Desde la Agencia se asume que la zona de Pamplona presenta un “déficit” de plazas que quieren ir atajando. Para ello, están repensando la fórmula que permitiría flexibilizar los conciertos con los centros. “La idea es que las residencias nos ofrezcan todas las plazas que quieran, de forma que podamos ir incorporando personas sin un límite concreto, como sucede hasta ahora. Eso también permitirá que el usuario pueda elegir estar allá donde verdaderamente quiera estar, esa es la filosofía”, añade. “Esta filosofía supone un cambio de relación con las residencias y estamos trabajando con ellas”. El proyecto cuenta con un antecedente: el convenio marco con los centros de día, que entró en vigor en febrero y “que ha funcionado muy bien”, valoran. Este acuerdo ha posibilitado aumentar en 120 las plazas lo que, unido a la rebaja de tarifas públicas (de 464 euros a 315 mensuales) y la posibilidad de estancias de media jornada (160 euro), ha hecho que “la demanda de atención diurna haya crecido de forma notable en los últimos meses”.

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49 dependientes esperan el traslado a una residencia de Pamplona

Ocupan una plaza pública pero fuera de su zona de referencia

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